El desglose territorial del Ministerio Público sitúa tres feminicidios en la provincia de Panamá, tres en el distrito de San Miguelito y dos en Panamá Oeste. Esas tres demarcaciones, contiguas entre sí, también encabezaron los intentos de feminicidio, con cuatro, tres y dos casos, respectivamente. De las ocho muertes violentas de mujeres no tipificadas como feminicidio, seis ocurrieron en la provincia de Panamá, una en Panamá Oeste y una en Bocas del Toro, en el occidente del país.
El perfil de las víctimas muestra que nueve de los trece feminicidios afectaron a mujeres de entre 18 y 44 años. En cuanto al método empleado, seis de los trece casos —casi la mitad— se cometieron con arma de fuego. Marzo fue el mes con mayor número de hechos, con cuatro feminicidios, según la estadística oficial.
Ese mes se produjo uno de los casos de mayor repercusión en el ámbito judicial: el asesinato, presuntamente a manos de su pareja, de una fiscal adscrita a la Sección Metropolitana de Homicidio y Feminicidio del propio Ministerio Público. Otro de los hechos ocurrió en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, a unos 440 kilómetros de la capital, donde una mujer de 41 años fue asesinada con un machete por su expareja, de 45 años, en un restaurante. El caso muestra que la violencia feminicida no se circunscribe al área metropolitana.
Un delito autónomo desde 2013
La distinción entre feminicidio y muerte violenta responde a la calificación jurídica que hace el Ministerio Público según los elementos de cada expediente. El Código Penal panameño tipifica el feminicidio como delito autónomo desde la reforma introducida en 2013, que estableció penas agravadas cuando la muerte de una mujer se produce por razones de género, en especial a manos de una pareja o expareja. La calificación determina el marco procesal aplicable y las penas máximas previstas.
Las estadísticas semestrales que ahora reflejan el repunte se nutren de los registros que el Ministerio Público consolida como parte de su función de dirección de la investigación penal. El sistema acusatorio, vigente en todo el país desde 2016, atribuye a la fiscalía la conducción de las pesquisas y la formulación de imputaciones ante los jueces de garantías, mientras la fase de juicio corresponde a los tribunales de la jurisdicción penal.
El Ministerio Público no ha precisado cuántos de los trece feminicidios cuentan ya con una persona imputada ni en qué fase se encuentra cada expediente, si en investigación o en etapa intermedia ante los tribunales. Tampoco ha informado sobre el estado procesal del caso de la fiscal asesinada en marzo, uno de los que mayor seguimiento ha generado dentro del Órgano Judicial.
Organizaciones de mujeres han denunciado no solo el aumento de los casos, sino la violencia con que se cometen, y reclaman que el asunto no parece ser prioritario para las autoridades, según recogió la prensa local. Ese reclamo se ha reiterado en años anteriores ante instancias como el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo, encargadas de las políticas de prevención y de la atención a víctimas.
Panamá ha registrado episodios de alza en la violencia contra las mujeres en distintos momentos de la última década, sin que la tendencia se haya revertido de forma sostenida. La respuesta institucional ha incluido la creación de juzgados especializados en violencia doméstica y feminicidio y la posibilidad de que los tribunales dicten medidas de protección para mujeres en situación de riesgo, mecanismos cuya efectividad ha sido cuestionada por las organizaciones civiles.
La actualización de estas cifras coincide con un año en el que el debate sobre la violencia contra la mujer ha vuelto a la Asamblea Nacional, donde distintas bancadas han planteado en el pasado iniciativas para endurecer penas o ampliar recursos de prevención, sin que hasta el momento conste un proyecto de ley específico vinculado al repunte de 2026.
Los datos del primer semestre servirán de referencia para el balance anual que el Ministerio Público suele presentar a comienzos de cada año, informe que en ediciones anteriores ha sido utilizado por organizaciones civiles y por diputados para exigir explicaciones a las autoridades de seguridad y justicia sobre los mecanismos de alerta temprana y protección a víctimas. El cierre del segundo semestre marcará si la tendencia se consolida o se contiene.