La comisión anunciada en noviembre y sus límites jurídicos
En noviembre de 2024, el Gabinete israelí anunció la puesta en marcha de una comisión gubernamental para examinar las circunstancias del 7-O. El anuncio, lejos de calmar a los afectados, desató un debate interno inmediato sobre su alcance real. En el sistema jurídico israelí existe una diferencia sustancial entre una comisión estatal —vaʿadat hakirah mamlajtit—, cuyos miembros designa el presidente del Tribunal Supremo y que puede citar bajo juramento a cualquier funcionario, y una comisión gubernamental, cuyos integrantes nombra el propio Ejecutivo investigado. Esta distinción no es un tecnicismo menor: determina quién puede ser llamado a declarar, con qué grado de coercibilidad y ante quién responden los comisionados.
El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos señaló desde el principio que una comisión dependiente del Ejecutivo carecería de la independencia necesaria para señalar responsabilidades en la cadena de mando política y militar. La organización invoca explícitamente el modelo de la Comisión Agranat —comisión estatal creada tras el Yom Kipur de 1973— como estándar mínimo aceptable. Por contraste, la Comisión Winograd, que investigó la Segunda Guerra del Líbano de 2006, fue una comisión gubernamental; sus recomendaciones tuvieron alcance político más limitado, aunque sí derivaron en la dimisión del jefe del Estado Mayor Dan Halutz. Ese precedente es el que las familias quieren evitar que se repita.
Lo que los colectivos exigen y los argumentos del Gobierno
Las demandas de los colectivos de víctimas son concretas: una comisión con capacidad para interrogar bajo juramento al propio Netanyahu, al exministro de Defensa Yoav Gallant —destituido en noviembre de 2024— y a los altos mandos del Shin Bet y del Mossad. Reclaman también acceso a los archivos de inteligencia que, según informaciones publicadas por medios israelíes, habrían advertido con antelación de movimientos inusuales de Hamás en Gaza. El director del Shin Bet, Ronen Bar, reconoció públicamente en abril de 2024 su responsabilidad institucional en el fallo, pero la cadena de mando política permanece sin escrutinio formal.
Netanyahu ha sostenido que cualquier investigación en profundidad debe esperar al fin de las operaciones militares activas, un criterio que sus críticos califican de dilación indefinida dado que Israel mantiene presencia militar en Gaza. Desde el entorno del primer ministro, fuentes sin identificar han trasladado a medios que una comisión independiente en tiempo de guerra equivaldría a socavar la moral del ejército. Netanyahu afronta además tres causas penales por corrupción ante los tribunales israelíes —casos 1000, 2000 y 4000— lo que, según analistas citados por medios europeos, complica su disposición a abrir un proceso que podría añadir responsabilidades políticas a su ya gravada situación judicial. Los colectivos de familias rechazan ese argumento y señalan que la rendición de cuentas y las operaciones militares no son mutuamente excluyentes.
La presión europea y los límites del Acuerdo de Asociación
El eco de estas demandas en Europa no es anecdótico. Varios gobiernos de la Unión Europea han vinculado de forma creciente determinadas formas de cooperación con Israel a exigencias de rendición de cuentas. Los Países Bajos fueron el primer Estado miembro en suspender la exportación de componentes militares F-35 a Israel tras una sentencia de su Tribunal de Apelación en noviembre de 2024, que consideró que existía riesgo de uso en violación del derecho internacional humanitario. Esa decisión judicial abrió un debate en Bruselas sobre los límites del comercio de armas con países aliados sometidos a escrutinio judicial internacional.
La UE mantiene con Israel un Acuerdo de Asociación Euromediterráneo en vigor desde 2000 que incluye una cláusula de derechos humanos —su artículo 2— cuya activación permitiría suspender o degradar las relaciones bilaterales. Hasta la fecha, ningún Consejo de Asuntos Exteriores ha votado formalmente su aplicación, en parte por la oposición de Estados miembros como Hungría, República Checa y Austria, y en parte porque la Comisión ha evitado elevar una propuesta que fracture al bloque en política exterior. La Alta Representante Kaja Kallas, que tomó el cargo en diciembre de 2024, ha adoptado un tono más crítico que su predecesor Josep Borrell en las formas, aunque sin alterar el fondo de la política comunitaria. Desde el Gobierno israelí no ha habido respuesta pública directa a las posiciones europeas sobre la comisión de investigación.
El peso estratégico de Israel en el cálculo europeo
Para entender las resistencias europeas a ejercer presión más intensa, conviene situar el peso estratégico de Israel en el Mediterráneo oriental. Tel Aviv es el principal socio de inteligencia de la OTAN en Oriente Próximo, aunque no es miembro de la Alianza; comparte información de señales con servicios europeos de forma bilateral, un flujo que ninguna capital quiere comprometer. Sus campos de gas natural frente a la costa —Leviathan y Tamar— son relevantes para la diversificación energética europea tras la reducción del suministro ruso desde 2022. El gasto militar israelí equivalía en 2024 al 4,5% de su PIB según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, edición 2024), muy por encima del umbral del 2% fijado por la OTAN para sus miembros. Su industria de defensa —Rafael, Elbit Systems, IAI— exporta sistemas de armas y tecnología de vigilancia a varios Estados miembros de la UE, generando dependencias recíprocas que complican los pronunciamientos públicos de los gobiernos europeos.
La dimensión de la CPI y el argumento de la subsidiariedad
En paralelo a la demanda de rendición de cuentas interna, el contexto internacional añade otra dimensión jurídica. La Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el propio Netanyahu y contra el exministro Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Aunque Israel no es Estado parte del Estatuto de Roma —al igual que Estados Unidos, Rusia o China—, la decisión obliga jurídicamente a los 124 países signatarios a detener a los imputados si pisan su territorio. Varios gobiernos europeos, entre ellos Alemania y Francia, han reconocido esa obligación legal, aunque con matices sobre su aplicación práctica.
Esta presión externa refuerza, paradójicamente, el argumento de quienes dentro de Israel reclaman una comisión independiente: si el Estado israelí no investiga sus propios fallos con solvencia y transparencia, cede el terreno a organismos internacionales cuya jurisdicción Tel Aviv rechaza pero no puede ignorar. El Estatuto de Roma opera bajo el principio de complementariedad: la CPI solo actúa cuando el Estado concernido es incapaz o no está dispuesto a investigar genuinamente. Una comisión estatal israelí con mandato real y conclusiones vinculantes podría, al menos en términos de procedimiento, reforzar la posición de Israel ante ese principio. Es el mismo dilema que enfrentó Serbia tras la guerra de Bosnia, cuando el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia suplió la ausencia de justicia transicional interna.
Coalición frágil, calendario judicial y próximos hitos
El calendario político israelí añade urgencia al asunto. La coalición de gobierno de Netanyahu depende del apoyo de partidos ultraortodoxos y de extrema derecha —Shas, Judaísmo Unido de la Torá, Otzma Yehudit— que históricamente se han opuesto a comisiones de investigación que puedan derivar en reformas del servicio militar obligatorio o en restricciones al asentamiento en Cisjordania. Cualquier concesión en el frente de la rendición de cuentas tendría un coste de coalición inmediato para el primer ministro. La aprobación, también en este período, de una ley para aplicar la pena de muerte a los condenados por los ataques del 7-O —que podría afectar a unos 400 palestinos según informaciones publicadas— ilustra la dirección en que los socios de coalición prefieren orientar la respuesta legislativa.
Las organizaciones de familias han anunciado que si antes del primer trimestre de 2026 no existe un mandato formal de comisión independiente, presentarán una petición ante el Tribunal Supremo israelí —el Alto Tribunal de Justicia, conocido como Bagatz— solicitando que obligue al Gobierno a constituirla. El Bagatz ya ha admitido a trámite recursos similares en el pasado en materias de seguridad nacional, aunque su margen de intervención en decisiones del Ejecutivo en tiempo de guerra ha sido históricamente limitado. La decisión del tribunal, si llega a producirse, marcaría un hito institucional sin precedente directo en la historia reciente de Israel y determinaría, más allá del caso concreto, los límites del control judicial sobre el poder ejecutivo en situaciones de conflicto armado prolongado.
