El primero de julio de 2026, José Raúl Mulino, abogado y exministro de Seguridad, recibió la banda presidencial en un acto solemne al que asistieron los diputados de la Asamblea Nacional. Semanas antes, en plena celebración por el triunfo electoral, Mulino había agradecido públicamente el respaldo de Ricardo Martinelli, el empresario y expresidente (2009-2014) fundador de los partidos Realizando Metas y Cambio Democrático, que lo llevó como compañero de fórmula tras quedar inhabilitado por una condena por blanqueo de capitales. "¡Misión cumplida, carajo (.) misión cumplida, Ricardo!", expresó entonces el hoy mandatario, según el material periodístico revisado.
Lo que no figuró en esos agradecimientos públicos fue el respaldo recibido de más de 450 donantes privados que, según el informe de ingresos y gastos de campaña presentado ante el Tribunal Electoral, aportaron en conjunto más de $3 millones a su candidatura. La mayoría de esas contribuciones procedieron de empresarios tradicionalmente vinculados a la política panameña, banqueros y abogados de grupos económicos locales.
Un examen de esa base de datos, sistematizada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana bajo el nombre La Ruta de la Plata, reveló transacciones por miles de dólares provenientes de sociedades relacionadas con empresarios señalados en investigaciones periodísticas internacionales por su presunta participación en esquemas de corrupción vinculados al gobierno chavista en Venezuela.
De acuerdo con la organización Transparencia Venezuela, miles de millones de dólares habrían sido desviados del patrimonio estatal venezolano a través de decenas de sociedades offshore, en un entramado que habría permanecido activo hasta días antes de la detención de Nicolás Maduro, capturado por comandos estadounidenses en enero de 2026. Investigaciones del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y del medio Armando.info identificaron a los hermanos Carretero Napolitano y a Plutarco Cohen como presuntos operadores de esa red, a través de las sociedades Comercial Rali, S.A. y Verdon Group, S.A., ambas registradas en Panamá.
Dos sociedades y $28,500 en aportes
Las dos empresas figuran entre los aportantes de la campaña de Mulino. Según La Ruta de la Plata, Verdon Group, S.A. realizó cuatro transacciones que suman $26,000, mientras que Comercial Rali, S.A. contribuyó con una sola transacción de $2,500. Los Carretero Napolitano, familia panameña conocida en el ámbito comercial por la marca de bicicletas Rali, mantuvieron durante casi 14 años una relación comercial con el gobierno venezolano, con contratos de construcción y suministro de juguetes, electrodomésticos, neumáticos y otras mercancías que, según los registros citados en las investigaciones, superarían los $800 millones. En Comercial Rali, S.A., los hermanos Vicente y Ramón Carretero ocuparon cargos directivos.
Más allá del monto relativamente modesto de esas donaciones frente al total recaudado, la coincidencia entre el perfil de esos aportantes y el actual posicionamiento internacional del Órgano Ejecutivo panameño resulta significativa. El gobierno de Mulino se ha alineado públicamente con la política exterior impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump hacia la región, que incluyó presión sobre el proceso de transición en Venezuela y derivó, finalmente, en la captura de Maduro.
La coincidencia entre ese alineamiento y la presencia de donantes con presuntos vínculos al entramado financiero venezolano no ha sido abordada públicamente por la Presidencia. Tampoco consta que el Tribunal Electoral haya iniciado una revisión específica sobre el origen de esas contribuciones, que fueron declaradas dentro del marco legal vigente para el financiamiento de campañas electorales en Panamá.
El caso no es el único que genera interrogantes sobre el entorno de financiamiento de la campaña de 2024. Según la misma base de datos, otros donantes de Mulino estarían vinculados a procesos judiciales en el extranjero, entre ellos la familia Kafie en Honduras y la familia Jenkins en México, esta última señalada por inversiones que en el pasado levantaron protestas en territorio panameño.
La legislación electoral panameña exige a los partidos y candidaturas presentar ante el Tribunal Electoral un informe detallado de ingresos y gastos de campaña, que incluye la identificación de donantes privados, sean personas naturales o jurídicas. Ese mecanismo de fiscalización es el que permitió reconstruir en este caso el origen de los aportes cuestionados. El antecedente más citado en Panamá sobre financiamiento irregular se remonta al caso Odebrecht, que a partir de 2016 destapó pagos de la constructora brasileña a funcionarios y candidatos de distintos partidos panameños, y que derivó en procesos judiciales con ramificaciones aún abiertas en los tribunales del país.
Ni la Presidencia ni los representantes legales de Verdon Group, S.A. o Comercial Rali, S.A. se han pronunciado públicamente sobre el origen de los fondos donados ni sobre los señalamientos que pesan en el extranjero contra sus vinculados. El Ministerio Público tampoco ha confirmado la apertura de una investigación relacionada con estas donaciones.
La revelación se produce en un momento en que Panamá busca consolidar su imagen ante organismos financieros internacionales tras años de esfuerzos por salir de listas de países con deficiencias en el control del lavado de activos, un proceso en el que la transparencia del financiamiento político y la trazabilidad de los flujos de capital privado ocupan un lugar central.
Queda por verse si el Tribunal Electoral o la Contraloría General, en el marco de sus competencias de fiscalización, decidirán examinar con mayor profundidad el origen de estas contribuciones, y si la Asamblea Nacional retomará el debate, pendiente desde hace años, sobre reformas más estrictas al financiamiento de campañas electorales en el país.