El conflicto laboral se remonta a más de un año atrás, cuando el colectivo inició paros para reclamar mejoras salariales y estabilidad. La figura del fijo discontinuo, habitual en sectores estacionales como la extinción de incendios, ha sido uno de los principales focos de la reivindicación: implica que los trabajadores solo perciben salario y cotizan durante la campaña de riesgo alto, generalmente los meses de verano, quedando fuera de nómina el resto del año.
El acuerdo firmado este viernes introduce dos complementos retributivos que, sumados, elevan el salario de la plantilla en un 20%. Además de la mejora económica, pone fin a la fijeza discontinua para este colectivo, que pasará a trabajar todo el año. La transformación contractual tiene implicaciones que van más allá del salario: garantiza la continuidad de las cotizaciones a la Seguridad Social durante los doce meses, con efecto directo en el cómputo de la futura pensión y en el acceso a prestaciones en igualdad de condiciones con otros trabajadores de jornada completa anual.
Tragsa —Grupo Tecnologías y Servicios Agrarios— es una sociedad mercantil estatal cuyo capital pertenece mayoritariamente a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid. Su singularidad jurídica —opera como medio propio de las administraciones públicas sin necesidad de concurrir a licitación— la convierte en uno de los principales prestadores de servicios de extinción de incendios forestales en varias regiones, incluida la madrileña.
Un colectivo que sigue en paro
El conflicto no se cierra por completo. Otro grupo de 61 bomberos forestales continúa en huelga, en su caso con dependencia laboral directa de la Comunidad de Madrid y no de Tragsa. La Administración regional se ha negado a sentarse a negociar con este colectivo, lo que prolonga una situación de conflictividad que se extiende ya más de un año en el ámbito de la extinción de incendios madrileña.
La dualidad en la gestión de los servicios —parte del personal contratado por Tragsa y parte por la propia Comunidad— explica en buena medida la asimetría de resultados. Mientras la empresa pública estatal ha optado por pactar con sus trabajadores tras más de un año de paros, el Gobierno regional mantiene una postura de no negociación con los 61 bomberos que dependen directamente de sus estructuras administrativas. Los representantes de este grupo reclaman que se les aplique un tratamiento equivalente al alcanzado por sus compañeros de Tragsa, argumento que hasta ahora no ha encontrado respuesta favorable.
Desde la Comunidad de Madrid no se ha ofrecido, hasta el momento, una explicación pública detallada de los motivos por los que se mantiene la negativa a negociar con el colectivo en huelga. La Administración regional no ha comunicado condiciones alternativas a las pactadas por la empresa pública estatal para el personal bajo su dependencia directa.
El marco normativo que regula estas relaciones laborales combina el Estatuto de los Trabajadores —en lo relativo a los contratos fijos discontinuos, reformulados tras la reforma laboral de 2021— con los convenios colectivos sectoriales específicos de extinción de incendios, que varían según la comunidad autónoma y el organismo gestor. Esta fragmentación explica en parte por qué trabajadores con funciones idénticas pueden tener condiciones sustancialmente distintas según dependan de una empresa pública estatal o de una administración regional.
La precarización de los servicios de extinción de incendios forestales no es un fenómeno exclusivo de Madrid. En comunidades como Galicia, Castilla y León o Andalucía se han producido movilizaciones similares en los últimos años, con reivindicaciones parejas: fin de la estacionalidad contractual, homologación salarial con otros cuerpos de emergencia y mejora de los medios materiales para las campañas de alto riesgo. El endurecimiento de las temporadas de riesgo, vinculado a periodos de sequía más prolongados según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología, ha incrementado en la última década la exigencia operativa sobre estos efectivos.
La revisión de las condiciones de los bomberos forestales ha sido objeto de negociaciones en distintos ámbitos administrativos en los últimos años, con avances desiguales en materia de estabilidad contractual y equiparación retributiva según el territorio y el organismo empleador. La coexistencia de personal contratado por la Administración General del Estado, por las comunidades autónomas y por empresas públicas como Tragsa ha derivado en un mapa laboral heterogéneo dentro de un mismo servicio esencial.
La resolución parcial del conflicto, limitada a los trabajadores de Tragsa, deja abierta la incógnita sobre el desenlace del paro que afecta al personal dependiente directamente de la Comunidad de Madrid. El desenlace coincide con el final de la campaña de alto riesgo de incendios forestales, periodo en el que tradicionalmente se concentran las negociaciones antes de la reducción de plantilla asociada a la temporada de menor actividad. La presión sindical previsiblemente continuará en las próximas semanas a la espera de que la Administración regional defina su posición ante el colectivo aún en huelga.
