La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, presentó el mecanismo como un puente entre la formación académica y el mercado laboral, pero fue explícita en delimitar sus alcances. "La pasantía no es un empleo y no sustituye un empleo formal", señaló durante el acto de lanzamiento, en el que se detallaron las condiciones bajo las cuales operará el programa impulsado por el gobierno de José Raúl Mulino.
La titular de la cartera también acotó las expectativas sobre el impacto que tendría la ley frente al desempleo juvenil, un fenómeno que combina la falta de vacantes con la exigencia de experiencia previa como requisito de entrada. "No estamos diciendo que la pasantía resolverá por sí sola el tema del desempleo juvenil. Sería muy irresponsable hacerlo", sostuvo. La contradicción que enfrenta buena parte de la juventud panameña al buscar su primer trabajo es conocida: las empresas piden experiencia previa, pero esa experiencia solo se adquiere si antes se obtiene una oportunidad laboral, y la Ley 513 apuesta a romper ese círculo mediante una figura intermedia que no equivale a un contrato de trabajo.
Una constancia de experiencia sin garantía de contrato
De acuerdo con el texto de la norma, la empresa que reciba a un pasante deberá certificar el tiempo de permanencia en el puesto, documento que posteriormente podrá presentarse como experiencia laboral ante otros empleadores. Se trata de un cambio relevante para quienes hasta ahora enfrentaban la exigencia de experiencia sin ningún mecanismo formal que la reconociera fuera de un empleo tradicional.
Sin embargo, la certificación de experiencia no implica ninguna garantía de contratación posterior. La ley establece que, si la empresa decide incorporar al joven una vez concluida la pasantía, deberá entonces formalizarse una relación laboral, con el pago del salario correspondiente al puesto como mínimo. El paso de pasante a empleado no es automático ni obligatorio para el empleador, y dependerá tanto del desempeño del joven como de las vacantes disponibles y las necesidades de la empresa en ese momento.
Ese punto será determinante para medir el verdadero alcance del programa. No bastará con contar cuántos jóvenes logran integrarse a una pasantía, sino que la evaluación deberá centrarse en cuántos de ellos consiguen, tiempo después, un puesto formal dentro de la planilla de esas mismas empresas o de otras del mercado.
La norma también incorpora salvaguardas pensadas para evitar el uso indebido de la figura. Se prohíbe expresamente que las empresas utilicen pasantes para sustituir puestos de trabajo ya existentes, una previsión orientada a impedir que el esquema termine desplazando empleo formal por mano de obra más barata y sin cargas laborales. Adicionalmente, se contemplan mecanismos de denuncia para los jóvenes que enfrenten situaciones de abuso, acoso, discriminación, incumplimientos o la asignación de funciones ajenas al proceso formativo que debe primar en la pasantía.
El acceso real al programa dependerá también de la situación económica de cada joven. Para quien cuenta con respaldo familiar, un ingreso mensual de $540 puede resultar suficiente para cubrir transporte y alimentación durante el periodo de formación. Para quien ya debe sostenerse por cuenta propia o aportar en su hogar, dedicar una jornada completa a una pasantía sin las condiciones de un empleo formal puede representar una barrera adicional antes que una solución.
La convocatoria para participar se realiza a través del portal pasantiaspanama.gob.pa, habilitado para la inscripción de jóvenes interesados. Durante el lanzamiento se mencionó que más de 100 empresas ya se habrían sumado a la iniciativa, aunque hasta el momento no se ha hecho público el listado de las compañías participantes.
El desempleo juvenil no es un fenómeno nuevo en Panamá ni exclusivo de esta administración. Gobiernos anteriores han impulsado distintos programas de capacitación e inserción laboral para jóvenes, con resultados desiguales, en un mercado que combina un sector formal relativamente reducido con una economía informal que absorbe a buena parte de la población joven sin acceso a un primer empleo estructurado. La discusión sobre cómo cerrar la brecha entre formación y empleo tampoco es privativa del país: distintas economías de la región han experimentado con esquemas de pasantías remuneradas o prácticas profesionales certificadas como puente hacia el mercado laboral, con niveles de éxito que suelen depender tanto del diseño normativo como de la fiscalización efectiva de su cumplimiento.
La Ley 513 no fija, según lo divulgado hasta ahora, un plazo específico de evaluación de resultados ni metas cuantitativas de conversión de pasantías a empleos formales. Ese vacío deja en manos del Ministerio de Trabajo la tarea de dar seguimiento al programa y de transparentar, en los próximos meses, tanto el número de empresas efectivamente inscritas como la cantidad de jóvenes que logran acceder a una pasantía y, más adelante, a un contrato laboral formal.