El dispositivo, iniciado hacia las seis de la mañana, movilizó a unos 170 agentes de la Policía Nacional y 70 de la Guardia Civil para trasladar a los migrantes desde ambas playas hasta el muelle de Poniente, a unos dos kilómetros de distancia, según la cadena pública RTVE. El sindicato JUPOL precisó que solo alrededor de 70 efectivos de la Unidad de Intervención Policial estaban asignados específicamente al traslado, una cifra que contrasta con la magnitud del desplazamiento previsto.
Antes de que el dispositivo quedara completamente desplegado, grupos de migrantes comenzaron a avanzar hacia el puerto en busca de una plaza, lo que provocó aglomeraciones y la ruptura de varios cordones de seguridad. Los agentes recurrieron a material antidisturbios, cargas y disparos al aire como medida disuasoria, episodios registrados en imágenes difundidas por medios españoles.
El centro de acogida estaba organizado en dos parcelas, una con 1,080 plazas y otra con 620. A cada persona trasladada se le practicó un registro para descartar objetos peligrosos y se le colocó una pulsera identificativa como primer paso de su filiación. El gobierno español defiende ese mecanismo como vía para iniciar los trámites administrativos, incluidos los expedientes de devolución para quienes no tengan derecho a permanecer en el país.
Hacia el mediodía, ambas parcelas habían alcanzado su capacidad máxima y dejaron a miles de personas detrás de los cordones policiales. Buena parte de ellas terminó regresando a los mismos asentamientos que las autoridades pretendían desmantelar, junto a migrantes que hasta entonces se encontraban dispersos por la ciudad o en los montes cercanos.
Entre quienes volvieron a El Trampolín y Benítez había personas que ocuparon las cabañas que quedaron vacías tras el traslado de quienes sí lograron una plaza. La limpieza y desinfección de las playas, prevista para después del desalojo, no pudo realizarse porque los asentamientos seguían ocupados.
La operación se produce en el contexto de la crisis migratoria que golpea a Ceuta desde finales de julio, cuando más de 70,000 personas cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español los días 30 y 31 de ese mes, en uno de los episodios de mayor magnitud registrados en la frontera sur de la Unión Europea. La gran mayoría fue devuelta a su país de origen pocas horas después del cruce, aunque se estima que más de 100 personas murieron durante el incidente.
El gobierno de Pedro Sánchez sostiene que, tras habilitar nuevos espacios este viernes, existen ya unas 6,000 plazas provisionales para atender a quienes ingresaron durante los cruces masivos. Las cifras sobre cuántas personas permanecen todavía en las calles no coinciden entre administraciones: el gobierno central las calcula entre 3,000 y 4,000, mientras los responsables de la ciudad autónoma las elevan hasta unas 13,000.
"Olla a presión", según el alcalde Vivas
El alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, expuso a principios de este mes ante el Parlamento Europeo la situación de la ciudad autónoma, que calificó de "olla a presión" ante los eurodiputados. Desde la llegada masiva de migrantes, algunos residentes han atacado refugios y bloqueado la ayuda destinada a los recién llegados.
"La ciudad es completamente distinta de lo que era antes de este suceso. Los ceutíes han perdido su alegría y su forma de vida se ha visto completamente alterada", afirmó Juan Jesús Vivas, alcalde de Ceuta.
El episodio ha reabierto el enfrentamiento político en torno a la responsabilidad del Ejecutivo español. La oposición sostiene que el gobierno tenía conocimiento previo de la llegada masiva, mientras Sánchez insiste en que resultaba imposible anticiparla. Según documentos gubernamentales, los servicios de inteligencia habían advertido el día anterior sobre llamamientos en redes sociales para organizar un cruce masivo hacia Ceuta.
"El gobierno es directamente responsable de la invasión de Ceuta y de quienes murieron", afirmó Ester Muñoz, del Partido Popular.
Sánchez ha responsabilizado a las redes de tráfico de personas y ha asegurado que la magnitud de la crisis se vio agravada por bulos y rumores difundidos en redes sociales. La tensión en la frontera sur española no es nueva: en mayo de 2021, unos 10,000 migrantes entraron en Ceuta en apenas dos días, en un episodio que también tensó las relaciones entre España y Marruecos, un patrón que reaparece ahora a mayor escala.
El gobierno español calificó el operativo de este viernes como un traslado desarrollado con normalidad y sin incidentes graves, una valoración que los sindicatos policiales contradicen al denunciar falta de previsión y de medios. La cuestión migratoria en la frontera sur enlaza con debates que también marcan la agenda internacional, como los que Barack Obama pidió llevar al centro de las campañas sobre otras políticas públicas, según recogió una intervención reciente del expresidente estadounidense.