El texto que Junts hizo llegar a Sánchez, al que ha tenido acceso ABC, abarca desde la suspensión temporal de determinados desahucios hasta deducciones en el IRPF por alquiler y por adquisición de vivienda habitual, rebajas del IVA aplicable a la vivienda y una protección reforzada para los deudores hipotecarios cuyos créditos se vendan a fondos de inversión.
La propuesta que más llama la atención por proceder de la formación de Míriam Nogueras es la de limitar temporalmente la adquisición de viviendas por grandes operadores: entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, fondos de inversión, gestoras de activos, fondos de capital riesgo y fondos de titulización, con una excepción para las compras destinadas a alquiler asequible. La medida tendría carácter temporal y debería evaluarse tras dos años de vigencia, un diseño con el que Junts busca que Sumar y Podemos, los socios más alejados de los neoconvergentes, se sientan cómodos con el texto.
El documento plantea también la suspensión de desahucios instados por esos mismos grandes operadores, limitada a los alquileres de vivienda habitual y permanente y a los procedimientos derivados del impago de la renta, sin extenderse al conjunto de los desahucios. El propio texto subraya su carácter excepcional y temporal.
Entre las medidas más técnicas figura la incorporación de un nuevo artículo 1535 bis al Código Civil, que reconocería a los deudores hipotecarios el derecho a extinguir su deuda pagando el mismo importe por el que su crédito hubiera sido cedido a un tercero, más intereses y gastos, cuando el banco lo venda por debajo del valor pendiente. El texto contempla además que las personas mayores que deban dejar su vivienda habitual para ingresar en una residencia o trasladarse con un familiar no pierdan los beneficios fiscales asociados a esa vivienda.
La negociación arrastra meses de tira y afloja. A finales de abril, con apenas 24 horas antes de que el decreto de prórroga y congelación de alquileres fuera votado y rechazado en el Congreso por Junts, PP y Vox, Sumar ya se mostró dispuesto a aceptar dos condiciones de los independentistas: el IVA franquiciado de los autónomos y las bonificaciones fiscales a los propietarios afectados por la norma.
«Las bonificaciones no son nuestro modelo, pero estamos dispuestos a transitarlas», declaró el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Urtasun volvió a defender esa disposición este viernes en declaraciones a la Cadena Ser, la misma posición que ya había expresado en abril. El caso de Maricarmen ha llevado a los dos socios del Ejecutivo a acusarse mutuamente por la falta de medidas de protección en materia de vivienda, hasta que el PSOE, presionado por Sumar y Podemos, aceptó rescatar la propuesta que había dejado aparcada. La legislatura acumula así frentes abiertos con los socios parlamentarios, en paralelo a otros como el que ha llevado a España a entrenar a pilotos para abatir drones.
El decreto de alquileres rechazado en abril fue el mismo mecanismo del real decreto-ley que ahora vuelve a la mesa: una norma que el Gobierno aprueba de urgencia pero que debe convalidar el Congreso en los treinta días siguientes, el trámite en el que Junts, PP y Vox tumbaron la anterior versión.
