La reforma introdujo cambios al sistema que administran las AFP Crecer y Confía, las dos gestoras que operan actualmente en el país tras las fusiones del sector surgido de la reforma previsional de 1996, cuando se sustituyó el antiguo sistema de reparto del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) por cuentas de capitalización individual administradas por entidades privadas.
Entre las modificaciones aprobadas en el Salón Azul figuró la creación de un mecanismo de compensación financiado con recursos públicos para elevar las pensiones mínimas, así como ajustes en las comisiones que cobran las administradoras por gestionar los fondos de los cotizantes. Esa estructura de comisiones, calculada como porcentaje del salario cotizado y no del rendimiento generado, fue uno de los puntos que concentró la discusión durante el trámite legislativo.
El incremento en las utilidades de las AFP en el periodo posterior a la reforma se explicaría, en buena medida, por el propio diseño de esa estructura de cobro, que garantiza ingresos estables a las administradoras con relativa independencia del desempeño de las inversiones de los fondos de pensiones, sostenidos en su mayoría por instrumentos de deuda pública y, en menor proporción, por títulos privados y externos.
El sistema previsional salvadoreño mantiene una alta concentración de las inversiones de los fondos en Certificados de Inversión Previsional (CIP), instrumentos con los que el Estado ha financiado el pago de pensiones del antiguo sistema de reparto y otras obligaciones. Esa dependencia ha sido señalada de forma reiterada por economistas y organismos multilaterales como un factor de riesgo para la sostenibilidad de largo plazo del ahorro previsional de los trabajadores.
Quién fiscaliza y quién guarda silencio
La vigilancia del sector previsional corresponde a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), entidad ante la cual las administradoras presentan sus balances financieros. La Corte de Cuentas de la República, como ente fiscalizador del manejo de fondos públicos, no tiene competencia directa sobre las utilidades de las AFP al tratarse de entidades privadas, aunque sí puede fiscalizar el uso de los recursos estatales destinados a los mecanismos de compensación previstos en la reforma.
El Banco Central de Reserva (BCR) publica de forma periódica estadísticas sobre el comportamiento del sistema de ahorro para pensiones, incluyendo el número de cotizantes activos, el monto total de los fondos administrados y la rentabilidad de las inversiones. Esas cifras oficiales permiten contrastar la evolución del sistema, aunque no siempre incluyen el desglose específico de utilidades netas por administradora, información que corresponde reportar a la SSF.
Hasta el momento, ni Casa Presidencial ni el Ministerio de Hacienda han emitido pronunciamientos públicos sobre las cifras de utilidades reportadas por las administradoras. Tampoco se ha conocido una respuesta formal de las propias AFP a los datos difundidos, que corresponderían a sus estados financieros más recientes. La ausencia de réplica de las partes implicadas mantiene el asunto en el terreno de las cifras contables, sin interpretación oficial.
Un debate que arrastra tres décadas
La discusión sobre el papel de las AFP en el sistema de pensiones no es nueva. Desde la privatización de 1996, impulsada durante la administración de Armando Calderón Sol, distintos sectores sindicales y académicos han cuestionado el modelo de comisiones fijas cobradas por las administradoras, con el argumento de que traslada el riesgo de las inversiones a los cotizantes mientras garantiza ingresos estables a las gestoras privadas.
La reforma más reciente surgió, en parte, como respuesta a esas críticas y a la presión social generada por el bajo monto de las pensiones que recibían los adultos mayores bajo el esquema previo. Organizaciones de la sociedad civil y diputados de oposición advirtieron en su momento que el nuevo marco legal no modificaba de fondo la estructura de comisiones ni introducía mecanismos de fiscalización sobre las utilidades de las administradoras.
El debate sobre la rentabilidad de las administradoras se produce en un contexto de envejecimiento poblacional y de una proporción creciente de trabajadores en la economía informal que no cotizan de forma regular al sistema, un fenómeno documentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en sus informes sobre cobertura previsional en la región centroamericana, donde la baja densidad de cotización es un rasgo compartido con otros países del istmo.
De cara a los próximos meses, las disposiciones transitorias de la ley contemplan evaluaciones periódicas del impacto fiscal y financiero de los cambios introducidos, cuyos informes de seguimiento deberían llegar a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Ese sería el escenario donde podría discutirse formalmente el comportamiento de las utilidades de las administradoras y la pertinencia de nuevos ajustes al sistema.
