El primer punto señalado es la especulación en los precios de alquiler de bodegas y locales, que habrían subido de forma desproporcionada frente a las condiciones reales del mercado. Los comerciantes de menor tamaño serían los más afectados, al cargar con costos operativos crecientes sin que sus ingresos avancen al mismo ritmo. A esa presión se suma la incertidumbre en el suministro de agua, un servicio básico que un centro de actividad económica de esta magnitud no debería tener comprometido.
El costo y la dificultad para conseguir pólizas de seguro contra incendios figuran como otro obstáculo: primas elevadas, restricciones de cobertura y condiciones que dificultan asegurar el negocio encarecen la operación. El documento reconoce que la seguridad de las instalaciones debe ser prioridad, pero plantea revisar por qué proteger una inversión en Colón resulta tan costoso.
La infraestructura vial aparece como otro capítulo pendiente. Una zona franca depende del movimiento constante de mercancías, lo que exige vías en buen estado, conectividad eficiente y logística orientada al comercio internacional. Los congestionamientos y el deterioro de las carreteras afectarían no solo a los comerciantes, sino también a transportistas, trabajadores y clientes. El análisis añade que Colón carece de un aeropuerto operativo que atienda su conectividad aérea, un factor que considera cada vez más determinante en un entorno donde el tiempo de traslado incide en los costos.
La Zona Libre de Colón, creada por decreto en 1948, es la zona franca de comercio más grande del hemisferio occidental y opera bajo un régimen especial de importación y reexportación libre de aranceles. Su actividad la convierte en una de las principales fuentes de ingresos externos del país, un peso histórico que —según el documento— no la exime de resolver sus limitaciones estructurales.
Hace poco, la gerente de la Zona Libre de Colón anunció la ampliación del espacio físico hacia el área de New Field, lo que se interpreta como una oportunidad para ganar capacidad territorial. Sin embargo, el análisis advierte que ampliar el espacio sin atender las condiciones que afectan a los comerciantes podría convertirse en una solución parcial frente a un problema de mayor alcance.
El planteamiento sostiene que la Zona Libre debe asumirse como el motor financiero de la provincia y no solo como un enclave comercial que opera de puertas adentro. Cuando la actividad generada allí se traduce en empleo real y en ingresos que circulan en el comercio local, la provincia entera mejoraría sus condiciones económicas, lo que a su vez reduciría el terreno donde hoy crece la inseguridad. La seguridad, plantea la autora, no se resuelve solo con más policías en la calle, sino con oportunidades reales para quien hoy no las tiene.
El debate sobre la competitividad de Colón se inscribe en un momento en que la oferta cultural y económica de la provincia gana visibilidad, como reflejan iniciativas locales recientes que ya recogió la agenda cultural del país. El texto insiste en que la suerte de la Zona Libre y la de Colón son la misma suerte.
El documento concluye que el futuro de la Zona Libre de Colón no puede construirse únicamente sobre su historia comercial ni sobre la expansión de sus límites geográficos, sino que requiere infraestructura, servicios confiables, reglas equilibradas y una visión comercial que vaya más allá de los mercados tradicionales. «Crecer en metros cuadrados no significa crecer en competitividad», sostiene la autora, abogada de profesión.