El barómetro del CIS, dirigido por José Félix Tezanos, pregunta cada mes a los ciudadanos «cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España». En septiembre de 2018, el paro encabezaba esa lista para seis de cada diez españoles, muy por delante de la corrupción y el fraude (25,2%) o los problemas de índole económica (24,8%). La vivienda apenas preocupaba entonces a un 2,5% de los encuestados.
La serie registró un descenso adicional en 2020, cuando la pandemia desplazó otras preocupaciones y la vivienda cayó hasta la 26ª posición, señalada solo por un 1,2% de la población. Desde ahí, según los datos de la institución, la inquietud creció de forma sostenida hasta septiembre de 2025, cuando alcanzó el primer puesto: un 30,4% la mencionaba entre sus problemas y un 14,8% la señalaba como el principal.
Doce meses después, el porcentaje se ha ampliado. Un 37,5% de los encuestados considera la vivienda un problema y un 19,5% la señala como la principal preocupación del país. Le siguen la crisis económica y los problemas de índole económica, con un 21,6%, y la inmigración, con un 19,7%, según el mismo sondeo. El déficit de vivienda ronda el millón de unidades, según ha estimado el Banco de España.
Desahucio de Maricarmen en Retiro
El malestar ha cristalizado tras el desahucio de una mujer de 87 años con movilidad reducida, conocida como Maricarmen, que llevaba siete décadas residiendo en el distrito madrileño de Retiro. El caso ha derivado en una acampada instalada en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid.
Sánchez se refirió directamente al caso este domingo, durante un acto de presentación de las candidaturas del PSOE de la Comunidad de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027, celebrado en Getafe. «Maricarmen, tengo un mensaje para ti», dijo el presidente, que atribuyó la crisis habitacional a la gestión del PP.
«El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto-ley sobre vivienda», declaró Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, en Getafe.
El presidente pidió a los grupos parlamentarios «un último esfuerzo» para que la norma sea convalidada, apelando a hacerlo «por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda». Un real decreto-ley entra en vigor con su publicación en el BOE, pero decae si el Congreso no lo convalida en los 30 días siguientes, un trámite condicionado por la aritmética parlamentaria de la coalición.
Sumar, socio de gobierno, había amenazado el sábado con no acudir al Consejo de Ministros si el decreto no se llevaba a la reunión de este martes.
«Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta», trasladó Sumar en un comunicado de las formaciones que integran la coalición.
Ley de Vivienda de 2023
Este lunes, Sánchez insistió en que la actuación debía centrarse «en la accesibilidad» y reclamó «privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico», que presentó como «una de las palancas que habilita la Ley de Vivienda». Pidió a las comunidades autónomas que apliquen esa herramienta y citó como ejemplo a Cataluña: «Pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido president, Illa, que se utilice».
La norma a la que aludía, la Ley por el Derecho a la Vivienda, es de 2023, año en que la crisis habitacional ocupaba todavía el puesto 14º entre las preocupaciones ciudadanas según el CIS. Sánchez defendió que la ley permite «aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales», mientras el barómetro que dirige Tezanos refleja el ascenso del problema hasta el primer puesto en los tres años transcurridos desde su aprobación.
