Según el medio que adelantó la información, De Miguel se pondría al frente de un formato de sátira política y análisis de la actualidad, pensado para ocupar la franja de máxima audiencia con «un perfil combativo en las redes y sin pelos en la lengua». Ni La Séptima ha confirmado oficialmente el fichaje ni ha detallado formato u horario del programa.
El origen del conflicto se remonta al 27 de junio de 2024, cuando De Miguel, en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER, planteó en tono jocoso «llenar de dinamita el Valle de los Caídos, si puede ser un domingo, mejor, para que vaya más gente», y emplear las piedras resultantes «para tirárselas a los curas que se hayan follado a algún niño». En la misma intervención mencionó también la Catedral de la Almudena.
La Asociación Abogados Cristianos llevó los hechos a los tribunales al sostener que De Miguel «profirió expresiones ofensivas dirigidas claramente a los sentimientos religiosos del cristianismo», conducta encuadrable en el delito contra los sentimientos religiosos del artículo 525 del Código Penal. Aquella causa fue finalmente archivada.
El proceso judicial contra el humorista no concluyó ahí. Por hechos posteriores, De Miguel se sentará el 30 de noviembre en el banquillo para responder por un delito de coacciones —acoso— sobre la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos. Según el material del caso, se enfrenta a una posible condena de entre dos y cuatro años de prisión.
El delito de coacciones, tipificado en el artículo 172 del Código Penal, castiga a quien, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compele a efectuar lo que no quiere. Su aplicación exige acreditar el efecto intimidatorio sobre la víctima, un extremo que corresponde valorar al juzgado. Frente a ella, la defensa del acusado podrá invocar el artículo 20 de la Constitución, que ampara la libertad de expresión y de creación satírica, un derecho que los tribunales ponderan caso por caso con el honor y otros derechos fundamentales.
El fichaje se enmarca en la puesta en marcha de La Séptima, que recibió la licencia del Consejo de Ministros en mayo de 2026. Desde entonces, el operador ha anunciado varios fichajes de profesionales de la comunicación, todos ellos vinculados a la izquierda, según el material disponible. El proyecto está respaldado por una inversión inicial que supera los 20 millones de euros.
La cadena ha optado por un modelo de producción centralizado desde un único plató móvil situado en San Sebastián de los Reyes (Madrid), una decisión que ha acaparado portadas por su carácter atípico en la televisión generalista en abierto. El objetivo declarado es competir en la franja de máxima audiencia combinando actualidad, sátira y entretenimiento.
La irrupción de una nueva cadena generalista en la TDT no es habitual en España: la última gran ronda de concesiones se produjo hace más de una década, tras la que el mercado atravesó una fase de concentración empresarial en torno a Atresmedia y Mediaset España, hoy dominantes en el reparto publicitario y de audiencia.
La Asociación Abogados Cristianos no ha difundido, por el momento, una reacción pública específica ante el eventual fichaje televisivo de De Miguel, más allá de mantener su acusación de cara a la vista de noviembre. Por su parte, De Miguel no consta que se haya pronunciado sobre la información relativa a su incorporación al canal.
A partir de ahora la atención se concentra en dos frentes paralelos y casi consecutivos: el estreno de La Séptima, previsto para el 5 de noviembre, y la vista oral del juicio por coacciones, señalada para el 30 de noviembre en Madrid. Apenas 25 días separan ambos hitos, que situarán a De Miguel en un doble escrutinio, mediático y judicial, en el tramo final del año.
