El trabajo doméstico remunerado ha ocupado durante décadas un lugar ambiguo en la legislación laboral salvadoreña. El Código de Trabajo contempla disposiciones específicas para quienes se dedican a labores del hogar, pero organizaciones que acompañan al sector sostienen que dichas normas resultan insuficientes frente a la realidad de la mayoría de las trabajadoras, que operan sin contrato escrito, sin horario definido y sin cobertura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La cobertura previsional citada, inferior al 3%, contrasta con la de los sectores formales de la economía salvadoreña, donde la afiliación al sistema de pensiones administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es obligatoria para todo trabajador con relación de dependencia registrada. La brecha refleja un patrón regional: en varios países de Centroamérica el trabajo doméstico ha sido uno de los sectores con menor formalización laboral, en parte por la naturaleza del vínculo, que ocurre dentro de hogares particulares y escapa con frecuencia a la fiscalización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
La reforma al sistema de pensiones aprobada por la Asamblea Legislativa en 2022, que reconfiguró el Sistema de Ahorro para Pensiones y reforzó el pilar solidario, no incorporó mecanismos específicos orientados a resolver la baja afiliación de las trabajadoras domésticas. El diseño del sistema sigue partiendo de la existencia de una relación laboral formalizada, requisito que en la práctica excluye a buena parte de quienes ejercen este oficio bajo acuerdos verbales.
Una ley específica que sigue pendiente
Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con empleadas domésticas han insistido en la necesidad de una ley específica que establezca condiciones mínimas: jornada laboral definida, días de descanso garantizados y, sobre todo, la obligatoriedad de afiliación al ISSS y al sistema de pensiones por parte de los empleadores. Hasta la fecha ninguna iniciativa de este tipo ha sido aprobada como ley específica, aunque el tema ha sido planteado en distintos momentos ante comisiones legislativas.
El precedente más cercano en la región se encuentra en Costa Rica, donde reformas legales han buscado equiparar progresivamente los derechos laborales de las trabajadoras domésticas con los del resto de asalariados, incluida la obligatoriedad de la seguridad social. En El Salvador el debate no ha alcanzado ese nivel de concreción legislativa; las organizaciones atribuyen la demora a la baja capacidad de organización del sector, disperso en miles de hogares particulares sin vínculo entre sí.
La ausencia de cotizaciones durante décadas de vida laboral activa se traduce en la imposibilidad de acceder a una pensión al llegar a la edad de retiro. Sin historial de aportes, estas trabajadoras dependen, al concluir su vida productiva, del apoyo familiar o de programas asistenciales del Estado, como la Pensión Básica Universal dirigida a adultos mayores en condición de pobreza.
El Salvador no figura entre los países que han ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específico sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, que establece estándares mínimos de protección. La OIT ha identificado este oficio —ejercido de forma abrumadoramente mayoritaria por mujeres— como uno de los sectores con mayor déficit de trabajo decente en América Latina, por la informalidad estructural y la dificultad de fiscalizar derechos laborales dentro del ámbito privado del hogar.
La ratificación de un convenio de la OIT requiere, conforme al procedimiento constitucional salvadoreño, su aprobación por la Asamblea Legislativa y la posterior emisión del decreto correspondiente, un trámite que no ha sido impulsado formalmente respecto a este instrumento en los últimos periodos legislativos. Organizaciones de derechos laborales señalan esa falta de ratificación como una de las razones por las que el país carece de un marco normativo robusto en la materia.
El sector empleador tampoco cuenta con una organización gremial que represente su posición en esta discusión, lo que dificulta un diálogo tripartito formal similar al de otros sectores económicos. Ni el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ni representantes de los hogares empleadores han fijado hasta ahora una posición pública sobre iniciativas concretas de regulación del oficio.
El sistema previsional salvadoreño afronta además una discusión más amplia sobre su sostenibilidad y cobertura, en un país donde una parte considerable de la población económicamente activa se desempeña en la economía informal. La inclusión del trabajo doméstico dentro de un marco de protección social ampliado dependería de una decisión política que, hasta la fecha, no ha llegado al pleno legislativo en forma de proyecto de ley concreto.
Mientras tanto, la experiencia de miles de trabajadoras domésticas continúa marcada por la incertidumbre sobre su vejez. El testimonio de quien afirmó que "la palabra jubilación no existe" para las mujeres de su oficio resume una condición estructural que, sin cambios normativos ni una ampliación efectiva de la cobertura del ISSS y del sistema de pensiones, seguirá reproduciéndose entre generaciones de trabajadoras del hogar en El Salvador.
