El fenómeno migratorio que motiva la denuncia no es marginal. Según los datos oficiales recogidos en el pronunciamiento, el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria de Costa Rica registró el ingreso de 42,995 personas panameñas como trabajadoras agrícolas temporales entre 2020 y 2025, de las cuales 7,951 eran menores de edad, es decir, el 18.5% del total. La mayoría, sostienen los firmantes, pertenece al pueblo ngäbe-buglé y se desplaza en grupos familiares completos hacia las fincas cafetaleras del país vecino.
La región de Los Santos concentra buena parte de la producción de café de altura de Costa Rica y depende históricamente de mano de obra estacional panameña para las labores de corte. Esa relación —ingresos y subsistencia para las familias indígenas, cosecha asegurada para el sector cafetalero— ha convertido la frontera común en un corredor laboral de flujo constante durante los meses de recolección, que se extienden generalmente entre octubre y febrero.
Seis años de alertas sin respuesta efectiva
Las organizaciones firmantes recuerdan que la advertencia sobre las condiciones de esta migración no es nueva. En agosto de 2020, más de un centenar de colectivos ya había denunciado las precarias condiciones de alojamiento, la insuficiente atención médica en las fincas, la falta de inspecciones laborales y los riesgos particulares que enfrentan mujeres embarazadas, niñas y niños durante las jornadas de cosecha. Seis años después, el pronunciamiento afirma que aquellas alertas no se tradujeron en soluciones efectivas y que las condiciones de vulnerabilidad persisten.
El documento reconoce que Costa Rica dispone de un Protocolo General para la Atención de la Migración Laboral durante las cosechas, actualizado por última vez en mayo de 2024, pero considera que ese instrumento no ha bastado para garantizar alojamiento adecuado, atención sanitaria oportuna ni protección efectiva de derechos en el terreno. La persistencia de las muertes infantiles evidencia, según los firmantes, una brecha entre la normativa vigente y su aplicación práctica en las fincas.
Entre las medidas solicitadas al gobierno costarricense figuran investigaciones sobre las muertes registradas, inspecciones periódicas en las fincas cafetaleras, el fortalecimiento de la atención médica en las zonas de cosecha, una mayor coordinación interinstitucional y la creación de mecanismos permanentes de supervisión de las condiciones laborales y de vivienda de las familias indígenas migrantes. Las peticiones se dirigen a los ministerios de Salud y Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Dirección General de Migración, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto del Café de Costa Rica.
El pronunciamiento subraya que el pueblo ngäbe-buglé no solo constituye una fuerza laboral esencial para la caficultura costarricense, sino que es titular de derechos reconocidos por la Constitución, la legislación nacional y diversos instrumentos internacionales de protección de pueblos indígenas y de la niñez.
La comarca ngäbe-buglé, creada en 1997 mediante ley de la Asamblea Nacional como territorio indígena con régimen de administración propia, es la de mayor población indígena de Panamá y una de las regiones con mayores índices de pobreza del país, según cifras históricas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). La migración estacional hacia las fincas cafetaleras costarricenses ha sido durante décadas una de las principales fuentes de ingreso para miles de familias de esa comarca, en un patrón documentado desde finales del siglo pasado.
El respaldo político y cultural que recibió el pronunciamiento resulta inusual por su alcance binacional. Entre los firmantes figuran los expresidentes costarricenses Abel Pacheco de la Espriella y Laura Chinchilla Miranda, el expresidente panameño Ricardo de la Espriella Toral, la escritora Ana Cristina Rossi Lara, el músico Manuel Obregón López y las cantautoras Guadalupe Urbina Juárez, Mafe Tula y Luz María Romero Miño. Esa convergencia de figuras públicas de distintas trayectorias plantea la denuncia como un asunto de derechos humanos compartido entre los dos Estados.
Del lado panameño, el seguimiento de los connacionales que migran temporalmente hacia Costa Rica corresponde institucionalmente al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y al Ministerio de Relaciones Exteriores —a través de la atención consular—, así como al Ministerio de Desarrollo Social por su competencia sobre la niñez y los pueblos indígenas. Hasta el momento no se ha reportado una respuesta pública detallada de las autoridades panameñas ni costarricenses al pronunciamiento.
El caso reabre un debate de fondo sobre los límites de la cooperación bilateral en materia migratoria y laboral entre Panamá y Costa Rica, países que comparten frontera terrestre y que mantienen desde hace años mecanismos de tránsito para trabajadores agrícolas. La eficacia de esos instrumentos, sostienen las organizaciones firmantes, dependerá de que ambos gobiernos traduzcan los protocolos existentes en presencia efectiva de inspectores laborales y personal de salud en las fincas durante los meses de mayor afluencia.
Las organizaciones han anunciado que darán seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y que buscarán una respuesta formal de los gobiernos costarricense y panameño en los próximos meses, de cara a la temporada de cosecha que arrancará hacia octubre. El desenlace de esas gestiones, y si se traducen en cambios verificables en las condiciones de alojamiento e inspección laboral, marcará si el pronunciamiento logra el efecto que sus firmantes reclaman tras seis años de advertencias, según sostienen.