Hay una fecha que conviene subrayar: agosto de 2020. Fue entonces cuando más de un centenar de colectivos advirtió sobre alojamientos precarios, atención médica insuficiente, ausencia de inspecciones laborales y los riesgos que enfrentaban mujeres embarazadas, niñas y niños durante las cosechas. Seis años después, según los firmantes, los hechos conocidos demuestran que aquellas alertas no se tradujeron en soluciones efectivas y que las condiciones de vulnerabilidad persisten. Se llama diligencia institucional a la costumbre de escuchar el problema, redactar un protocolo y esperar a que la estadística confirme si funcionó.
Costa Rica cuenta con un Protocolo General para la Atención de la Migración Laboral durante las cosechas, actualizado por última vez en mayo de 2024. El detalle incómodo es que esa actualización llegó cuando varias de las diecinueve muertes ya se habían producido, y que los firmantes consideran que el instrumento sigue sin garantizar alojamiento adecuado, atención sanitaria y protección de derechos. El propio pronunciamiento resume el problema como una brecha entre la normativa vigente y su aplicación en el terreno: actualizar un protocolo sin que cambie el resultado sobre las fincas es el equivalente de repintar una fachada con la cañería rota.
Panamá tampoco queda al margen. El Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria registró entre 2020 y 2025 el ingreso a Costa Rica de 42,995 personas panameñas como trabajadoras agrícolas temporales, de las cuales 7,951 eran niñas y niños: el 18.5 % del total, según los datos oficiales incluidos en el documento. La mayoría, señalan las organizaciones, pertenece al pueblo ngäbe-buglé y viaja en grupos familiares para participar en la recolección de café. Que casi uno de cada cinco trabajadores agrícolas temporales que salen del país sea menor de edad no es un desliz estadístico: es la fotografía de un circuito que ni el Órgano Ejecutivo ni la Asamblea Nacional han logrado romper.
La pregunta que el pronunciamiento deja flotando es de quién es la responsabilidad cuando el trabajador migrante muere en tierra ajena por causas que empezaron en la tierra propia. Costa Rica puede fiscalizar fincas, ordenar inspecciones y reforzar a la Caja Costarricense de Seguro Social; Panamá puede vigilar el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria y examinar las condiciones bajo las que autoriza la salida de menores hacia la cosecha. Ninguno de los dos Estados ha resuelto todavía cómo compartir esa responsabilidad sin que cada uno señale la frontera del vecino como el límite exacto de su obligación.
El listado de instituciones costarricenses convocadas a actuar —los ministerios de Salud y Trabajo, la Dirección General de Migración, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto del Café de Costa Rica— tiene la extensión de un organigrama completo. Entre las acciones solicitadas figuran investigaciones sobre las muertes, inspecciones periódicas en las fincas, el fortalecimiento de la atención médica, una mayor coordinación interinstitucional y mecanismos permanentes de supervisión de las condiciones laborales y de vivienda. Cuando una tragedia necesita movilizar a media docena de entidades para que alguien responda, suele ser porque ninguna de ellas sintió, hasta ahora, que el problema fuera enteramente suyo.
Detrás de las cifras hay familias ngäbe-buglé que cruzan cada año hacia Los Santos porque la caficultura costarricense necesita brazos en temporada y las comarcas indígenas panameñas no ofrecen una salida económica comparable. El pronunciamiento lo formula sin ambages: el pueblo ngäbe-buglé no solo constituye una fuerza laboral esencial para la caficultura costarricense, sino que es titular de derechos reconocidos por la Constitución, la legislación nacional y diversos instrumentos internacionales ratificados por ambos países. La distancia entre ese reconocimiento jurídico y la realidad de diecinueve muertes infantiles es la medida del fracaso que el documento viene a nombrar.
Que hayan firmado el texto los expresidentes costarricenses Abel Pacheco de la Espriella y Laura Chinchilla Miranda, y el expresidente panameño Ricardo de la Espriella Toral, junto a figuras culturales como la escritora Ana Cristina Rossi Lara y el músico Manuel Obregón López, añade un peso simbólico difícil de ignorar. Las medidas que reclaman son modestas en su formulación —investigar, inspeccionar, supervisar— y, precisamente por eso, más difíciles de justificar si vuelven a quedar sin ejecución. La diferencia entre un protocolo cumplido y un protocolo firmado suele estar en el presupuesto que se le asigna y en el funcionario responsable de verificarlo, no en la elegancia de su redacción.
La región centroamericana no carece de precedentes en la tensión entre flujos laborales transfronterizos y protección de derechos. La migración estacional de trabajadores panameños hacia las fincas costarricenses de café es un fenómeno de décadas, tolerado por ambos Estados como pieza estructural de una cadena productiva, pero con una respuesta institucional que históricamente ha ido por detrás de la realidad de los campamentos. El oficio del OIJ, al poner cifra a las muertes infantiles, convierte en documento judicial lo que durante años fue denuncia social.
Lo que queda por ver es si la respuesta será distinta de la de 2020. El pronunciamiento interpela directamente al Gobierno de Costa Rica y a sus instituciones sanitarias, laborales y de infancia; del lado panameño, la interpelación apunta a las condiciones bajo las que se autoriza cada temporada la salida de trabajadores y de sus hijos hacia la cosecha. La otra opción, la más previsible por antecedente, es que dentro de algunos años se redacte un nuevo texto citando una nueva cifra, con el mismo tono de sorpresa ante lo que ya se sabía.