Rego llegó al Ministerio de Juventud e Infancia a finales de 2023 procedente del Parlamento Europeo, en el marco del reparto de carteras pactado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para la formación del Gobierno de coalición tras las elecciones generales de julio de aquel año. Su perfil se consolidó entonces como el de una de las dirigentes de IU más próximas a Díaz, vínculo que se remonta a la creación de Sumar en 2023 y a la firma del acuerdo de coalición con el PSOE. Esa cercanía, según las mismas fuentes, terminó por erosionar su posición dentro de su propio partido, en el que —sostienen— «lleva tiempo en la cuerda floja».
La pugna interna que dejó a Rego sin respaldo
El deterioro de la posición de Rego en IU tiene su origen en 2024, cuando la salida de Alberto Garzón de la coordinación confederal abrió una carrera de sucesión en la que la ministra llegó a sondear su propia candidatura. Barajó una fórmula de lista unitaria que la situara al frente de la formación, apoyándose en la proyección de su cargo ministerial. El plan se truncó cuando el andaluz Antonio Maíllo optó por concurrir en solitario y logró el respaldo de la federación de Andalucía —la más influyente de la organización— y del Partido Comunista de España (PCE), lo que le permitió hacerse con el liderazgo.
Aquel episodio dejó heridas internas. Sectores del partido reprocharon a Rego haber utilizado el trampolín del ministerio para intentar liderar la formación, y tampoco encajó su acercamiento a Yolanda Díaz, quien para entonces se había desprendido de IU para impulsar su propio proyecto, el Movimiento Sumar. El resultado, según fuentes del espacio, es que ni el propio Maíllo, ni el dirigente Enrique Santiago, ni IU Madrid respaldarían hoy su permanencia en un puesto de salida.
La decisión de dejarla fuera de las listas se habría adoptado en la coordinación confederal del partido, el órgano de dirección colegiada de IU, ante la constatación de que una pugna por un escaño se convertiría, en palabras de las fuentes consultadas, en «una lucha estéril». Rego, por su parte, enmarcó su renuncia en términos distintos: consideró «muy saludable ponerse a un lado» y se mostró disponible para participar en un proyecto político unitario al margen del PSOE que mantenga «el espíritu de Sumar», aunque bajo nuevas premisas.
El reparto de listas, con expectativas a la baja
El trasfondo de la renuncia no puede desligarse del complejo reparto de candidaturas que Sumar y sus socios negocian de cara a las próximas generales, en un contexto de expectativas electorales sensiblemente más bajas que en 2023. Sin el respaldo explícito de la cúpula de IU, cualquier aspiración de Rego a un puesto de salida resultaría, según las mismas fuentes, inviable, máxime cuando los puestos más codiciados se repartirán bajo criterios muy selectivos.
La tensión por el reparto se extiende más allá de su caso. Más Madrid ha comunicado a Sumar y al resto de socios su intención de «controlar» la lista por la capital, lo que implica reclamar, además del cabeza de cartel, el número dos y otro puesto con opciones reales de escaño. Bajo ese esquema, a Izquierda Unida le correspondería, según los pronósticos más favorables citados por las fuentes, un único escaño, y el último podría recaer en Sumar.
El patrón se repite en otros territorios con peso propio dentro de la coalición.
Esta configuración recuerda a las tensiones que atravesaron a Izquierda Unida y a su antecesora, Unidas Podemos, en anteriores ciclos electorales, cuando el reparto de escaños entre formaciones confederadas generó fricciones similares. La propia historia de IU, fundada en 1986 en torno al PCE, ha estado marcada por sucesivas reconfiguraciones de alianzas —con Podemos desde 2016 y ahora con Sumar desde 2023— en las que la relación de fuerzas entre sensibilidades ha determinado el reparto de cargos.
Rego no ha anunciado su renuncia al Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige desde finales de 2023.
El calendario marcará los próximos pasos. Sumar, IU, los Comuns, Compromís y Más Madrid deberán cerrar sus respectivas listas en los meses previos a la convocatoria de elecciones generales, un trámite que en España corresponde activar al presidente del Gobierno mediante el real decreto de disolución de las Cortes, mientras la coalición afronta el reto de mantener su representación parlamentaria en un espacio en creciente fragmentación.
