El argumento del ministerio
Según la información publicada por OKDIARIO, el escrito remitido a Corral sostiene que «la Administración no se encuentra obligada a declarar todos los espacios vinculados a episodios de represión o privación de libertad, sino únicamente aquellos que, por sus características y relevancia histórica acreditada, reúnen las condiciones necesarias». La afirmación, de confirmarse en los términos exactos que recoge el diario, delimitaría el alcance que el Gobierno da a la figura de protección prevista en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.
El propio ministerio matiza, según esa misma versión, que la ausencia de la declaración «no implica desconocimiento de los hechos históricos asociados a dichos emplazamientos, sino una valoración diferenciada de su alcance y significación conforme a los criterios de singularidad y representatividad exigidos por la legislación vigente». El Ejecutivo no niega, por tanto, la matanza, sino que discute si merece la máxima catalogación institucional frente a otras posibles.
Qué fue la matanza de Paracuellos
La llamada matanza de Paracuellos, considerada la mayor perpetrada en la zona controlada por la República durante la Guerra Civil, consistió en el fusilamiento de presos trasladados desde cárceles de Madrid ante el avance de las tropas sublevadas sobre la capital en el otoño de 1936. Los traslados, conocidos como «sacas», derivaron en asesinatos masivos: de los 33 registrados entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, 23 terminaron con ejecuciones, según recoge la ficha oficial de la Fosa 1608/2010 MADR publicada en la web del propio ministerio.
Esa misma ficha describe el episodio como «el máximo exponente de la represión republicana» y sitúa el contexto: la decisión del Gobierno de la República de trasladarse a Valencia y encargar la defensa de Madrid a la Junta de Defensa presidida por el general José Miaja, que en su reunión de constitución acordó evacuar a los presos —entre ellos numerosos militares— «ante la preocupación de que pudieran ser liberados y aumentar el potencial ofensivo de los sublevados».
Las víctimas fueron depositadas en siete fosas excavadas en Paracuellos del Jarama, la última de ellas en 1940 para acoger los féretros de las 414 personas exhumadas en Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz, según detalla la reseña ministerial. El jefe de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa era entonces Santiago Carrillo, secretario general de la Federación de Juventudes Socialistas y después secretario general del PCE, cuya responsabilidad en la cadena de mando sigue siendo objeto de debate historiográfico.
Las cifras y las fuentes que las sostienen
El propio ministerio reconoce, según la información difundida, que el número total de víctimas «no se ha podido determinar con precisión» y que las estimaciones varían «desde 2.000 hasta 12.000» fusilados en función de cada investigador. OKDIARIO se decanta en su titular por una cifra de referencia de 6.000 asesinados, aunque subraya que existen estimaciones superiores. Entre las víctimas identificadas figura el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, asesinado el 28 de noviembre de 1936.
El hispanista británico Paul Preston, en su obra El Holocausto español, es citado por el reportaje para sostener que «se sabe de la existencia de reuniones en las que casi con toda seguridad se discutió sobre la evacuación y la eliminación de los presos», y en las que probablemente se autorizó el procedimiento, sin que la responsabilidad última haya quedado establecida con unanimidad entre los historiadores.
El marco legal de la Ley de Memoria Democrática
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, aprobada bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, contempla la declaración de Lugares de Memoria Democrática como una de las herramientas para señalizar y proteger espacios vinculados a la Guerra Civil y la dictadura. La norma exige que el emplazamiento acredite «singularidad» y «representatividad» históricas que, según el escrito ministerial reproducido por OKDIARIO, la fosa de Paracuellos no cumpliría a juicio de la actual Administración, sin que ello equivalga —insiste el propio texto— a cuestionar la existencia de la matanza.
La fosa de Paracuellos cuenta ya con reconocimiento documental previo: dispone de una ficha detallada dentro del mapa de fosas del ministerio, que reconstruye la ubicación de las siete fosas y la secuencia de sacas y fusilamientos. La controversia que plantea el reportaje no versa, por tanto, sobre el reconocimiento del hecho, sino sobre si debe alcanzar la máxima figura de protección prevista en la ley de 2022.
El uso político de la memoria y el derecho de réplica
El diputado del PP Pedro Corral, destinatario de la respuesta ministerial según el reportaje, ha hecho de la memoria de la Guerra Civil un terreno de confrontación recurrente en la Asamblea de Madrid, comunidad gobernada por el PP con Isabel Díaz Ayuso al frente. El PP ha reclamado en distintas ocasiones un tratamiento simétrico de las víctimas de ambos bandos, mientras el Gobierno de coalición PSOE-Sumar defiende que la ley de 2022 prioriza la reparación de las víctimas del franquismo. Hasta la publicación de este jueves, el ministerio de Torres no había realizado declaraciones públicas adicionales sobre el caso más allá del escrito citado por OKDIARIO.
Esta información procede, por el momento, de una única fuente —OKDIARIO—, que asegura tener acceso al documento remitido por el Portal de Transparencia. El propio diario recuerda que la ficha oficial y pública sobre la fosa detalla con extensión el episodio, lo que sitúa el debate en el terreno administrativo de las declaraciones de Lugar de Memoria Democrática y no en el de la negación del hecho histórico.
Antecedentes: la memoria como terreno en disputa
España ha atravesado varios ciclos de revisión de su pasado desde la Transición. La Ley de Amnistía de 1977 dio paso, décadas después, a la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y posteriormente a la actual Ley de Memoria Democrática de 2022, que amplió las obligaciones del Estado en exhumaciones, señalización de fosas y anulación de sentencias franquistas. En cada etapa, la catalogación de episodios de violencia en la retaguardia republicana ha sido objeto de tensión entre quienes reclaman equiparar todas las víctimas y quienes sostienen que la ley debe centrarse en la represión de la dictadura.
Qué puede ocurrir a partir de ahora
Corral podría reiterar su petición o elevarla a otras instancias, mientras el PP dispone de un nuevo argumento para su crítica a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. El ministerio no ha anunciado, según la información disponible, ninguna revisión del criterio aplicado a Paracuellos, aunque la vía del recurso administrativo —y en última instancia contencioso-administrativo— permanece abierta frente a las resoluciones dictadas por la Administración en esta materia.
