El texto no se limita a un enunciado declarativo. Establece que el mandarín se convierta en la lengua principal de la educación, la administración pública y las organizaciones sociales, una medida que choca con la propia Constitución china, la cual reconoce a las distintas nacionalidades el derecho a preservar sus lenguas y costumbres. La norma exige, además, que toda actividad religiosa promueva la «unidad étnica» y se someta al proceso de «sinización».
Un caso judicial reciente en Estados Unidos ilustra el tipo de conducta que la nueva ley ampararía. El mes pasado, Lu Jianwang, ciudadano estadounidense residente en el Bronx neoyorquino, fue declarado culpable de operar en Manhattan una supuesta comisaría de policía china sin autorización, actuando —según la Fiscalía que llevó el caso— por instrucciones del Ministerio de Seguridad Pública de China para reprimir a disidentes en suelo estadounidense. Lu enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión.
El modelo aplicado en el Tíbet
El territorio tibetano funciona hoy como un laboratorio de vigilancia: puestos de control policial, reconocimiento facial y monitoreo de comunicaciones conviven con cuadros del Partido Comunista Chino integrados en aldeas y monasterios para supervisar la lealtad política de las familias. El escritor tibetano Gangkye Drubpa Kyab cumple una condena de catorce años por «incitación al separatismo», tras haber sido encarcelado antes por exhibir una fotografía del Dalái Lama.
El sistema de «gestión en cuadrícula» —que divide comunidades en unidades sometidas a vigilancia permanente— fue desarrollado por Chen Quanguo cuando ejerció como secretario del Partido Comunista en el Tíbet entre 2011 y 2016. Trasladado después a Xinjiang, el mismo funcionario extendió ese modelo hasta convertirlo en un mecanismo de detenciones masivas y vigilancia predictiva. Chen fue posteriormente sancionado por Estados Unidos por violaciones de derechos humanos.
La «sinización» —término con que Xi Jinping designa la subordinación de las tradiciones religiosas a la ideología del Partido Comunista— implica, en el caso del budismo tibetano, donde la lengua es inseparable de la vida comunitaria, un proceso de borrado cultural dirigido por el Estado. A ello se suma un sistema de internados en el que, según el texto, cerca de un millón de niños tibetanos ya habrían sido separados de sus familias para ser sometidos a adoctrinamiento.
La proyección extraterritorial de esta legislación no es hipotética. China ha desplegado esfuerzos para vigilar e intimidar a disidentes en el extranjero, como evidenció el caso de Manhattan, y la nueva ley aporta ahora una cobertura jurídica explícita a ese tipo de operaciones. Para Panamá, cuyas relaciones diplomáticas con Pekín datan de 2017, la norma plantea la cuestión de si un gobierno extranjero puede reclamar autoridad sobre expresiones vertidas dentro del territorio nacional.
La sucesión del Dalái Lama, en disputa
El asunto cobrará relevancia con la futura sucesión del Dalái Lama. Pekín sostiene que toda reencarnación de un líder del budismo tibetano requiere la aprobación del Estado chino, lo que anticipa una pugna por la legitimidad de cualquier sucesor designado por el Partido Comunista frente al que reconozca la comunidad tibetana en el exilio, con sede en Dharamsala, India, a unos 240 kilómetros de la frontera tibetana.
«Los responsables políticos deberían reconocer la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico por lo que realmente representa: una declaración de que la jurisdicción ideológica de Pekín se extiende más allá de sus fronteras», sostiene el autor del texto, presidente de la International Campaign for Tibet.
El mismo autor describe el liderazgo del Dalái Lama como «la victoria de la libertad y la fe frente a la autocracia y la represión», y llama a la comunidad internacional a no aceptar la premisa de que nadie, en ningún lugar, pueda cuestionar la versión de la historia impuesta por el Partido Comunista.