El auto judicial, conocido a través de la prensa estatal brasileña, sostiene que las instalaciones mineras se encuentran dentro del área de influencia directa de Baú, por lo que el proyecto debería someterse a estudios específicos de impacto sobre comunidades tradicionales, un requisito distinto y más estricto que las licencias ambientales convencionales ya concedidas por las autoridades estatales. El juez Antonio Lucio de Oliveira Barbosa justificó la paralización al considerar que "el riesgo de daños se deriva del hecho de que el complejo minero opera de forma continua, extrayendo recursos y llevando a cabo constantes voladuras y movimientos de tierra a solo unos kilómetros del territorio tradicional", según declaraciones difundidas por la agencia Bloomberg. Junto a la paralización, el magistrado prohibió a los órganos ambientales de Minas Gerais conceder nuevas licencias a la compañía mientras la medida siga en vigor.
Sigma Lithium ha rechazado los argumentos de la comunidad quilombola y sostiene que la mina se sitúa fuera del radio de ocho kilómetros que, según la empresa, marca el límite de impacto directo sobre el territorio de Baú. La compañía defiende además que las licencias otorgadas por las autoridades estatales se ajustan a la normativa ambiental vigente en Brasil. En un argumento adicional recogido en la resolución judicial, Sigma alega que la ausencia de títulos de propiedad definitivos sobre las tierras de la comunidad impediría activar el mecanismo especial de protección que amparan las normas quilombolas.
La Federación de Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, por su parte, sostiene que la proximidad real de las voladuras y los movimientos de tierra al territorio de Baú compromete la subsistencia y la integridad cultural de la comunidad, con independencia de la titularidad formal de las tierras, un extremo que el propio auto judicial parece avalar al ordenar estudios adicionales.
Grota do Cirilo se ubica en el llamado "Valle del Litio", una franja del estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, que concentra algunas de las reservas de litio en roca dura más relevantes a escala mundial. El complejo, situado entre los municipios de Araçuaí e Itinga, incluye además una planta de procesamiento adyacente a las instalaciones extractivas, lo que ha convertido al proyecto en una pieza de la estrategia de Brasil para posicionarse como proveedor de minerales críticos para la transición energética.
No es la primera vez que Grota do Cirilo se detiene este año. En julio, la autoridad ambiental regional de Minas Gerais ya había decretado el embargo de las instalaciones tras una inspección realizada a finales de mayo en la que se detectaron presuntas infracciones ambientales. Sigma Lithium negó entonces haber vulnerado la legislación y logró reanudar sus operaciones mineras e industriales en agosto, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno del estado de Minas Gerais. La nueva suspensión judicial revierte, al menos temporalmente, ese reinicio de actividad.
El litio se ha convertido en uno de los minerales estratégicos más disputados de la última década por su papel central en las baterías de vehículos eléctricos y en los sistemas de almacenamiento energético, en el marco de la transición hacia fuentes de energía bajas en emisiones. Brasil, junto con Chile, Argentina y Bolivia, forma parte del grupo de países latinoamericanos con reservas relevantes de este mineral, aunque con marcos regulatorios muy distintos: mientras Chile y Bolivia han optado por un mayor control estatal sobre la explotación, Brasil ha permitido una participación más amplia de capital privado extranjero, caso de Sigma Lithium, cotizada en la bolsa de Toronto y en el Nasdaq estadounidense.
El litigio en torno a Grota do Cirilo se inscribe en una tensión de fondo que atraviesa buena parte de los grandes proyectos extractivos en Brasil desde la Constitución de 1988: el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades quilombolas, descendientes de esclavos africanos que huyeron de las plantaciones coloniales y fundaron asentamientos autónomos conocidos como quilombos. La Carta Magna brasileña otorga a estas comunidades derecho a la titulación de sus tierras ancestrales, un proceso administrativo que en la práctica avanza con lentitud y que, como reconoce la propia Sigma en su defensa judicial, deja a muchas comunidades sin títulos definitivos pese a habitar esos territorios desde hace generaciones.
Ese vacío legal ha sido, históricamente, terreno de disputa entre empresas extractivas y comunidades tradicionales en distintos puntos de Brasil, desde la minería de hierro en el estado de Pará hasta proyectos hidroeléctricos en la Amazonía. Organismos como la Fundación Cultural Palmares, encargada de certificar comunidades quilombolas, y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), responsable de la titulación de tierras, son actores habituales en este tipo de litigios, aunque la información disponible sobre el caso Grota do Cirilo no precisa su intervención directa en este procedimiento concreto.
La decisión judicial llega en un momento en que Sigma Lithium buscaba consolidar su posición como proveedor de concentrado de litio de bajo coste, con contratos de suministro a fabricantes de baterías y automóviles eléctricos en Asia y Europa. Las sucesivas paralizaciones de 2026, primero por vía administrativa en julio y ahora por vía judicial en septiembre, introducen una incertidumbre adicional sobre los plazos de producción y entrega que la compañía había comunicado a sus inversores y clientes.
La empresa no ha informado públicamente, según la información disponible, de si recurrirá la nueva medida cautelar ante instancias judiciales superiores, un procedimiento habitual en el sistema procesal brasileño cuando una parte considera que una resolución cautelar de primera instancia carece de fundamento suficiente o resulta desproporcionada. Tampoco ha trascendido un calendario para la realización de los estudios de impacto sobre comunidades tradicionales que el tribunal exige como condición para levantar la suspensión.
El desenlace del litigio dependerá en gran medida de si Sigma Lithium logra revertir la decisión en apelación o si, por el contrario, se ve obligada a encargar y completar los estudios de impacto exigidos por el juez, un proceso que en casos similares en Brasil ha llegado a extenderse durante meses. Mientras tanto, las autoridades ambientales de Minas Gerais permanecen inhabilitadas para conceder nuevos permisos a la compañía, lo que mantiene en suspenso tanto la actividad extractiva como la operación de la planta de procesamiento adyacente al yacimiento.
