La brecha entre gasto corriente e inversión pública no es nueva en la administración financiera del Estado panameño, pero los datos del primer semestre de 2026 la exponen con particular nitidez. Mientras las obligaciones permanentes —planilla estatal, subsidios y transferencias— se ejecutan a un ritmo cercano al esperado para la mitad del año fiscal, los proyectos de infraestructura y equipamiento social avanzan con un rezago que, de mantenerse, comprometería buena parte de las metas de obra pública trazadas para 2026.
El caso del Ministerio de Educación (Meduca) resulta el más señalado por su magnitud presupuestaria. La entidad, una de las de mayor asignación dentro del Presupuesto General del Estado, había ejecutado el 42.8% de su presupuesto total a junio, un porcentaje que se desploma al 9.4% cuando se mide únicamente la inversión. De los $1,437.1 millones asignados para proyectos de infraestructura educativa, solo $135.3 millones habían sido desembolsados, lo que dejaba más del 90% de esos recursos sin ejecutar a mitad de año.
Consultada sobre estos números, Antonia Pérez, directora de Finanzas del Meduca, sostuvo que el porcentaje que circula en los informes oficiales se calcula sobre el presupuesto aprobado por ley y no sobre las asignaciones mensuales que la institución efectivamente recibe para ejecutar sus proyectos. Según explicó, el presupuesto de inversión aprobado para la entidad asciende a $1,453 millones, pero el dinero disponible varía cada mes y constituye, a su juicio, la base real sobre la que debería medirse el avance. «La ejecución no se mide con el presupuesto anual, sino con el presupuesto asignado mensualmente», afirmó.
Pérez detalló que, al cierre de mayo, la ejecución alcanzaba el 24% de los recursos asignados y que en junio ese indicador subió al 37.5%. La aclaración plantea una discusión técnica de fondo sobre la metodología con la que el MEF y las propias entidades reportan sus niveles de cumplimiento presupuestario, un debate recurrente en las vistas presupuestarias que cada año se celebran en la Asamblea Nacional.
El contraste en la Asamblea Nacional
El Órgano Legislativo también aparece entre las instituciones con un marcado contraste entre gasto de funcionamiento e inversión. La Asamblea Nacional había ejecutado el 56.4% de su presupuesto total a junio, pero el avance en inversión apenas llegaba al 12%, un patrón que reproduce, a menor escala, el fenómeno observado en el Meduca. El presupuesto del Legislativo fue objeto de modificaciones durante el primer semestre que elevaron la asignación inicial de $95.7 millones, aprobada en la Ley de Presupuesto, a $136 millones, un incremento de $40.3 millones equivalente al 42.1%. Al cierre de junio había ejecutado $76.7 millones de ese monto modificado.
El aumento presupuestario de la Asamblea Nacional se produce en un contexto en el que la institución ha sido objeto de cuestionamientos por el tamaño de su planilla y el crecimiento de sus gastos de funcionamiento. En los últimos años, organizaciones de la sociedad civil y diversos sectores han pedido mayor transparencia sobre la contratación de personal, el uso de las partidas administrativas y la distribución de los recursos públicos, un reclamo que se ha planteado en distintas legislaturas sin que hasta ahora se traduzca en cambios estructurales al modelo de asignación de recursos del Legislativo.
El fenómeno de la baja ejecución de inversión frente al gasto corriente tiene antecedentes en la historia fiscal panameña. En años electorales y en los inmediatamente posteriores a un cambio de administración, la ejecución de obras suele arrancar con lentitud debido a los procesos de refrendo de contratos ante la Contraloría General, los concursos de licitación pública y la reprogramación de proyectos heredados de la gestión anterior. El patrón se ha repetido tras los relevos presidenciales de las últimas décadas, cuando cada nueva administración revisa y renegocia los contratos vigentes antes de reanudar los desembolsos.
El mecanismo del refrendo, mediante el cual el contralor general avala la legalidad y la disponibilidad presupuestaria de los contratos estatales antes de su ejecución, constituye uno de los cuellos de botella señalados con frecuencia por gremios de la construcción y por las propias entidades ejecutoras. Sin ese aval, ningún desembolso de fondos públicos para obra puede materializarse, lo que explica en parte por qué el gasto de funcionamiento —salarios y transferencias ya comprometidos— avanza con mayor fluidez que la inversión, sujeta a procesos administrativos más largos.
No todas las instituciones muestran el mismo comportamiento. Según las cifras del MEF, algunas entidades registran niveles de ejecución de inversión más altos que el promedio del Gobierno Central, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que sugiere que el rezago no es uniforme, sino que responde a las capacidades administrativas y a la naturaleza de los proyectos de cada cartera.
Hasta el momento el MEF no ha ofrecido una explicación pública consolidada sobre las causas específicas del rezago en los ministerios con mayor peso en obra social, más allá de las cifras agregadas de ejecución semestral. La discusión sobre estos indicadores previsiblemente se trasladará a las vistas presupuestarias que la Asamblea Nacional celebra en el segundo semestre, instancia en la que los diputados de las distintas bancadas suelen exigir a los ministros explicaciones detalladas sobre el ritmo de ejecución de sus respectivas carteras.
De cara al cierre del año fiscal, el reto para el Órgano Ejecutivo será acelerar el desembolso de los más de $2,300 millones que aún restan por ejecutar en inversión dentro del Gobierno Central, sin flexibilizar los controles de refrendo que ejerce la Contraloría General sobre la contratación pública. El comportamiento de la ejecución en el tercer y cuarto trimestre será determinante para saber si 2026 repite el patrón de años anteriores, en los que buena parte de la inversión pública se concentra en los últimos meses del calendario fiscal.