El caso mexicano, ocurrido en el proceso de admisión de una universidad pública, habría involucrado a estudiantes que presuntamente utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa para resolver pruebas de ingreso, lo que puso en cuestión la validez de los mecanismos de evaluación frente a tecnologías capaces de producir respuestas elaboradas en segundos. El episodio, sin una resolución institucional pública conocida al cierre de esta edición, ha servido como disparador de una discusión que trasciende fronteras.
En El Salvador, la irrupción de aplicaciones de inteligencia artificial como asistentes de escritura, resolución de problemas matemáticos o generación de ensayos ha llegado a las aulas de educación media y a las universidades públicas y privadas sin que exista todavía un marco normativo específico que regule su uso en evaluaciones académicas. El MINEDUCYT no ha emitido hasta la fecha una directriz nacional sobre el empleo de estas herramientas en exámenes, con lo que la decisión queda a criterio de cada centro educativo.
La Universidad de El Salvador (UES), la única estatal del país, y las principales universidades privadas han comenzado a discutir internamente protocolos para el uso académico de la inteligencia artificial, aunque ninguna ha anunciado públicamente cambios formales en sus reglamentos de evaluación a la fecha de esta publicación.
Un precedente en la irrupción de internet
El fenómeno no es enteramente nuevo. Ya en la década de 1990, con la masificación del acceso a internet, las instituciones educativas salvadoreñas debieron adaptar sus normas frente al plagio digital, un proceso que tomó años en consolidarse en reglamentos disciplinarios claros. Especialistas en política educativa señalan que la respuesta institucional a la inteligencia artificial podría seguir un camino similar, marcado por la prueba y error antes de una regulación consolidada.
Uno de los principales desafíos identificados por docentes del sector es la dificultad técnica para determinar con certeza si un texto o una respuesta fue generada por inteligencia artificial, dado que las herramientas de detección disponibles presentan tasas de error variables y no siempre resultan concluyentes. Esa limitación complica cualquier intento de sanción disciplinaria basada únicamente en sospechas de uso indebido.
Desde el magisterio de educación media, representado por distintas asociaciones del gremio, se ha planteado la necesidad de que el MINEDUCYT emita lineamientos que distingan entre el uso pedagógico legítimo de la inteligencia artificial, como apoyo al aprendizaje, y su empleo fraudulento en evaluaciones, un matiz que hasta ahora no está recogido en la normativa educativa vigente.
Organizaciones estudiantiles universitarias, por su parte, han pedido que cualquier regulación futura incorpore procesos de formación digital y ética tecnológica antes que sanciones automáticas, al argumentar que gran parte del estudiantado utiliza estas herramientas sin plena conciencia de las implicaciones académicas. Esa posición contrasta con la de sectores del profesorado que abogan por controles más estrictos en los exámenes presenciales.
El debate también alcanza al sector privado tecnológico salvadoreño, que en los últimos años ha impulsado iniciativas de alfabetización digital en coordinación con organismos internacionales y cooperantes, en el marco de la estrategia de transformación digital promovida por el Órgano Ejecutivo. Estas iniciativas, sin embargo, se han enfocado principalmente en el acceso a la tecnología y no en la regulación de su uso académico.
Un rezago regulatorio compartido en la región
A nivel regional, países como México, Colombia y Chile han comenzado a discutir en sus respectivos ministerios de educación directrices sobre inteligencia artificial en entornos escolares y universitarios, un proceso que avanza en distintas fases y que, en la mayoría de los casos, aún no se traduce en legislación formal. El Salvador no cuenta, hasta la fecha, con una hoja de ruta pública similar.
La discusión ocurre en un contexto en el que el país ha registrado avances en la ampliación de la conectividad a internet en centros escolares, según ha difundido el propio MINEDUCYT dentro de sus programas de equipamiento tecnológico, aunque persisten brechas de acceso entre zonas urbanas y rurales que condicionan de forma desigual la exposición estudiantil a estas herramientas.
Especialistas consultados coinciden en que el reto para las autoridades educativas no será prohibir el uso de la inteligencia artificial, una tarea que consideran prácticamente inviable dada la disponibilidad gratuita de estas aplicaciones en teléfonos celulares y computadoras, sino diseñar métodos de evaluación que midan competencias distintas a la memorización o la redacción automática de textos.
Por el momento, ni el MINEDUCYT ni la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa han anunciado la elaboración de un proyecto de ley o reglamento específico sobre inteligencia artificial en el ámbito educativo. El debate, que en El Salvador apenas comienza a instalarse en la agenda pública tras el caso mexicano, previsiblemente ganará terreno en los próximos meses conforme más instituciones reporten situaciones similares o adopten medidas propias ante la ausencia de una directriz nacional unificada.
