El resultado dibuja una plantilla dividida casi por la mitad. San Pablo (Sevilla), el último centro en votar tras sufrir problemas técnicos el día anterior, se decantó por mantener la huelga con 266 votos a favor. Se unió así a Getafe, la planta más numerosa de la compañía en España, donde los trabajadores respaldaron los paros por un estrecho 46,2% frente al 45,4% contrario.
El escenario fue distinto en el resto de fábricas. Cádiz votó pausar la movilización con un 94,3% de apoyo, mientras que Illescas (59,7%) y Tablada (60,2%) también optaron por detener la huelga. Albacete, que votó el viernes anterior al resto, se sumó igualmente a la corriente favorable a la tregua. La disparidad territorial refleja diferencias en la composición y el peso productivo de cada centro, así como distintas lecturas sindicales sobre el alcance del preacuerdo.
El conflicto arrancó el 25 de agosto, cuando la plantilla de Airbus España inició una huelga indefinida en pleno pulso por el poder adquisitivo. La medida afecta a una de las compañías industriales estratégicas del país, con centros dedicados tanto a la fabricación de componentes aeroestructurales como al ensamblaje final de aeronaves civiles y militares.
El viernes, representantes de Airbus y de los sindicatos ATP, CCOO y SIPA —que en conjunto suman la mayoría de la representación de los trabajadores— alcanzaron un principio de acuerdo para desbloquear el conflicto. La reunión se celebró de urgencia en la sede del Ministerio de Industria y Turismo, con la presencia del titular del departamento, Jordi Hereu, y del consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, entre otros.
La propuesta contempla, según detallaron las partes negociadoras, el compromiso de la compañía de abonar el IPC real y recuperar un 7,95% de poder adquisitivo, repartido de forma proporcional a lo largo de cuatro años, hasta 2029. En el terreno laboral, el preacuerdo mantiene íntegramente el actual régimen de teletrabajo, uno de los puntos más sensibles para una plantilla que combina perfiles industriales y de ingeniería.
El siguiente paso será someter el texto a un referéndum vinculante que se celebrará a lo largo de septiembre entre toda la plantilla, con el objetivo declarado de dar tiempo suficiente a los trabajadores para conocer con detalle la propuesta antes de pronunciarse. Hasta entonces, la huelga indefinida sigue formalmente activa, aunque su seguimiento dependerá de las decisiones adoptadas centro por centro. Para explicar el alcance del acuerdo, los sindicatos convocaron asambleas informativas: CCOO confirmó que se desarrollarán este miércoles y jueves, mientras que SIPA indicó que reunirá a los trabajadores «durante estos días», sin precisar fechas.
La vía judicial que abre CGT
La jornada de este martes estuvo marcada también por una reunión entre representantes de Airbus y los sindicatos integrados en el comité de huelga de Getafe, el centro con mayor peso del conflicto. El encuentro se produjo en un momento de fricción dentro del propio bloque sindical: CGT presentó una denuncia ante el Tribunal Constitucional contra el ministro Hereu y contra la propia Airbus, al entender que la negociación del preacuerdo se realizó al margen de las representaciones sindicales legítimamente constituidas en los comités de empresa, según fuentes próximas al proceso citadas por Europa Press. La denuncia introduce una vía judicial paralela que podría prolongar la controversia con independencia del resultado del referéndum.
El marco legal que rige estos conflictos se apoya en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que regulan tanto el derecho de huelga como los requisitos de representatividad para negociar convenios colectivos con validez erga omnes. La discusión de fondo que plantea CGT remite a si los sindicatos firmantes —ATP, CCOO y SIPA— ostentaban la representación suficiente para hacer vinculante el pacto para el conjunto de la plantilla, o si la negociación debía haberse circunscrito a los comités de huelga de cada centro.
Airbus emplea en España a varios miles de trabajadores repartidos entre Getafe, Illescas, Tablada, San Pablo, Cádiz y Albacete, plantas dedicadas a programas civiles y militares de referencia para la industria aeroespacial europea. El grupo, con sede matriz en Toulouse (Francia), es uno de los dos grandes fabricantes de aeronaves comerciales del mundo junto a la estadounidense Boeing, y su filial española forma parte de la cadena de suministro de programas como el A320 o el futuro caza europeo FCAS.
La industria aeronáutica española arrastra precedentes de movilización relevantes: la propia EADS, antecesora de Airbus, protagonizó tensiones laborales durante los procesos de reestructuración de las últimas décadas, en los que los preacuerdos alcanzados bajo mediación gubernamental no siempre lograron respaldo unánime de la plantilla en primera instancia. Las votaciones ajustadas, como la registrada este martes, suelen anticipar consultas igualmente reñidas.
El desenlace dependerá ahora del referéndum vinculante previsto para septiembre, cuya fecha exacta no ha sido concretada por la compañía ni por los sindicatos firmantes. De su resultado dependerá si la huelga iniciada el 25 de agosto se da por finalizada o si, por el contrario, se prolonga la incertidumbre en una de las plantillas industriales más relevantes del país.
