La concentración se repite frente a la sede de la SSF, el ente estatal encargado de supervisar bancos, aseguradoras, casas de bolsa y otras entidades del sistema financiero salvadoreño, con potestad para intervenir instituciones y ordenar sanciones cuando detecta irregularidades en el manejo de fondos del público. Los manifestantes sostienen que colocaron sus ahorros en instrumentos o entidades que posteriormente dejaron de responder a sus solicitudes de retiro. La naturaleza exacta de esas inversiones —depósitos bancarios, cooperativas de ahorro y crédito o esquemas no regulados— no ha sido precisada, y tampoco consta el monto total que reclaman recuperar.
La SSF fue creada en 1961 y reestructurada mediante la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero de 2011, que unificó bajo un solo ente la fiscalización que antes ejercían por separado las superintendencias de Bancos, de Pensiones y de Valores. Entre sus funciones figura alertar al público sobre entidades que operan sin autorización y proteger a los ahorrantes frente a prácticas irregulares.
Un perímetro de supervisión con límites
El marco legal salvadoreño distingue entre las entidades supervisadas por la SSF —bancos, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito y aseguradoras autorizadas— y aquellas que captan recursos del público sin registro ni licencia, conocidas coloquialmente como esquemas piramidales o financieras informales. Cuando el reclamo de un ahorrante involucra a una entidad no regulada, la vía de recuperación se traslada por lo general a la Fiscalía General de la República (FGR) por la vía penal, ya que la SSF carece de competencia sobre actores fuera de su perímetro de supervisión.
El procedimiento habitual contempla que los afectados presenten sus reclamos formalmente ante la SSF si la entidad señalada está bajo su supervisión, o ante la FGR si se trata de una captación no autorizada de fondos, lo que puede derivar en un proceso penal por estafa u otros delitos previstos en el Código Penal. La vía civil, mediante demandas individuales o colectivas, constituye otra opción para recuperar los montos reclamados, aunque suele ser un proceso más largo y costoso para los denunciantes.
El país ha registrado episodios comparables en décadas recientes. Distintos esquemas de captación irregular de ahorros afectaron a cientos de salvadoreños, muchos de ellos adultos mayores atraídos por promesas de rendimientos superiores a los que ofrece la banca formal, en casos que terminaron judicializados ante la FGR sin que la totalidad de los afectados recuperara sus fondos.
La vulnerabilidad económica de la población adulta mayor es un factor estructural en este tipo de casos. Una proporción significativa de personas mayores de sesenta años en el país no cuenta con una pensión contributiva, lo que las empuja a depender de ahorros propios, remesas familiares o esquemas de inversión alternativos para cubrir sus necesidades básicas.
El sistema de pensiones salvadoreño, reformado en 2017 mediante la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, opera bajo un esquema de cuentas individuales administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La ausencia de una cobertura previsional universal deja a un segmento amplio de la población de la tercera edad sin red de protección formal ante fraudes o pérdidas de ahorro, un aspecto que organizaciones de defensa de las personas adultas mayores han planteado en el pasado.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que entre sus competencias incluye la vigilancia de los derechos de poblaciones vulnerables, no figura como interviniente directa hasta el momento, según la información disponible.
De confirmarse irregularidades, el caso podría sumarse a los antecedentes de fraudes financieros que en el pasado motivaron discusiones en la Asamblea Legislativa sobre el fortalecimiento de los mecanismos de protección al consumidor financiero y la ampliación de las facultades de la SSF para actuar contra entidades no reguladas.
Por ahora, el reclamo de este grupo de adultos mayores permanece sin una respuesta institucional pública, mientras las concentraciones frente a la SSF continúan de manera semanal. La eventual pronunciación de la Superintendencia, la FGR u otra instancia del Órgano Ejecutivo permitiría precisar la magnitud del reclamo y las vías legales disponibles para los afectados.
