La propia Orriols ha repetido en los últimos meses que su formación «no quiere ni gobernar ni hacer ingobernable España», una declaración que descarta, al menos por ahora, una proyección hacia la política estatal. La encuesta de Data10 sugiere, sin embargo, que de concurrir Aliança Catalana no partiría de cero: capitalizaría parte del descontento con la gestión migratoria y con la conducción del proceso independentista por parte de Junts, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la CUP.
El pronóstico no es aislado. El Centro de Estudios de Opinión (CEO), organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya y equivalente autonómico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ya adelantó en noviembre de 2025 que Aliança Catalana podría pasar de los dos diputados que tiene actualmente en el Parlament a una horquilla de entre 19 y 20 escaños. De confirmarse en una futura convocatoria autonómica, el partido se convertiría en la tercera fuerza política catalana, por delante de una Junts que ve erosionarse su espacio electoral por dos flancos: el soberanista más identitario y el crítico con la política migratoria del Gobierno central.
El fenómeno se enmarca en la crisis derivada de la llegada de menores y adultos migrantes a Ceuta, que ha reactivado el debate sobre el reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas. Ese mecanismo se regula a través de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España, y su reglamento de desarrollo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende la distribución como un ejercicio de solidaridad interterritorial obligatoria, mientras varias comunidades han mostrado resistencia a asumir cuotas sin una negociación previa sobre financiación y competencias.
En ese contexto, Junts ha reforzado su discurso sobre inmigración y ha vuelto a poner sobre la mesa el traspaso de competencias migratorias a Cataluña. La formación ha registrado de nuevo en el Congreso una proposición de ley pactada en su día con el PSOE que ya fue rechazada en septiembre de 2025 con los votos en contra de Podemos, el Partido Popular (PP) y Vox. Su portavoz en la Cámara, Míriam Nogueras, advirtió de que «Cataluña quedará fuera del reparto o el Gobierno español no tendrá ni un voto nuestro», en referencia a la posición de bloqueo que su partido mantiene en votaciones clave de la legislatura.
Nogueras vinculó directamente la crisis de Ceuta con lo que considera una «negligencia» del Ejecutivo central en el control de fronteras. «No podemos asumir la dejadez de un Gobierno español que no controla sus fronteras, que impulsa regularizaciones extraordinarias de manera unilateral y que después reclama una solidaridad que él mismo no practica», declaró la dirigente, en un mensaje que sintetiza la estrategia de su partido de desmarcarse de la política migratoria del PSOE sin renunciar del todo a la interlocución con Moncloa.
Frente a esa posición, Orriols acusó a Junts de tibieza y de mantener una connivencia de fondo con el Ejecutivo socialista pese al tono beligerante de sus declaraciones públicas. «Con ingenuos y buenistas iremos derecho al desastre», advirtió la líder de Aliança Catalana, que elevó el tono hasta plantear el debate en términos civilizatorios: «Cataluña todavía se puede salvar, esto ya no va de Cataluña-España, va de civilización-barbarie. ¿Y tú? ¿Qué eliges?», escribió recientemente en redes sociales.
Orriols estableció además un paralelismo entre la respuesta policial al referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 —cuando agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil emplearon material antidisturbios para impedir la votación— y la gestión actual de la llegada de migrantes a Ceuta. «A los catalanes nos golpeaban con porras y nos disparaban pelotas de goma por votar en un referéndum, ¿alguien ha visto porras o pelotas de goma en Ceuta?», planteó en un mensaje difundido en sus redes.
El electorado de Aliança Catalana combina, según los análisis demoscópicos disponibles, a votantes desencantados con las políticas migratorias de los partidos tradicionales y a antiguos simpatizantes del independentismo que consideran fracasada la vía institucional seguida tras el referéndum de 2017. Ese desgaste afecta de forma más intensa a Junts que a ERC, en parte por la cercanía parlamentaria que el partido de Puigdemont ha mantenido con el PSOE en votaciones de investidura y presupuestos desde 2023, pese a las reiteradas advertencias de ruptura.
La encuesta de Data10 introduce un matiz relevante dentro del bloque independentista: mientras Junts perdería un escaño en un hipotético adelanto electoral, ERC ganaría uno, lo que le permitiría recuperar la primacía como principal fuerza soberanista en el Congreso, una posición que cedió frente a Junts tras las elecciones generales de julio de 2023. La diferencia es mínima, pero simbólicamente decisiva en la disputa por el liderazgo del independentismo.
Ninguna de las formaciones mencionadas ha convocado ni reclamado formalmente un adelanto electoral, y la legislatura iniciada en 2023 no tiene, a día de hoy, fecha de disolución prevista más allá del límite constitucional de cuatro años. Cualquier proyección demoscópica sobre un escenario hipotético debe interpretarse, por tanto, como una fotografía de intención de voto y no como un pronóstico de convocatoria inminente.
El precedente más cercano de un ascenso rápido en el volátil mapa catalán es la propia irrupción de Ciudadanos, que llegó a ser primera fuerza en el Parlament en 2017 antes de desaparecer casi por completo de la Cámara en 2021, o la reconfiguración del espacio de Convergència tras el nacimiento de Junts. Ambos casos ilustran la rapidez con que se reordena el electorado catalán ante crisis identitarias o territoriales de alto voltaje mediático.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido en comparecencias anteriores que el reparto de menores migrantes responde a un mandato legal de solidaridad interterritorial. A partir de ahora, el foco estará en si Junts modula su discurso migratorio de cara a la próxima cita autonómica catalana y en si Aliança Catalana mantiene su negativa a concurrir a generales pese al margen que le atribuyen las encuestas. La evolución de la crisis de Ceuta y el debate pendiente sobre el traspaso de competencias en extranjería serán determinantes para calibrar si estas proyecciones se consolidan o quedan en una fotografía coyuntural del verano de 2026.
