El grupo más numeroso corresponde a la retención indebida de cuotas, un mecanismo mediante el cual los empleadores descuentan a sus trabajadores la cotización correspondiente pero no la trasladan a la institución. Según Jiménez, se han presentado 1,408 querellas de este tipo, con un monto involucrado de $34 millones, casi la mitad del total reportado.
"Estos son aquellos empleadores que han evadido o no le han pagado a la Caja las cuotas de los empleados y, en consecuencia, estos trabajadores no van a poder jubilarse", explicó la directora, al describir el impacto de esta práctica sobre el derecho a pensión de los asegurados afectados.
La funcionaria reconoció que buena parte de estos procesos enfrenta una dificultad adicional: numerosas empresas señaladas dejaron de operar durante la pandemia de covid-19, lo que complica el cobro de lo adeudado. Por ello, según indicó, la CSS combina la vía penal con procesos de jurisdicción coactiva, la herramienta legal que permite a la institución exigir el pago de deudas sin necesidad de un juicio civil ordinario.
"No solamente es una deuda que tiene un monto determinado, sino que, como cometió un delito, la Caja tiene la opción de obligar a ese empleador a que venga y se haga responsable por estos montos", señaló Jiménez, en referencia a la doble vía —penal y coactiva— que la entidad emplea para presionar el pago.
Un segundo bloque agrupa lo que la CSS denomina "otros delitos", con 101 expedientes y un impacto económico estimado en $24 millones. Esta categoría incluye investigaciones por peculado, falsificación de documentos y hechos relacionados con seguridad informática, y es, según Jiménez, la de mayor complejidad jurídica porque involucra a personal de administraciones anteriores. "Los más complejos realmente son aquellos grupos de otros delitos, porque estamos hablando de expedientes donde se han visto involucrados o tenemos querellados a personal de administraciones pasadas", afirmó. La directora indicó que estos casos se desarrollan junto al Ministerio Público, que recopila pruebas y documentación para avanzar.
El tercer frente corresponde a las pensiones fraudulentas, con 127 querellas y un impacto estimado de $15 millones. Se trata, según la funcionaria, de beneficios que habrían representado un costo millonario adicional para la institución de no haberse detectado a tiempo las inconsistencias antes de efectuar los pagos.
Uno de los esquemas identificados consistía en la alteración del número de cuotas registradas a nombre de un asegurado. Jiménez detalló que algunos trabajadores aparecían con más de las 12 cotizaciones anuales correspondientes, y que al revisar los registros se determinó que las cuotas adicionales provenían del mismo empleador. "Si yo tenía 12 cuotas y aparecía con 17, esas cinco cuotas tenían que salir de algún lado. Lo que ocurría era que se tomaban cuotas de personas que ya estaban pensionadas o incluso fallecidas", explicó, al describir el mecanismo que habría permitido inflar los historiales de cotización.
El caso del fentanilo
Entre los expedientes que la propia Jiménez calificó como de mayor gravedad se encuentra la investigación por la pérdida de fentanilo dentro de la CSS. Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó inicialmente la desaparición de 720 viales de este opioide, empleado en anestesia y manejo del dolor severo, cuya circulación está sujeta a estrictos controles por su alto potencial de abuso. "Estamos hablando de salud. Es un medicamento de uso controlado", señaló la funcionaria, al subrayar la sensibilidad del expediente, cuya investigación busca ahora determinar la cantidad exacta de medicamento desaparecido y las responsabilidades correspondientes.
El conjunto de estos hallazgos se produce en un contexto de escrutinio sobre la gestión financiera de la CSS, institución que administra tanto el régimen de salud como el de pensiones de la mayoría de los trabajadores del país y que en los últimos años ha enfrentado señalamientos sobre su sostenibilidad actuarial. Esa tensión derivó en la aprobación, en marzo de 2025, de una reforma al régimen de la entidad tramitada en la Asamblea Nacional, en medio de protestas y debate público sobre el futuro de las pensiones.
El procedimiento para el cobro de las cuotas retenidas contempla, además de la vía penal ante el Ministerio Público, mecanismos administrativos de la propia CSS y, en última instancia, la jurisdicción coactiva, que permite embargar bienes de los empleadores morosos sin sentencia judicial previa. Este esquema ha sido utilizado históricamente por entidades del Estado panameño, entre ellas la Contraloría General, para el cobro de deudas fiscales.
El señalamiento de irregularidades en la CSS no es inédito. La institución arrastra antecedentes de auditorías y procesos judiciales por manejos indebidos, entre ellos el caso del sobrecalentamiento y las deficiencias en la construcción de la llamada Ciudad de la Salud, un megaproyecto hospitalario que durante la pasada década fue objeto de cuestionamientos por sobrecostos y retrasos, y que ilustra la recurrencia de los problemas de control interno en la entidad.
La CSS no precisó plazos para la resolución de los 1,636 expedientes ni adelantó si se prevén nuevas querellas derivadas de las auditorías en curso. Los procesos penales quedan sujetos a los tiempos del Ministerio Público y del Órgano Judicial, mientras que la recuperación de los montos adeudados dependerá del avance paralelo de la jurisdicción coactiva. La Asamblea Nacional, que en años recientes ha convocado a autoridades de la institución a vistas presupuestarias para fiscalizar el uso de sus fondos, no se ha pronunciado sobre estos hallazgos específicos.