Las primeras palabras de Marchena fueron protocolarias: identificación de la causa, composición de la sala, partes personadas. Pero a las 10:07, cuando el magistrado pronunció la frase «la Sala declara probado que el acusado José Luis Ábalos Meco, en su condición de ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, participó de manera activa y consciente en un esquema de adjudicación irregular de contratos de material sanitario», el silencio en la sala adquirió una densidad física. Tres periodistas veteranos que han cubierto todos los grandes juicios desde Filesa hasta los ERE coinciden en señalar que nunca habían vivido un momento de semejante tensión colectiva. La sentencia recorría con precisión forense cada uno de los contratos de mascarillas, cada reunión en el despacho del ministerio, cada transferencia bancaria, cada mensaje de WhatsApp entre Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. La unanimidad de los cinco magistrados no dejaba rendija alguna para la duda: ni un voto particular, ni una matización, ni una reserva. La Sala había alcanzado un consenso total sobre la culpabilidad de los tres acusados principales, algo que los expertos en derecho procesal califican de extraordinario en una causa de esta complejidad y duración.
La lectura de la parte dispositiva —las penas concretas— llegó a las 11:02, después de una hora de fundamentación jurídica que dejó claro el camino. Ábalos: 22 años de prisión por malversación agravada continuada, cohecho pasivo y tráfico de influencias, con una rebaja de dos años respecto a los 24 solicitados por la Fiscalía gracias a la apreciación de una atenuante de cooperación en los cargos secundarios relativos a la documentación de los contratos. Koldo García: 18 años por malversación, organización criminal y cohecho, sin atenuantes. Víctor de Aldama: 6 años, rebajados desde los 7 de la petición fiscal por su colaboración efectiva con la investigación, una colaboración que la sentencia describe como «determinante para la reconstrucción del entramado financiero en sus fases finales». La sentencia también impone inhabilitaciones absolutas, multas millonarias y la responsabilidad civil solidaria por el perjuicio económico causado al erario público, que la Sala cifra en 47,3 millones de euros. Cuando Marchena terminó de leer las penas, a las 11:08, un murmullo recorrió la sala. Varios periodistas se levantaron para salir a hacer directos. El dispositivo policial exterior se reforzó. En Valencia, según fuentes de su entorno, Ábalos permaneció inmóvil durante dos minutos con la vista fija en el televisor.
La reacción institucional fue rápida pero medida. A las 11:15, exactamente trece minutos después de la lectura de las penas, Moncloa emitió una declaración institucional leída por Félix Bolaños desde la Sala de Prensa del Complejo de la Moncloa. El texto, de seis párrafos, expresaba «respeto absoluto por la independencia del poder judicial y por la decisión adoptada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo», recordaba que «los condenados tienen derecho a interponer los recursos que la ley prevé» y pedía a la ciudadanía que «no juzgue al conjunto de un partido ni de un gobierno por las acciones de individuos que han sido juzgados y condenados por la justicia». Bolaños no respondió a preguntas. No hubo margen para la improvisación. Pero la frase que más atención generó fue una que no estaba en los borradores preparados la noche anterior: «El Gobierno seguirá gobernando con la misma determinación con la que la justicia ha actuado hoy.» La frase, según fuentes de Moncloa, fue añadida por el propio Sánchez a las 10:30, cuando ya era evidente la magnitud de la condena. Era una declaración de supervivencia más que de empatía.
En el Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Armengol vivió lo que varios testigos describen como los minutos más difíciles de su carrera política. Como presidenta de la Cámara, Armengol había recibido copia anticipada del fallo quince minutos antes de la lectura pública, según el protocolo establecido. Fuentes de su gabinete confirman que leyó las primeras páginas con las manos temblando ligeramente. A las 11:25, salió al hemiciclo —prácticamente vacío porque no había sesión plenaria programada— y leyó ante las cámaras una declaración institucional de apenas dos párrafos: respeto por el fallo judicial, compromiso con el funcionamiento normal de las instituciones, y un llamamiento a la serenidad que sonó más a súplica personal que a protocolo político. Armengol no pudo evitar una pausa en la segunda frase que los analistas de comunicación política interpretaron como un quiebre emocional contenido. El PP no esperó ni media hora: a las 11:45, el portavoz Miguel Tellado anunció que su partido presentaría una petición formal de dimisión de la presidenta del Congreso en las próximas 48 horas, argumentando que su cercanía personal con Ábalos y su papel en la gestión de la pandemia como presidenta del Govern Balear hacían insostenible su continuidad al frente de la institución.
Pero el verdadero terremoto no se produjo en las instituciones sino en las entrañas del PSOE. El comunicado de Page, lanzado a las 10:05 como estaba previsto, fue una bomba de racimo política. La frase central —«La sentencia confirma que el PSOE necesita una refundación, no cirugía estética»— fue retransmitida en directo por todas las cadenas y se convirtió en trending topic en menos de diez minutos. Detrás de Page, como fichas de dominó, fueron cayendo las adhesiones. A las 10:22, Javier Lambán emitió un comunicado desde Aragón apoyando el congreso en julio. A las 10:35, Adrián Barbón hizo lo mismo desde Asturias con un texto más contenido pero igualmente inequívoco. A las 11:15, Ximo Puig —que hasta ese momento había mantenido un silencio calculado— publicó un hilo en X de cuatro mensajes que terminaba con la frase: «El PSOE no puede esperar a septiembre para empezar a reconstruirse.» El bloque crítico, que la noche anterior estaba en el 44% de las federaciones, saltó al 51% antes de mediodía. Por primera vez, los barones que pedían adelantar el congreso y desafiar la línea de Moncloa representaban a más de la mitad del partido. En Ferraz, según tres fuentes internas, la mañana fue de caos absoluto: al menos cuatro secretarios de área y siete miembros de comités provinciales presentaron su dimisión antes de las 14:00.
La llamada de Sánchez a Zapatero a las 12:30 fue el momento más revelador de la jornada en términos de dinámica interna del poder socialista. La conversación duró 40 minutos, según fuentes de ambos entornos, y fue descrita por una de ellas como «la más tensa entre ambos desde 2016». Zapatero, que había sido el principal valedor de la estrategia de septiembre durante las semanas anteriores, cambió de posición tras la sentencia. Su recomendación fue directa: mover el congreso a julio, abrir un proceso de renovación real y no dar a los críticos la excusa de que Moncloa intentaba ganar tiempo para blindar a Sánchez. El expresidente argumentó que la sentencia había cambiado el tablero completamente y que resistirse al adelanto sería percibido como una maniobra de autoprotección. Sánchez escuchó, según las fuentes, pero no se comprometió. Lo que sí hizo fue convocar una ejecutiva federal extraordinaria para mañana viernes a las 09:00, un movimiento que los analistas interpretan como la antesala de una decisión sobre la fecha del congreso. Mientras tanto, Santos Cerdán, siguiendo los acontecimientos desde su domicilio de Pamplona, declaró a un interlocutor telefónico cuya identidad protege El Hemiciclo: «Esto es peor que 2016. Entonces perdimos el Gobierno. Ahora podemos perder el partido.»
A miles de kilómetros de España, mientras el PSOE se desangraba y los mercados caían en picado, una partida de ajedrez diplomático entraba en sus movimientos finales. El ultimátum de 48 horas lanzado por Trump el martes a las 18:15 hora española expiraba esta misma tarde a la misma hora, con el Pentágono manteniendo el nivel Charlie en CENTCOM y el portaaviones Eisenhower patrullando el Estrecho de Ormuz. Durante toda la mañana, mientras Madrid digería la sentencia del Koldo, los equipos de Zarif y Rubio en Mascate habían estado negociando con una intensidad que los diplomáticos omaníes describían como «desesperada». A las 14:00 hora española, cuando la situación parecía estancada, intervino personalmente el sultán de Omán, Haitham bin Tarik, que convocó a ambas delegaciones a un almuerzo de trabajo en el Palacio de Al Alam. Fue durante ese almuerzo, según fuentes diplomáticas europeas, cuando se produjo el avance decisivo: Irán aceptó un calendario de inspecciones nucleares del OIEA a cambio de un levantamiento parcial y progresivo de las sanciones secundarias. El punto había sido el principal escollo durante semanas.
El anuncio llegó a las 17:45, exactamente 30 minutos antes del vencimiento del ultimátum, y el formato elegido —una comparecencia conjunta de Zarif y Rubio ante los medios en el vestíbulo del Hotel Royal Opera de Mascate— transmitía una urgencia que los protocolos diplomáticos normalmente evitan. Se habían acordado 7 de los 14 puntos de la propuesta original estadounidense, incluyendo el calendario de inspecciones, un mecanismo de verificación trilateral con participación europea y una hoja de ruta para la reducción progresiva del enriquecimiento de uranio. Trump no esperó ni cinco minutos para tuitear «Great deal coming!» desde su cuenta personal, provocando un rally inmediato en Wall Street. El Brent, que había estado coqueteando con los 100 dólares durante toda la mañana, se desplomó hasta los 94,50 dólares en menos de una hora, una caída de más de cinco dólares que aliviaba instantáneamente la presión sobre las economías importadoras de petróleo. Borrell, desde Bruselas, declaró que «la diplomacia ha prevalecido en el último minuto posible» y el Consejo de Energía de la UE suspendió las medidas de emergencia que había activado por la mañana.
Pero mientras el mundo celebraba el acuerdo provisional con Irán, un dato sanitario publicado a las 13:00 había pasado relativamente desapercibido entre el ruido de la sentencia y la diplomacia, y sin embargo tenía implicaciones potencialmente más graves a medio plazo que cualquiera de las otras crisis. La Organización Mundial de la Salud había confirmado el quinto caso de hantavirus cepa Andes vinculado al brote del crucero MV Hondius: una mujer de 62 años residente en Alicante que no había tenido contacto directo con el crucero ni con ningún pasajero conocido. La cadena de transmisión, si se confirmaba, era comunitaria. El Comité de Emergencia de la OMS en Ginebra, que tenía programada su reunión para mañana viernes, la adelantó a las 14:00 de hoy jueves, un movimiento que los epidemiólogos interpretan como una señal de alarma máxima. Sanidad mantuvo el protocolo de nivel 3 pero añadió la Comunitat Valenciana a la red de monitorización activa, elevando a seis las comunidades autónomas bajo vigilancia epidemiológica reforzada. Y desde Southampton, Reino Unido notificó el primer caso sospechoso fuera de España: un pasajero que había abandonado el Hondius en la escala previa al brote y que presentaba síntomas compatibles.
Los mercados vivieron la jornada como una montaña rusa que comenzó con un despeñadero y terminó con un rally inesperado. El IBEX 35 abrió a 17.350 puntos, 130 por debajo del cierre anterior, con un pánico vendedor que se intensificó a las 10:15 cuando las pantallas de Bloomberg comenzaron a mostrar los titulares de la sentencia. El mínimo intradiario llegó a las 11:30: 16.920 puntos, un desplome del 3,1% que activó las alertas de volatilidad en los principales brokers europeos. Los bancos fueron los más castigados: Sabadell llegó a caer un 6,8% antes de recuperar parcialmente hasta cerrar en -4,2%; CaixaBank perdió un 2,8%. Grifols, golpeada por una rebaja de recomendación separada de Morgan Stanley publicada a primera hora, se dejó un 5,3% adicional. Pero a las 17:45, cuando Reuters y Bloomberg lanzaron el flash del acuerdo Irán-EEUU, el índice experimentó un rally de 330 puntos en 45 minutos, el más intenso del año. El cierre quedó en 17.645, una caída del 1,35% que, considerando el mínimo intradiario, los analistas calificaban de «milagro relativo». El Brent, desplomándose de 99,80 a 94,50 dólares, arrastró a Repsol a terreno negativo después de haber sido la única gran empresa en positivo durante la mañana.
La jornada dejaba a España en una situación política, económica y sanitaria sin precedentes cercanos. Un exministro condenado a 22 años de prisión. Un partido de gobierno fracturado con más de la mitad de sus federaciones en rebeldía abierta. Un congreso extraordinario cuya fecha se había convertido en el campo de batalla de una guerra civil interna. Un acuerdo internacional frágil que solo cubría la mitad de los puntos en disputa. Un brote vírico que ya no estaba contenido en un barco sino potencialmente suelto en la península. Y unos mercados financieros que habían pasado del pánico a la euforia en el lapso de siete horas. A las 18:30, cuando El Hemiciclo cerraba esta edición vespertina, el único dato que generaba algo parecido al optimismo era el acuerdo de Mascate, y aun ese era parcial y provisional. Todo lo demás permanecía abierto, incierto y potencialmente explosivo. La mañana del veredicto se había convertido en la tarde del veredicto, y la tarde del veredicto amenazaba con convertirse en la noche más larga de la legislatura.
En las redacciones de los medios, los editores veteranos buscaban precedentes y no los encontraban. Ni la dimisión de Suárez, ni el 23-F, ni la moción de censura de 2018 habían combinado tantas crisis simultáneas con tanta capacidad de retroalimentación mutua. La sentencia del Koldo alimentaba la crisis del PSOE; la crisis del PSOE debilitaba al Gobierno en la escena europea; la crisis de Irán, aunque provisionalmente resuelta, había demostrado la fragilidad energética de España; y el hantavirus, el más silencioso de los cuatro frentes, era potencialmente el más peligroso porque no obedecía a calendarios políticos ni a negociaciones diplomáticas. A las seis de la tarde, España tenía sentencia, acuerdo y epidemia. Lo único que faltaba era un presupuesto. Y mañana, con la ejecutiva federal del PSOE a las nueve de la mañana, el recurso de Begoña Gómez a mediodía y la reunión de la OMS en Ginebra, la presión no haría sino aumentar. El veredicto ya estaba dictado. Sus consecuencias, apenas comenzaban.
