El dato se conoce en un contexto en el que la lentitud de los procesos ha sido objeto recurrente de crítica por gremios de abogados, organizaciones de la sociedad civil y usuarios del sistema, que durante años han señalado la mora como uno de los principales obstáculos para resolver disputas contractuales, de familia y de propiedad. La jurisdicción civil comprende, entre otras materias, los procesos declarativos, ejecutivos, de familia y de menores, además de los asuntos de arrendamiento y desalojo, un renglón asociado a la actividad inmobiliaria en la capital y en provincias como Chiriquí y Colón.
De confirmarse el paso de las 38 mil causas al cierre del año, la cifra representaría un reto adicional para juzgados que ya operan con inventarios de gestiones anteriores. El Órgano Judicial no ha detallado si el incremento obedece a un mayor número de demandas nuevas o al arrastre de expedientes de años previos, un desglose determinante para dimensionar la congestión real de los despachos.
La Constitución Política establece que el Órgano Judicial debe garantizar el acceso a la justicia y la pronta resolución de los procesos, un principio tensionado históricamente por limitaciones de personal, carencias de infraestructura en algunos circuitos y una digitalización de expedientes que avanza de forma desigual. El crecimiento de la litigiosidad civil suele asociarse al dinamismo económico: a mayor actividad comercial e inmobiliaria, mayor número de contratos y, en consecuencia, de eventuales disputas que terminan en los tribunales.
Una reforma de oralidad con implementación despareja
El fenómeno no es nuevo. Con la entrada en vigor escalonada del Código Procesal Civil a partir de 2019 en distintas provincias, el Órgano Judicial buscó agilizar los procesos mediante la oralidad, las audiencias concentradas y plazos más estrictos, en sustitución del modelo escrito que había alimentado la acumulación de expedientes. La implementación completa, sin embargo, se ha visto marcada por retrasos y ajustes presupuestarios sucesivos, y sus resultados han sido dispares según el circuito.
Especialistas en derecho procesal han advertido en el pasado que un aumento sostenido de causas ingresadas, sin un incremento proporcional de jueces y personal de apoyo, tiende a traducirse en mayores tiempos de espera para las partes, lo que a su vez refuerza la percepción ciudadana de una justicia lenta. El Colegio Nacional de Abogados ha insistido en años recientes en la necesidad de reforzar la carrera judicial, dotar de mayores recursos tecnológicos a los juzgados y ampliar el número de jueces civiles, en particular en los circuitos con mayor densidad poblacional.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargado de asignar el presupuesto anual al Órgano Judicial dentro del Presupuesto General del Estado, ha sido señalado por representantes del sector justicia como un actor clave para dotar de mayores recursos a la jurisdicción civil, en un escenario de restricciones fiscales que también alcanza a otras instituciones del Estado. La partida judicial se discute cada año en las vistas presupuestarias de la Asamblea Nacional, donde los diputados examinan y aprueban los recursos que reciben los órganos del Estado.
La Corte Suprema de Justicia, cúspide del Órgano Judicial, no ha divulgado hasta el momento un detalle público de las medidas concretas que adoptaría para atender el eventual incremento proyectado para el cierre de 2026, más allá de las cifras difundidas sobre causas ingresadas. Tampoco el MEF ni el Colegio Nacional de Abogados han fijado una posición específica frente a esta proyección puntual.
Qué falta por precisar antes de fin de año
De cara a lo que resta de 2026, el Órgano Judicial deberá aclarar si el ritmo de las cerca de 29 mil causas contabilizadas se traduce efectivamente en las más de 38 mil proyectadas al cierre, y si ese escenario vendrá acompañado de anuncios sobre refuerzo de personal, digitalización de expedientes o medidas de descongestión en los circuitos con mayor carga procesal. La discusión del presupuesto para el próximo ejercicio en la Asamblea Nacional será uno de los primeros hitos donde se pondrá a prueba la asignación de recursos a la jurisdicción civil.