La figura de «ciudad santuario» no es reciente ni exclusiva de Los Ángeles: es una designación que asumen gobiernos locales en Estados Unidos para restringir la colaboración de la policía y los funcionarios municipales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ciudades como Nueva York, Chicago o San Francisco mantienen políticas similares desde hace décadas, aunque su alcance legal ha sido objeto de disputa constante entre gobiernos estatales, municipales y el Órgano Ejecutivo federal.
El Departamento de Justicia argumentó en su demanda que estas políticas obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración y ponen en riesgo la seguridad pública, en línea con el discurso que la administración Trump ha sostenido desde su regreso a la Casa Blanca. Los abogados del gobierno federal plantearon que Los Ángeles incurría en una obstrucción indebida a la autoridad federal en materia migratoria, un terreno que la Constitución estadounidense reserva mayoritariamente al gobierno central.
Las autoridades de Los Ángeles y organizaciones de defensa de migrantes han defendido, en cambio, que las ciudades santuario no impiden la aplicación de las leyes federales, sino que eximen a la policía local de actuar como brazo ejecutor de la política migratoria federal. Esa posición se apoya en la doctrina de la «anticomandancia» (anti-commandeering), un principio del derecho constitucional estadounidense que prohíbe al gobierno federal obligar a los estados y municipios a implementar programas federales con recursos propios.
No es el primer enfrentamiento judicial entre la administración Trump y jurisdicciones que adoptaron políticas de protección a comunidades migrantes. Durante su primer mandato (2017-2021), el Órgano Ejecutivo federal intentó recortar fondos federales a ciudades santuario, una estrategia que tribunales federales bloquearon en múltiples ocasiones por considerarla una coerción inconstitucional hacia los gobiernos locales. El nuevo fallo se inscribe en esa línea de precedentes adversos para la posición federal.
Qué está en juego para la comunidad salvadoreña
El trasfondo de este pulso legal resulta relevante para la numerosa comunidad salvadoreña radicada en el sur de California, una de las de mayor concentración de connacionales en Estados Unidos. Las políticas de cooperación —o de no cooperación— entre las policías locales y los agentes federales de inmigración repercuten de manera directa en la vida cotidiana de miles de salvadoreños, muchos de ellos con estatus migratorio irregular o bajo protecciones temporales sujetas a revisión periódica por parte de las autoridades estadounidenses.
La política migratoria de la administración Trump ha incluido, además de la ofensiva contra ciudades santuario, la ampliación de operativos de deportación y la revisión del estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un amparo que beneficia a salvadoreños residentes en Estados Unidos tras los terremotos que sacudieron al país en 2001. El desenlace de litigios como el de Los Ángeles incide, de modo indirecto, en el clima de incertidumbre que rodea a esas protecciones.
Para la comunidad salvadoreña en el exterior, el resultado de estos procesos tiene además una repercusión sobre las remesas familiares, flujo que el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) ha identificado como uno de los pilares de la economía nacional. Cualquier alteración en las condiciones de residencia o empleo de los connacionales en Estados Unidos incide sobre ese envío de recursos hacia el país.
Los recursos que aún puede intentar el gobierno federal
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha indicado públicamente, hasta el momento, si apelará la decisión. En el sistema judicial estadounidense, un fallo de un juez federal de distrito puede recurrirse ante la Corte de Apelaciones del circuito correspondiente y, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia, un proceso que podría extenderse por meses o años antes de una resolución definitiva.
Las autoridades municipales de Los Ángeles, que han mantenido su respaldo a la política de ciudad santuario, no emitieron una declaración oficial extensa sobre el fallo, más allá de defender la legalidad de su postura ante los tribunales federales en las audiencias correspondientes. El caso se produce en un contexto de tensión entre gobiernos estatales y locales de tendencia demócrata y la administración Trump, que ha señalado de forma reiterada a las ciudades santuario como un obstáculo para el cumplimiento de la ley migratoria federal.
El proceso judicial continuará su curso en las próximas semanas, a la espera de que el Departamento de Justicia defina si recurre la decisión. Mientras tanto, la política de ciudad santuario de Los Ángeles permanece vigente, sin cambios inmediatos en la forma en que la policía local interactúa con los agentes federales de inmigración en esa jurisdicción.
