La controversia arranca en la Ley 5/2004 del Govern balear, cuyo artículo 4 establecía la colegiación obligatoria como requisito para ejercer profesionalmente como guía turístico en el archipiélago. Aquella norma buscaba garantizar que solo personas con formación acreditada —un título de grado superior de formación profesional, una diplomatura o una licenciatura universitaria, además de superar una prueba de habilitación que convoca periódicamente el Consell de Mallorca— pudieran ofrecer visitas guiadas de manera legal.
Esa exigencia quedó derogada en 2020 mediante el Decreto-Ley 8/2020, aprobado en el marco de las medidas extraordinarias adoptadas para paliar el impacto económico de la pandemia de covid-19. La eliminación de la colegiación obligatoria se enmarcaba en un paquete de flexibilización administrativa dirigido a aliviar cargas a autónomos y pequeñas empresas en un contexto de parálisis casi total del turismo.
Seis años después, Vox sostiene que aquella derogación ha tenido un efecto no deseado: la proliferación de guías sin título operando en el circuito turístico de Palma, especialmente en el casco histórico, donde se concentra buena parte de la oferta de visitas guiadas a monumentos como la Catedral o el Palacio de la Almudaina. Según los datos que maneja el grupo municipal, los tours no autorizados habrían aumentado un 60% en este periodo, una cifra que procede de la propia formación política y que no ha sido contrastada por fuentes oficiales.
La reclamación de los profesionales del sector
El Colegio Oficial de Guías Turísticos de las Islas Baleares comparte el diagnóstico de Vox y reclama un incremento de las actuaciones inspectoras, al considerar que la falta de control ha generado una competencia que perjudica tanto a los profesionales habilitados —obligados a acreditar formación específica y superar exámenes oficiales— como a la calidad de la oferta turística balear percibida por los visitantes.
A esta reclamación se ha sumado esta semana la asociación PIMEM-Proguías de Turismo, que ha denunciado episodios de hostilidad, amenazas y coacciones sufridos por algunos de sus miembros durante el ejercicio de su actividad. Según la entidad, se estaría extendiendo un discurso que atribuye al turismo connotaciones negativas de forma generalizada, un clima que en ocasiones acabaría proyectándose contra quienes trabajan de manera legal en el sector.
Proguías Mallorca defiende que sus asociados ejercen una actividad reglada, tributan por su trabajo y contribuyen a la economía balear, por lo que reclama a las administraciones competentes una respuesta clara frente a la intimidación y medidas de protección que permitan desarrollar la profesión con garantías de seguridad.
El grupo municipal, liderado en Palma por Coll, plantea una doble vía de actuación. Por un lado, exige al Govern balear que restituya en la legislación autonómica el carácter obligatorio de la colegiación para ejercer como guía turístico, revirtiendo el efecto del decreto de 2020. Por otro, reclama al alcalde de Palma, el popular Jaime Martínez, que establezca contacto directo con el Colegio Oficial de Guías Turísticos para coordinar medidas conjuntas contra el intrusismo.
Vox defiende además que el Colegio debería mantener un papel activo en las mesas estratégicas de trabajo sobre turismo que se organicen en el futuro, recordando que la entidad ya ha sido invitada a participar en foros similares en ocasiones anteriores. La formación considera que el conocimiento técnico y cultural de los guías habilitados constituye un activo que las administraciones deberían aprovechar en el diseño de la política turística.
Estas reivindicaciones se llevarán al pleno municipal de Palma previsto para julio, el último del actual curso político, donde Vox presentará su iniciativa para solicitar el refuerzo de las inspecciones, especialmente en el centro histórico. Ni el Govern balear ni el Ayuntamiento de Palma se han pronunciado, hasta el momento, sobre las peticiones concretas planteadas, por lo que no consta si el Ejecutivo autonómico contempla revisar el Decreto-Ley 8/2020 en el corto plazo.
El debate sobre la colegiación obligatoria en profesiones turísticas no es exclusivo de Baleares. La regulación del acceso a la profesión de guía es competencia de las comunidades autónomas, y distintos territorios con fuerte peso del sector mantienen regímenes propios, lo que ha generado en el pasado discusiones recurrentes sobre el equilibrio entre la liberalización del mercado —impulsada en parte por la normativa europea de servicios— y la protección de estándares profesionales.
El desenlace de esta controversia dependerá de la tramitación de la iniciativa de Vox en el pleno de julio y de la disposición del Govern balear a legislar de nuevo sobre la materia. Una eventual restitución de la colegiación obligatoria requeriría modificar la legislación autonómica vigente y superar los trámites parlamentarios habituales en el Parlament balear antes de traducirse en una reforma normativa efectiva.
