La funcionaria, hasta ahora responsable de comunicación del DSN, se ha convertido en la única persona apartada como consecuencia de la crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma. Su salida se produjo, según estas fuentes, después de que trascendiera un dato sobre el número de personas que habían accedido de manera irregular al territorio español por esa frontera, una difusión que generó fricciones entre el DSN y el Ministerio del Interior.
Las mismas fuentes sostienen que la salida del dato fue "un error no intencionado" que, subrayan, no debería opacar los ocho años de servicio de la afectada en el organismo. Ese argumento contrasta con la decisión final, que se saldó con el cese pese a la trayectoria alegada en su defensa. El punto más señalado del episodio es que la general Casteleiro Gutiérrez, con responsabilidades en la estructura de seguridad nacional, no habría defendido a la funcionaria, lo que —según ese relato— dejó a Rubio sin margen para resistir la exigencia de Interior.
Dos estructuras para un mismo relato
El Departamento de Seguridad Nacional es el órgano de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional, creado por la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, y adscrito a la Presidencia del Gobierno a través del Gabinete de la Presidencia. Entre sus funciones figura la coordinación de la información sobre amenazas y riesgos que afectan a la seguridad del Estado, un ámbito en el que concurre con el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, responsables de la vertiente operativa.
Esa coexistencia —coordinación estratégica en Presidencia y gestión operativa en Interior— ayuda a explicar la tensión descrita: cuando un dato sensible se hace público antes de que el ministerio lo valide o lo enmarque, se abre un conflicto sobre quién controla la comunicación oficial de una crisis migratoria. La difusión de la cifra por parte del DSN habría situado ese choque de competencias en primer plano.
Ceuta, junto con Melilla, es una de las dos fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano y ha sido escenario recurrente de episodios migratorios de gran magnitud. El precedente más citado es el de mayo de 2021, cuando en cuestión de horas miles de personas cruzaron desde Marruecos, en el marco de la crisis diplomática abierta tras la acogida en España del líder del Frente Polisario. Durante aquellos días, la propia comunicación de las cifras de entradas se convirtió en un asunto políticamente delicado, con datos que fueron revisados en sucesivas actualizaciones oficiales.
Un cese difícil de recurrir
El Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) regula las causas y garantías de los ceses en la Administración General del Estado. Los puestos de responsabilidad en comunicación suelen proveerse por el sistema de libre designación, que otorga a la Administración un margen de discrecionalidad mayor para el nombramiento y la remoción que en otros puestos de la función pública, lo que en la práctica limita las posibilidades de recurso de la persona afectada.
Ni el Ministerio del Interior ni el Departamento de Seguridad Nacional han realizado hasta el momento declaraciones públicas que confirmen los términos del cese ni las razones oficiales esgrimidas. Tampoco ha trascendido una versión de las partes sobre el papel atribuido a la general Casteleiro Gutiérrez en la decisión, ni consta pronunciamiento de la propia funcionaria apartada.
El control de las cifras migratorias es materia sensible por su repercusión política y por las divergencias habituales entre registros. El Ministerio del Interior publica periódicamente estadísticas sobre llegadas irregulares por vía marítima y terrestre, cifras que se comparan de forma recurrente con las de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en ocasiones no coincidentes con los datos nacionales por diferencias metodológicas en el cómputo.
A falta de una versión oficial, el caso queda abierto en un doble frente: el político, sobre el grado de intervención del Ministerio del Interior en la comunicación de un organismo dependiente de Presidencia; y el administrativo, sobre si el cese se ajustó a los cauces previstos para el personal de libre designación. Ambos aspectos podrían derivar en preguntas e iniciativas parlamentarias en las próximas semanas, un cauce habitual de control cuando concurren episodios de gestión de crisis migratorias.
