El exdiputado, de 45 años, se benefició de una reducción de condena por las actividades laborales realizadas durante su reclusión. Ante la prensa reunida en el exterior del centro, no ocultó sus planes de volver a la vida pública tras siete años entre rejas.
"He dado mi palabra de que, una vez que cruce esta puerta, no solo volveré a la libertad, sino también a la vanguardia de las luchas nacionales", declaró Ilias Kasidiaris, exportavoz de Amanecer Dorado.
Kasidiaris enmarcó su anuncio en lo que describió como el auge de la ultraderecha en Europa y situó como objetivo combatir al Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis. Prometió la formación de, en sus palabras, "un nuevo y fuerte partido nacional".
Su condena se enmarca en la sentencia que la Justicia griega dictó en octubre de 2020, cuando un tribunal determinó que Amanecer Dorado había operado durante años como una red criminal que atacaba de forma sistemática a inmigrantes y a militantes de izquierda. El proceso, abierto en 2013, concluyó con penas de prisión para el entonces líder del partido, Nikolaos Mijaloliakos, y para otros seis dirigentes, entre ellos el propio Kasidiaris. Desde aquella resolución, la formación está oficialmente prohibida en Grecia.
Amanecer Dorado llegó a ser, entre 2012 y 2019, la tercera fuerza en el Parlamento heleno, con representación sostenida en plena crisis económica del país. Su disolución judicial y la condena de su cúpula constituyen uno de los precedentes más relevantes en Europa de un partido político declarado, por vía penal, organización criminal.
La legislación griega prohíbe expresamente a las personas condenadas por pertenencia a organización criminal liderar formalmente un partido que concurra a elecciones. Ante ese obstáculo, su defensa aseguró que Kasidiaris prevé participar en los comicios generales de 2027 integrado en una formación ya existente, una fórmula con la que buscaría sortear el veto judicial sin figurar como líder oficial de la candidatura.
El caso de Amanecer Dorado se suma a otros procesos europeos que han puesto a prueba los límites entre la libertad de asociación política y la persecución penal de organizaciones que la justicia considera criminales, una línea en la que los tribunales españoles también han fijado doctrina en asuntos de muy distinta naturaleza, como la resolución que avala cortar suministros en viviendas okupadas dictada por la Audiencia de Barcelona.
