Sucre parte de una distinción conceptual: administrar, escribe, no equivale a dominar ni a explotar. Es organizar el uso de un recurso en el tiempo, con reglas, incentivos y límites, de modo que ese recurso siga existiendo y generando bienestar. Esa cualidad, sostiene el autor, define a la especie humana tanto como su capacidad de abstracción o de creación artística, y resulta hoy más urgente que nunca frente a lo que describe como una era de crisis ambientales globales. Por eso lamenta que el epíteto de la especie no fuera 'administrator': el planeta, argumenta, no necesita que el humano desaparezca, sino que aprenda a administrar.
El ensayo se distancia de posturas que, según el autor, llegan a sugerir que la desaparición de la especie humana resolvería los problemas del planeta. Sucre las califica de impracticables y contrarias a lo que llama un ambientalismo serio, cuyo objetivo debería ser construir una convivencia sostenible a largo plazo que preserve tanto la biodiversidad como la dignidad humana. Reconoce, no obstante, el cansancio que produce «ver ecosistemas degradados, especies en declive, metas incumplidas y promesas rotas».
El argumento central apunta contra lo que el autor llama el reflejo prohibicionista de buena parte de la política de conservación de las últimas décadas: más restricciones, más trámites, más sanciones. La lógica detrás de ese enfoque, explica, es sencilla en apariencia —restringir el acceso a un recurso debería reducir el daño que se le causa—, pero el resultado, sostiene, suele ser distinto al esperado.
Según describe Sucre, cuando el acceso legal y sostenible a un recurso natural se convierte en un laberinto que solo pueden navegar quienes tienen tiempo, capital y contactos, el uso no desaparece: se traslada a la informalidad, donde no existe monitoreo ni planificación alguna. El efecto, advierte, es una paradoja que golpea de manera desigual: el ciudadano común queda fuera del sistema formal, las élites conservan las oportunidades y la presión sobre el ecosistema simplemente cambia de forma sin reducirse.
El autor sostiene que, si el enfoque restrictivo funcionara de manera consistente, hoy se verían señales claras: cumplimiento sostenido de metas, recuperación amplia de poblaciones amenazadas, reducción de las economías ilegales asociadas a recursos naturales y una disminución marcada de la pérdida de hábitat. En cambio, describe una realidad más compleja, en la que en muchas regiones de alta biodiversidad la degradación persiste, la desigualdad se agrava y los mercados informales siguen siendo atractivos porque, en ausencia de alternativas, son la única puerta abierta.
Del bosque como amenaza al bosque como sustento
Para ilustrar su tesis, Sucre recurre a un escenario hipotético: una persona en zona rural, sin ingreso estable ni servicios básicos, frente a un parche de bosque que podría talar para producir alimento. La pregunta que enfrenta, argumenta, no es filosófica ni abstracta, sino inmediata y ligada a la subsistencia. Pedirle que priorice la conservación del hábitat por encima de sus hijos equivale, según el ensayo, a «exigir heroísmo como política pública», algo que —advierte— «fracasa casi siempre».
Frente a ese diagnóstico, Sucre propone invertir la pregunta: si el acceso legal y formal al valor económico de un bosque —mediante usos sostenibles, monitoreables y con reglas claras— le permitiera una vida decente, la lógica cambiaría por completo. Ya no se trataría de destruir un hábitat para sobrevivir, sino de preservarlo porque sostiene esa subsistencia. Ese es, según el autor, el núcleo de una conservación que aprende a incentivar y no solo a regular, sin infantilizar a la gente ni romantizar la pobreza.
El ensayo cierra su primer tramo recordando que la sostenibilidad descansa sobre tres pilares —ambiental, social y económico— fáciles de enunciar en foros académicos o institucionales, pero difíciles de equilibrar cuando las políticas públicas privilegian uno de ellos sobre los otros dos.
El texto no cita estadísticas oficiales panameñas ni de organismos internacionales, pero sitúa su reflexión en regiones de alta biodiversidad, una categoría en la que Panamá se incluye de manera recurrente en foros científicos regionales por su condición de puente biológico entre Norteamérica y Suramérica y por albergar áreas protegidas como el Parque Nacional Darién o la cuenca del Canal de Panamá, vital también para la operación de la ACP.
El planteamiento conecta con debates recurrentes en distintos corregimientos del interior del país, donde comunidades campesinas e indígenas han expresado su tensión entre la subsistencia diaria y las restricciones sobre el uso de bosques y cuencas. El propio autor reconoce que ese conflicto no es exclusivo de Panamá, sino común a buena parte de los países con alta cobertura boscosa y economías rurales de subsistencia.
El debate sobre gobernanza ambiental atraviesa distintos órganos del Estado con competencia en la materia, entre ellos el Ministerio de Ambiente, y en el pasado ha generado discusiones en la Asamblea Nacional a propósito de leyes vinculadas al uso de bosques, cuencas hidrográficas y áreas protegidas, algunas de las cuales han completado su trámite de primer, segundo y tercer debate antes de pasar a la sanción del Ejecutivo. Panamá dispone además de figuras de protección consolidadas desde hace décadas, como el sistema de parques nacionales, cuyo referente histórico es la declaratoria del Parque Nacional Darién, reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1981.
El texto de Sucre no plantea una propuesta legislativa concreta ni cifras sobre el estado de la biodiversidad panameña, sino que se mantiene en el terreno del ensayo de opinión, dirigido a alimentar una discusión pública sobre el diseño de la política ambiental en el país y en la región. Su publicación se produce en un momento en que la conservación de la biodiversidad tropical continúa como tema recurrente en la agenda pública de Panamá, dada su posición geográfica como corredor biológico entre dos continentes.