El pulso entre Washington y Teherán se remonta a la retirada estadounidense del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) en 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump, cuando Estados Unidos abandonó unilateralmente el pacto nuclear firmado en 2015 por Irán, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. Aquella salida, seguida de la reimposición de sanciones, marcó el inicio de una espiral de tensión que ha atravesado ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, el asesinato del general Qasem Soleimani en enero de 2020 y sucesivas rondas de enriquecimiento de uranio por parte de Teherán muy por encima de los límites pactados.
La ofensiva militar de junio de 2026 contra instalaciones nucleares iraníes —entre ellas la planta subterránea de Fordow, símbolo del programa de enriquecimiento persa— constituyó el episodio de mayor intensidad bélica directa entre ambos países en décadas. Washington sostuvo entonces que el objetivo era neutralizar de forma duradera la capacidad de Irán para desarrollar armamento nuclear, mientras Teherán denunció ante Naciones Unidas una violación de su soberanía y del derecho internacional.
Las declaraciones recogidas ahora, atribuidas a fuentes de la Administración estadounidense, apuntarían a que ese episodio no se considera cerrado. Según esas mismas fuentes, Washington estaría dispuesto a repetir la operación si los servicios de inteligencia detectan indicios de que Irán está reconstituyendo instalaciones dañadas o trasladando material fisible a emplazamientos alternativos, una hipótesis que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) lleva meses intentando verificar sobre el terreno sin acceso pleno.
El componente económico de la presión se ha reforzado con un nuevo paquete de sanciones cuyo alcance exacto no ha trascendido con detalle, pero que se sumaría a las ya vigentes sobre los sectores petrolero, bancario y de defensa iraní. El petróleo iraní, pese al embargo, sigue llegando a mercados asiáticos —principalmente China— a través de una flota de buques que operan fuera de los registros convencionales, un fenómeno documentado en informes previos por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).
Irán, por su parte, ha reiterado a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores que cualquier nueva agresión será respondida con la misma contundencia, y ha vinculado su disposición a negociar con el levantamiento efectivo de las sanciones, no solo con promesas de futuro. Teherán mantiene además una postura de ambigüedad calculada sobre el estado real de sus reservas de uranio enriquecido tras los bombardeos de junio, lo que alimenta la desconfianza de las potencias occidentales.
Un tablero regional con actores enfrentados
La crisis no puede entenderse al margen del resto de actores regionales. Israel, que considera el programa nuclear iraní una amenaza existencial, ha presionado sistemáticamente a Washington para mantener una línea dura. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que normalizaron parcialmente relaciones con Irán en 2023 con mediación china, observan con cautela un escenario que podría desestabilizar de nuevo el golfo Pérsico, ruta por la que, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), transita en torno a una quinta parte del petróleo mundial.
Rusia y China, socios estratégicos de Irán y firmantes originales del JCPOA, han condenado en foros de Naciones Unidas cualquier acción militar unilateral y han reclamado un regreso a la vía diplomática. Pekín, principal comprador del crudo iraní, tiene un interés económico directo en la estabilidad de la región, mientras Moscú ve en Teherán un socio útil en su confrontación con Occidente desde la invasión de Ucrania en 2022.
La Unión Europea, que trató durante años de mantener con vida el mecanismo de comercio especial INSTEX para sortear las sanciones estadounidenses, ha quedado en un papel secundario en esta fase. Bruselas ha pedido moderación a ambas partes e insiste en que cualquier solución duradera pasa por un marco de verificación multilateral bajo supervisión del OIEA, en línea con el precedente del propio JCPOA de 2015.
Las conversaciones para un acuerdo de paz que pusiera fin formal a la escalada, mediadas en distintos momentos por Omán y Qatar, no habrían producido hasta la fecha un texto cerrado ni un calendario de firma. Los principales escollos, según diplomáticos consultados en rondas anteriores, giran en torno al ritmo de levantamiento de sanciones, las garantías de verificación sobre el terreno y la exigencia iraní de compensaciones por los daños causados en junio.
El precedente más cercano de una negociación de este calado es el propio JCPOA, que tardó casi dos años de conversaciones secretas y públicas en cerrarse tras el inicio del diálogo en 2013, y que colapsó cinco años después por la retirada estadounidense. Ese antecedente alimenta el escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar en semanas un acuerdo estable si no se resuelven antes las cuestiones de fondo sobre inspecciones y sanciones.
En el plano jurídico, cualquier eventual nuevo ataque estadounidense sin autorización expresa del Congreso reabriría el debate constitucional sobre los límites del poder ejecutivo para emprender acciones militares en el extranjero, una discusión recurrente desde la aprobación de la War Powers Resolution de 1973, tras la guerra de Vietnam. Legisladores de ambos partidos han reclamado en el pasado mayor información sobre las bases legales de operaciones similares.
A la espera de que se aclare el alcance real del nuevo paquete de sanciones y de que avancen —o se rompan— las conversaciones de paz, el foco permanece puesto en los inspectores del OIEA, cuyo próximo informe sobre el estado del programa nuclear iraní podría convertirse en el elemento que decante la balanza hacia una nueva escalada militar o hacia la reactivación efectiva de la vía diplomática.
