El Observatorio de la Educación Pública Salvadoreña, instancia interna del FMS dedicada al seguimiento de políticas educativas, señaló que durante el año pasado detectó un patrón de intervenciones constructivas en escuelas que no cumplirían, a su juicio, con estándares mínimos de durabilidad. El señalamiento se centra en remodelaciones —no en construcciones nuevas de gran escala— realizadas en centros escolares a lo largo de 2025, ejercicio cuya gestión corresponde en El Salvador al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) en coordinación con las direcciones departamentales.
Clara Sofía Guerrero, integrante del Centro de Estudios del gremio, fue la encargada de detallar los hallazgos del Observatorio. El material disponible no precisa el número exacto de centros escolares evaluados ni la metodología empleada para determinar la calidad de los materiales, ni especifica si el diagnóstico incluye visitas técnicas propias, testimonios de docentes y directores, o ambos elementos combinados.
El FMS es una de las organizaciones históricas del magisterio salvadoreño, con presencia en el debate sindical del sector educativo desde hace décadas. Su actividad se ha centrado tradicionalmente en la defensa de las condiciones laborales docentes y, de forma creciente en los últimos años, en la vigilancia de la ejecución presupuestaria destinada a infraestructura escolar, un terreno en el que confluyen el Ministerio de Hacienda, el MINEDUCYT y, como órgano fiscalizador del gasto público, la Corte de Cuentas de la República.
Un precedente que marcó las auditorías de obra escolar
La inversión en infraestructura educativa en El Salvador ha sido objeto recurrente de escrutinio desde los terremotos de 2001, que dejaron miles de aulas destruidas o inhabilitadas y obligaron a un programa masivo de reconstrucción escolar. La ejecución de aquellas obras también generó cuestionamientos sobre la calidad de los materiales y la rapidez con que se adjudicaron los contratos, y marcó un punto de inflexión en la exigencia de auditorías técnicas a las obras escolares financiadas con fondos públicos o cooperación internacional.
El marco normativo vigente establece que toda obra pública, incluidas las remodelaciones en centros educativos, debe regirse por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que fija los procedimientos de licitación, supervisión y recepción de obras. La Corte de Cuentas tiene la facultad de fiscalizar posteriormente la ejecución de estos contratos, y una denuncia sobre materiales deficientes o trabajos superficiales podría derivar en una auditoría específica si mediara una solicitud formal o una alerta ciudadana documentada.
Cualquier ciudadano, gremio u organización puede presentar una denuncia formal ante la Corte de Cuentas cuando existan indicios de irregularidades en la ejecución de fondos públicos, incluida la calidad deficiente de materiales en obra pública. El FMS no ha precisado, según el material disponible, si ha iniciado ya ese trámite o si su señalamiento se limita por ahora a una denuncia pública a través de los canales propios del Observatorio.
El gremio vinculó estas deficiencias de infraestructura con un diagnóstico más amplio de retrocesos en la educación pública salvadoreña, aunque el material no detalla si ese diagnóstico incluye variables como resultados de aprendizaje, deserción escolar o cobertura docente, indicadores que en el país son objeto de seguimiento del propio MINEDUCYT y, en el plano económico, del Banco Central de Reserva (BCR), que integra el gasto en educación dentro de sus informes de finanzas públicas y de la cuenta del sector público no financiero.
La inversión pública en infraestructura educativa constituye una partida del presupuesto general del Estado, aprobado anualmente por la Asamblea Legislativa a propuesta del Ejecutivo. El FMS enmarca su denuncia en un momento en que el gobierno ha promovido públicamente proyectos de modernización educativa, incluidos programas de conectividad y equipamiento tecnológico en escuelas. El contraste entre esos anuncios y el señalamiento gremial sobre deficiencias en remodelaciones básicas plantea una tensión que, de confirmarse mediante una auditoría, obligaría a revisar los procedimientos de supervisión de obra.
De cara a los próximos meses, el foco estará en si el MINEDUCYT ofrece una respuesta oficial al señalamiento, si la Corte de Cuentas decide abrir alguna línea de fiscalización específica sobre las remodelaciones ejecutadas en 2025 y si el FMS documenta con mayor detalle técnico —número de centros, ubicación geográfica y tipo de deficiencias— las afirmaciones formuladas por su Observatorio.
