La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial se plantea, según lo trascendido tras la reunión, como un instrumento marco para orientar el uso de estas tecnologías tanto en el sector público como en el privado. Su aprobación se produce en un contexto en el que la Asamblea Nacional no ha tramitado hasta la fecha un proyecto de ley integral sobre la materia, de modo que el país carece de una legislación específica que regule el desarrollo y la aplicación de estos sistemas.
El documento forma parte de una batería de acciones del Órgano Ejecutivo orientadas a modernizar la gestión estatal, un objetivo que administraciones panameñas han perseguido con distinta intensidad desde la creación de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en 2009, entidad que ha centralizado buena parte de los esfuerzos de digitalización de trámites y servicios públicos. Instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) han venido incorporando de forma gradual herramientas de automatización y análisis de datos, aunque sin una hoja de ruta nacional unificada que coordine esos esfuerzos entre entidades.
La segunda decisión, la adhesión de Panamá a un organismo espacial de carácter regional, se inscribe en la tendencia de cooperación multilateral en América Latina en temas científico-tecnológicos. Según lo trascendido, la incorporación buscaría dar al país acceso a programas de formación, intercambio de datos satelitales y cooperación técnica que hasta ahora ha gestionado de manera bilateral o a través de organismos internacionales de alcance más amplio.
En materia espacial, Panamá ha mantenido históricamente un perfil bajo en comparación con países de la región como México, Brasil o Argentina, que cuentan con agencias espaciales propias desde hace varias décadas. La adhesión al organismo regional representaría un giro hacia una participación más activa del país en foros científicos multilaterales, más allá de los ejes tradicionales de comercio y logística vinculados al Canal de Panamá.
Qué trámite exige cada decisión
Ninguna de las dos medidas requeriría, en principio, un trámite legislativo adicional, en la medida en que se trata de resoluciones de gabinete de carácter administrativo. No obstante, de derivarse de la adhesión al organismo espacial compromisos financieros o convenios internacionales que impliquen erogaciones del Presupuesto General del Estado, correspondería al pleno de la Asamblea Nacional su ratificación, conforme al procedimiento constitucional que rige la aprobación de tratados y convenios internacionales suscritos por el Órgano Ejecutivo.
La Contraloría General de la República, en su papel de fiscalizador del gasto público, tendría a su cargo el refrendo de cualquier contrato o convenio derivado de estas iniciativas que implique compromisos financieros del Estado, paso ineludible dentro del procedimiento de contratación pública antes de que cualquier erogación pueda ejecutarse con cargo al Presupuesto General del Estado.
El sector privado panameño, en particular el gremio bancario y de servicios logísticos vinculado a la actividad del Canal de Panamá, ha mostrado interés en la adopción de inteligencia artificial para optimizar procesos, fenómeno que se replica en otras economías de la región. La falta de un marco regulatorio específico sobre la materia ha sido señalada en foros regionales como un vacío que genera incertidumbre para empresas y usuarios, en aspectos que van desde la protección de datos personales hasta la responsabilidad derivada del uso de sistemas automatizados.
Entidades como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y la Superintendencia de Bancos de Panamá han emitido en los últimos años lineamientos parciales relacionados con el manejo de datos, sin que exista aún una ley integral sobre inteligencia artificial. La estrategia aprobada por el gabinete aspiraría a articular esos esfuerzos dispersos bajo un mismo marco.
Costos y plazos aún por precisar
Voceros del Órgano Ejecutivo no han detallado hasta el momento el costo presupuestario asociado a la adhesión al organismo espacial ni el cronograma de implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, aspectos que deberán precisarse a través de resoluciones o decretos ejecutivos que desarrollen ambas decisiones.
Las bancadas de la Asamblea Nacional no se han pronunciado todavía sobre el contenido de la estrategia, aunque es previsible que el tema sea abordado en las próximas vistas presupuestarias o en comisiones legislativas vinculadas a ciencia, tecnología e innovación, instancias en las que diputados de distintas bancadas suelen solicitar información detallada sobre iniciativas de este tipo antes de su implementación plena.
El desarrollo de ambas iniciativas quedará sujeto en adelante a la publicación de los documentos oficiales en la Gaceta Oficial, así como a la definición de plazos concretos de ejecución, lo que permitirá conocer con mayor precisión el alcance real de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y los términos exactos de la adhesión de Panamá al organismo espacial regional.