La fuga masiva, ocurrida en mayo pasado, dejó tres reclusos muertos durante el motín que acompañó la evasión. Hasta la fecha, la Fiscalía de Homicidio, que asumió la pesquisa sobre esas muertes, no ha dado a conocer las causas de los fallecimientos ni ha informado sobre el estado del expediente, ochenta días después de los hechos. Tampoco se ha esclarecido públicamente cómo se orquestó la evasión ni quiénes la planificaron.
Interpelada por el diputado Luis Duke, de Vamos, Montalvo confirmó que de los 195 privados de libertad que escaparon, seis continúan sin ser recapturados. La cifra proviene de reportes de la Policía Nacional, institución que —junto con otros organismos de seguridad del Estado— encabezó el operativo de búsqueda tras la fuga.
La ministra también informó que 12 custodios penitenciarios han sido destituidos como parte de las consecuencias administrativas del caso. Se trata de los agentes que se encontraban de turno la tarde de la evasión. Julissa Guerra, directora de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, precisó ante los diputados que ninguno de los destituidos permanece actualmente en el sistema penitenciario, aunque algunos han presentado recursos de reconsideración contra su cese.
La pregunta de Duke sobre si alguno de los sancionados seguía dentro de la estructura estatal abrió otro flanco: el de Jorge Torregroza, quien fungía como jefe de la Dirección General del Sistema Penitenciario al momento de la fuga. Torregroza renunció a la institución el 19 de junio, semanas después del incidente, pero su nombre no fue mencionado durante la sesión de la Comisión de Presupuesto.
Torregroza no ha quedado, sin embargo, fuera del sector público. La Contraloría General de la República lo nombró jefe de Seguridad de esa entidad, según se reportó tras la fuga. El cambio de destino de un exfuncionario cuya gestión coincidió con la mayor evasión carcelaria del país en años ha alimentado cuestionamientos entre sectores que exigen explicaciones sobre la cadena de responsabilidades dentro del sistema penitenciario.
La misma semana en que ocurrió la fuga, la Policía Nacional había separado del cargo al comisionado Luis García, quien tenía a su cargo la seguridad del Complejo Penitenciario La Joya, del cual forma parte La Joyita. Su separación fue una medida administrativa dentro de la institución policial; ninguna autoridad judicial lo ha señalado formalmente como responsable penal de la evasión.
Un señalamiento político sin pruebas en el pleno
En el pleno legislativo, el nombre de García volvió a surgir de la mano del diputado Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien lo identificó como el «cabecilla de la banda de la Policía» que, sostuvo, habría planificado la fuga. Salazar cuestionó que, a casi tres meses del hecho, las autoridades no hayan presentado los resultados de la investigación. El diputado afirmó que la evasión fue orquestada por miembros de la Policía Nacional de rango superior, no por agentes de bajo escalafón: «Cuando hablo de los policías, no hablo de policías de rango menor, créanlo. Hablo de estatus grande, comisionado, subcomisionado», declaró.
Salazar dirigió además un reclamo directo al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, a quien exigió entregar los resultados de la pesquisa. «Todavía estamos esperando a que Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, nos traiga la investigación. ¿Qué investigación nos va a traer? Si él sabe de antemano quiénes son los que están en esa maldantería, que son los propios policías», afirmó durante la sesión. El propio diputado no presentó evidencia documental que respaldara su hipótesis.
Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni ningún tribunal han imputado formalmente a García ni a otro oficial de la Policía Nacional por la organización de la fuga. Las declaraciones de Salazar en el pleno constituyen un señalamiento político, no una acusación dentro de un proceso penal en curso.
El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, también indagó sobre el estado de la investigación durante la comparecencia de la ministra, en una sesión cuyo objeto formal era la sustentación de los traslados de partidas por $53 millones ante la Comisión de Presupuesto. La discusión presupuestaria quedó supeditada a las preguntas sobre la crisis penitenciaria.
El Complejo La Joya-La Joyita, ubicado en el corregimiento de Pacora, ha sido escenario de motines y evasiones parciales en años anteriores, en un sistema penitenciario que arrastra problemas estructurales de hacinamiento y déficit de personal de custodia. La escala de la evasión de mayo, con 195 reclusos huyendo de forma simultánea, no tiene precedente cercano en la historia carcelaria del país.
El caso permanece abierto en dos frentes distintos. En el penal, la Fiscalía de Homicidio investiga las tres muertes registradas durante el motín y aún no ha determinado si hubo responsabilidad penal en esos decesos. En el administrativo, las consecuencias se han limitado hasta ahora a la destitución de los custodios de turno, sin sanciones que alcancen a mandos superiores del sistema penitenciario o de la Policía Nacional.
Ni el Ministerio Público ni el Ministerio de Seguridad Pública han fijado una fecha para presentar ante la Asamblea Nacional o ante la opinión pública los resultados definitivos de las investigaciones sobre cómo se planificó la evasión. Mientras tanto, seis de los 195 reclusos fugados siguen sin ser recapturados, y las preguntas sobre quién ordenó o facilitó la fuga permanecen, ochenta días después, sin respuesta oficial.