Las protestas, iniciadas en los institutos de secundaria, se extendieron luego a las universidades, con bloqueos que llegaron a afectar a 1,050 centros educativos el jueves antes de reducirse a 735 el viernes, cuando unos 400 planteles optaron por impartir clases a distancia ante el riesgo de incidentes. El 85% de los detenidos son menores de edad, un rasgo que define esta ola surgida en la enseñanza secundaria antes de contagiar a los campus.
El reclamo original apunta al deterioro de las condiciones materiales de los centros: falta de sustitución de profesores ausentes, problemas de mantenimiento de las instalaciones y lo que el estudiantado describe como condiciones deficientes para el aprendizaje. A esas demandas se suma el rechazo a las pruebas de acceso a la universidad, que los estudiantes acusan de segregar al alumnado y de restringir el ingreso a la educación superior pública.
Esa reivindicación conecta la protesta con un debate de fondo sobre la equidad del sistema educativo francés, uno de los más centralizados de Europa, y explica por qué la movilización trascendió rápidamente el ámbito administrativo para adquirir un tono de reclamo estructural.
El Gobierno francés, a través del ministro de Educación, Édouard Geffray, recibió el viernes a representantes de estudiantes, docentes, padres y otros sectores de la comunidad escolar. Entre las medidas que puso sobre la mesa figuran un plan para acelerar la sustitución de profesores ausentes —que comenzaría a aplicarse la próxima semana junto con los responsables regionales de Educación— y una revisión de los horarios escolares.
En paralelo, el Ejecutivo endureció el discurso sobre los episodios de violencia, que calificó de "violencia urbana" al distinguirlos de lo que considera protestas legítimas. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió una respuesta "firme" ante los disturbios y planteó que los padres de los menores involucrados en destrozos asuman la responsabilidad por los daños causados.
Pese a esas señales de apertura, el principal sindicato de estudiantes de instituto, la Unión Sindical de Estudiantes de Instituto (USL), consideró insuficientes las propuestas gubernamentales y llamó a una nueva jornada de movilización, bautizada como un 'acto III' de las protestas, a partir del martes. A ese llamado se sumaron los sindicatos CGT y Solidaires, además de organizaciones del sector docente, en un frente que amplía la base social más allá del alumnado.
En París, los organizadores presentaron una solicitud de autorización para una manifestación prevista a las 14:00 horas en la plaza de la República, enclave simbólico de la protesta social francesa y escenario de movilizaciones masivas en episodios previos de tensión política en el país.
La controversia sobre La Francia Insumisa
Las protestas no están exentas de disputa política. El Gobierno, la derecha y la ultraderecha francesas señalan a La Francia Insumisa (LFI), el partido del candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, y a grupos afines de ultraizquierda como instigadores de la movilización. Mélenchon y su partido rechazan esa acusación; el dirigente respalda las protestas pero ha llamado a evitar la violencia para no dar argumentos a los "adversarios". Los sindicatos estudiantiles también rechazan la tesis de la instrumentalización, que consideran una forma de infantilizar a los manifestantes y restar legitimidad a sus reclamos.
La jornada más violenta, la del jueves, dejó un saldo de 284 agentes de policía y gendarmes heridos, según los recuentos del Ministerio del Interior, además de 65 empleados educativos y 170 alumnos con lesiones, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación. El propio Ministerio del Interior defendió que la respuesta policial fue proporcional, teniendo en cuenta que la mayoría de los manifestantes son menores de edad.
Entre los episodios más impactantes figura el ataque a un agente de policía de paisano en Belfort, al este del país, quien tras participar en la detención de un manifestante violento fue rodeado y pateado en la cabeza hasta perder el conocimiento. El hecho, grabado con teléfonos celulares y difundido ampliamente en redes sociales, motivó la apertura de una investigación por tentativa de asesinato.
Los incidentes más frecuentes fueron enfrentamientos entre policías y manifestantes, además de quema de contenedores y de basura en las calles. También se registraron incendios en liceos de varias ciudades, como Nantes, y durante la noche del jueves al viernes se produjo un incendio en un centro educativo de Metz cuyas circunstancias aún se investigan. Los daños materiales, sin una cifra total consolidada, se estiman en varios millones de euros solo en las regiones de Île-de-France, Gran Este, Altos de Francia y Auvernia-Ródano-Alpes.
Un termómetro desde Mayo del 68
El episodio se inscribe en una tradición de movilización estudiantil que ha marcado la vida política francesa, desde las protestas universitarias de mayo de 1968 hasta las más recientes contra las reformas laborales y de pensiones, momentos en que el sistema educativo y la calle han servido de termómetro del malestar social. La magnitud de los arrestos y la extensión geográfica de los bloqueos sitúan esta ola entre las de mayor intensidad de los últimos años. La convulsión europea contrasta con la agenda exterior panameña de estos días, cuando el mandatario José Raúl Mulino llegó a Singapur en su viaje número 31 para impulsar cooperación logística y aérea.
La próxima prueba es el martes, cuando la convocatoria del 'acto III' confluirá en la plaza de la República con el respaldo de los sindicatos docentes y de trabajadores. Las medidas anunciadas por Geffray para acelerar la sustitución de profesores comenzarían a aplicarse esa misma semana con los responsables regionales de Educación.