Fortín Magaña, voz conocida en el ámbito académico y de análisis político salvadoreño, ha participado en distintas etapas en el debate público sobre la institucionalidad del país, incluyendo temas de salud mental, violencia y gobernabilidad. Sus señalamientos más recientes se inscriben en una discusión de fondo que atraviesa a buena parte de la clase intelectual salvadoreña desde hace varios años: el grado de independencia real entre el Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo y el Órgano Judicial.
El diagnóstico de Fortín Magaña se suma a un conjunto de análisis, provenientes de sectores académicos, gremiales y de organizaciones de la sociedad civil, que han señalado cambios en la correlación de fuerzas entre los tres Órganos del Estado. Entre los episodios más citados figura la reconfiguración de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa removió y sustituyó a los magistrados de esa sala, así como la destitución del entonces fiscal general de la República ese mismo mes.
El marco constitucional en disputa
El marco normativo salvadoreño consagra la separación de poderes en la Constitución de la República, vigente desde 1983, cuyo artículo 86 dispone que los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial derivan sus facultades de dicha Constitución y las ejercen de manera separada, colaborando entre sí en las funciones públicas. Cualquier señalamiento sobre concentración de poder remite, en última instancia, a la interpretación práctica que cada actor político hace de ese principio constitucional.
El régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022 y prorrogado de manera sucesiva por la Asamblea Legislativa, ha sido otro de los ejes recurrentes en el debate sobre institucionalidad. La medida, que suspende garantías constitucionales como la libertad de asociación y el derecho de defensa en las condiciones ordinarias, ha sido defendida por el Órgano Ejecutivo y por la bancada oficialista como herramienta central en la reducción de homicidios y extorsiones atribuidas a pandillas, mientras organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias de detenciones arbitrarias y han pedido revisiones periódicas de su aplicación.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha emitido en los últimos años distintos informes en los que ha registrado denuncias ciudadanas vinculadas a la aplicación del régimen de excepción, documentos que han sido objeto de debate entre el propio Órgano Ejecutivo, que ha defendido los resultados de la política de seguridad, y sectores críticos que han cuestionado la proporcionalidad de algunas medidas.
El señalamiento de Fortín Magaña sobre la pérdida de capacidad crítica de la sociedad salvadoreña remite a un debate más amplio sobre el papel de la opinión pública, los medios de comunicación y las organizaciones civiles en el escrutinio del poder. Ese debate no es nuevo: durante el conflicto armado interno, entre 1980 y 1992, y en las décadas posteriores a los Acuerdos de Paz de Chapultepec de 1992, distintos sectores académicos y sociales salvadoreños han discutido de manera recurrente sobre los niveles de participación ciudadana y fiscalización social frente a las instituciones del Estado.
Encuestas de opinión pública realizadas por universidades salvadoreñas, como el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), han medido en distintos momentos los niveles de aprobación de instituciones como la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, aunque en esta ocasión no se dispone de una cifra específica vinculada de manera directa a las declaraciones de Fortín Magaña.
Desde Casa Presidencial y desde la bancada oficialista en el Salón Azul no se ha registrado hasta el momento una respuesta pública directa a las declaraciones más recientes del analista. En ocasiones anteriores, funcionarios del Órgano Ejecutivo han rechazado señalamientos similares provenientes de sectores académicos y de organizaciones civiles, con el argumento de que las reformas institucionales impulsadas desde 2019 responden a un mandato popular expresado en las urnas y que la política de seguridad ha contado con respaldo mayoritario de la ciudadanía en distintas mediciones de opinión.
Organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), han publicado en los últimos años informes y pronunciamientos que abordan de manera recurrente la evolución del balance de poderes en el país, documentos que forman parte del mismo debate en el que se inscriben las declaraciones de Fortín Magaña.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también ha sido objeto de señalamientos en distintos momentos del ciclo electoral, particularmente en torno a la reforma al sistema de elección de diputados aprobada por la Asamblea Legislativa en 2023, que redujo el número de curules de 84 a 60 y modificó la fórmula de asignación de escaños. Sus impulsores defendieron el cambio como una medida de austeridad, mientras sectores de oposición lo cuestionaron como una alteración que favorecía al partido mayoritario.
De cara a los próximos meses, el debate planteado por Fortín Magaña se enmarca en un calendario político en el que continuarán las prórrogas periódicas del régimen de excepción ante la Asamblea Legislativa, así como el escrutinio de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en el país. Declaraciones de este tipo, provenientes de sectores académicos y de análisis político, previsiblemente seguirán alimentando la discusión pública sobre institucionalidad de cara a futuros procesos electorales.
