Sáiz señaló que la evaluación de este año reviste una relevancia particular porque, a su juicio, la economía panameña presenta hoy condiciones sustancialmente distintas a las de hace 24 meses, con mejoras en el control del déficit fiscal, el ordenamiento de las finanzas públicas y las perspectivas de crecimiento del producto interno bruto (PIB).
La viceministra aprovechó su intervención para precisar el estado de la relación de Panamá con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según indicó, el país no ha solicitado formalmente su adhesión al bloque, sino que mantiene un acercamiento orientado a aprovechar las ventajas que ofrece en materia de educación, estadísticas, economía y procesos institucionales.
La visita del FMI llega en un contexto de cifras de crecimiento que el propio Órgano Ejecutivo ha calificado de favorables. El jueves, en la misma cumbre bancaria, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, proyectó que la economía panameña crecerá entre 4.4% y 4.5% durante 2026, con una posible aceleración hasta 4.7% en 2027.
"El futuro de este país es brillante. Estamos muy lejos de alcanzar su potencial", afirmó Chapman al abrir su intervención, en la que subrayó la necesidad de fortalecer la confianza, atraer inversión y generar empleos.
El titular del MEF detalló que el crecimiento no responde a un único sector, sino a una combinación de actividades. Según su exposición, durante el primer trimestre de 2026 el transporte registró un crecimiento de 8.2%, la construcción avanzó 6.6% y otro rubro citado por el ministro —identificado como "reforma" en la transcripción del discurso— alcanzó un 6.4% de expansión. Estas actividades, junto con el desempeño de la logística, la inversión y la demanda interna, explicaron más de tres cuartas partes del crecimiento absoluto del PIB en ese periodo. Chapman añadió que, entre enero y julio de 2026, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló un crecimiento de 5%.
El mecanismo de supervisión del FMI
El Artículo IV es uno de los pilares de la supervisión multilateral que ejerce el FMI sobre sus países miembros. En la práctica, implica el envío periódico —normalmente anual— de una misión técnica que revisa cuentas fiscales, reservas, deuda pública, políticas macroeconómicas y proyecciones, y que culmina en un informe con recomendaciones de política económica. Por mandato de ese artículo, Panamá tiene la obligación de abrir sus puertas y compartir sus datos financieros con los técnicos del organismo para velar por la estabilidad del sistema internacional.
Panamá, como economía dolarizada sin banco central emisor propio, ha sido objeto de este tipo de evaluaciones desde su ingreso al organismo en 1946. Estas misiones no tienen carácter vinculante, pero sus conclusiones suelen ser observadas de cerca por calificadoras de riesgo, inversionistas institucionales y organismos multilaterales de crédito, dado su peso como referencia de la solidez fiscal del país.
Un antecedente en la historia económica reciente de Panamá remite a los años posteriores a la crisis financiera internacional de 2008-2009, cuando el auge de la construcción y la ampliación del Canal de Panamá (ACP) operaron como motores del crecimiento, en un ciclo que situó al país entre las economías de mayor expansión de América Latina. La ampliación del Canal, inaugurada en 2016, marcó buena parte de ese periodo de bonanza en las evaluaciones del organismo.
Ni el MEF ni la vicepresidencia de economía han precisado la fecha exacta de llegada de la misión ni el cronograma de reuniones con autoridades panameñas, que habitualmente incluyen encuentros con la Contraloría General y con representantes del sector bancario privado, uno de los pilares tradicionales de la economía nacional junto con el Canal y la logística portuaria.
El resultado de esta evaluación —que suele publicarse semanas después de concluida la visita técnica— será observado como una referencia adicional en las vistas presupuestarias que la Asamblea Nacional deberá encarar para el Presupuesto General del Estado del próximo ejercicio fiscal, en un contexto en el que el control del gasto público y la sostenibilidad de la planilla estatal continúan bajo escrutinio de analistas y organismos internacionales.