La comparecencia de Albares se produce apenas doce horas después de que España convocase por segunda vez a Dana Erlich, la encargada de negocios de Israel en Madrid, en una cita que fuentes del Palacio de Santa Cruz describen como «la más tensa de la historia reciente del protocolo bilateral». La primera convocatoria, el pasado viernes, siguió los cauces habituales: nota verbal, registro de la protesta, solicitud de información sobre el estado de los detenidos. La segunda, ejecutada anoche a las 21:30 en un gesto inusual que subraya la urgencia, incluyó un elemento nuevo: la entrega de un documento formal en el que España exige acceso consular inmediato y sin restricciones a Abukeshek, la presentación de cargos en un plazo de 48 horas o su liberación incondicional, y la autorización para que un equipo médico independiente evalúe su estado de salud. Erlich, según las mismas fuentes, recibió el documento sin comentarios y se limitó a confirmar que lo trasladaría a Jerusalén.
El pleno de hoy promete ser una de las sesiones más polarizadas de la legislatura. El PP ha anunciado que su portavoz de Exteriores, José Manuel García-Margallo, intervendrá para acusar a Albares de instrumentalizar la crisis de la Flotilla con fines electorales, una línea argumental que Génova ha ido construyendo durante la última semana con declaraciones escalonadas que describen la gestión del Gobierno como «más centrada en los titulares que en la liberación efectiva de los detenidos». García-Margallo, que fue él mismo ministro de Exteriores entre 2011 y 2016, prepara un ataque en tres niveles: cuestionar la eficacia de las convocatorias reiteradas a Erlich (que califica de «teatro diplomático sin consecuencias»), recordar que España no ha activado mecanismos jurídicos internacionales como la demanda ante la Corte Internacional de Justicia y exigir que el Gobierno concrete qué medidas tomará si Israel no responde en las próximas 48 horas.
La posición del Gobierno se ha visto reforzada, sin embargo, por la adhesión de 14 países a una declaración conjunta que condena la actuación israelí y exige la liberación inmediata de todos los detenidos. El texto, coordinado por Irlanda y copatrocinado por España, Bélgica, Eslovenia, Noruega, Sudáfrica, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Túnez, Malasia, Indonesia y las Maldivas, constituye el respaldo internacional más amplio que ha recibido la Flotilla desde su interceptación. La diversidad geográfica de los firmantes, que abarca Europa, América Latina, África y Asia, dificulta la estrategia israelí de presentar la crisis como un asunto bilateral hispano-israelí alimentado por motivaciones electorales. La ONU se sumó al coro con un comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que «exige la liberación inmediata o la formalización de cargos conforme al derecho internacional humanitario».
El elemento más perturbador del expediente que Albares llevará al Congreso son los testimonios de los activistas liberados, que han sido corroborados por observadores de Médicos Sin Fronteras. Los relatos describen un patrón sistemático de malos tratos en la prisión militar de Megiddo que incluye golpes con objetos rígidos durante los interrogatorios nocturnos, privación continuada de sueño mediante la exposición a luz artificial y ruido constante, y amenazas explícitas de muerte dirigidas especialmente contra Abukeshek, al que los interrogadores habrían identificado como el organizador logístico de la flotilla. Un informe médico elaborado por el equipo consular español que logró acceder brevemente al detenido documenta pérdida de peso superior al 12 por ciento, deshidratación severa, hipotensión arterial y valores de creatinina compatibles con insuficiencia renal aguda en estadio II. El documento concluye que sin intervención médica inmediata el cuadro podría evolucionar hacia un daño orgánico irreversible antes del fin de semana.
La dimensión interna de la crisis adquiere un relieve particular a tres días del 17-M. El Gobierno es consciente de que cualquier gesto excesivo, ya sea en dirección a la firmeza o a la moderación, será interpretado en clave electoral. Vox ha calificado la Flotilla de «provocación financiada con dinero público» y ha pedido que España retire su apoyo a cualquier iniciativa que cuestione la soberanía israelí sobre sus aguas territoriales, una posición que choca frontalmente con la del Gobierno pero que encuentra eco en sectores del PP que temen alienar al electorado más conservador. Sumar, en el extremo opuesto, presiona para la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y la suspensión unilateral del comercio bilateral de armas, una medida que Exteriores considera prematura pero que Yolanda Díaz ha respaldado públicamente en tres intervenciones sucesivas. Albares necesita hoy encontrar un registro que satisfaga a su propio partido sin cerrar la puerta a una escalada que podría ser necesaria antes del lunes.
La estrategia de Exteriores para las próximas 72 horas pivota sobre tres ejes que fuentes ministeriales desgranaron anoche ante un grupo reducido de periodistas. El primero es el mantenimiento de la presión bilateral: si Israel no responde al documento entregado anoche a Erlich con medidas concretas antes del viernes al mediodía, España elevará el nivel de la protesta con la retirada del embajador para consultas, un paso que no equivale a la ruptura de relaciones pero que constituye la señal diplomática más grave del repertorio convencional. El segundo eje es la coordinación europea: Albares ha mantenido esta madrugada una conferencia telefónica con sus homólogos de Irlanda, Bélgica y Eslovenia para ultimar la declaración conjunta que presentarán en el Consejo de Asuntos Exteriores del lunes, cuyo borrador ya incluye la propuesta de suspender el acuerdo de asociación UE-Israel. El tercer eje es el jurídico: el equipo legal de Exteriores ha completado un informe preliminar sobre la viabilidad de presentar una denuncia ante el Comité contra la Tortura de la ONU, un mecanismo que no requiere el consentimiento del Estado denunciado y que, de prosperar, obligaría a Israel a responder formalmente en un plazo de 90 días.
Israel, por su parte, ha intensificado su ofensiva comunicativa con una serie de filtraciones a medios afines que presentan a los detenidos como «agentes de organizaciones vinculadas a Hamás», una acusación que no ha formalizado ante ningún tribunal y que los gobiernos de los 14 países firmantes de la declaración conjunta rechazan categóricamente. La estrategia israelí se basa en el precedente de la Flotilla de la Libertad de 2010, cuando la narrativa del «vínculo terrorista» permitió a Israel desviar la atención internacional de la muerte de nueve activistas turcos. Sin embargo, el contexto de 2026 es radicalmente distinto: la presencia de ciudadanos europeos entre los detenidos, la documentación de torturas por parte de organizaciones internacionales de reconocida imparcialidad y la existencia de una coalición de 14 países dificultan la repetición del guion de hace dieciséis años.
Para los analistas de política exterior, la comparecencia de hoy en el Congreso es también un examen de la doctrina Albares, esa combinación de firmeza retórica y prudencia operativa que ha definido la gestión del ministerio desde la crisis de Gaza. Si Albares logra mantener la presión sin romper puentes y consigue que el Consejo del lunes adopte medidas tangibles, su gestión será recordada como un modelo de diplomacia eficaz en un contexto de máxima complejidad. Si, por el contrario, la sesión se convierte en un cruce de acusaciones partidistas sin avances reales, la impresión de impotencia debilitará no solo al ministro sino al conjunto de la posición española en un momento en que la credibilidad internacional se mide en hechos, no en discursos. Las próximas doce horas dirán qué España se presenta ante el espejo.
