El volumen de causas reportado por Cedeño da cuenta de la carga que soportan las unidades especializadas creadas para perseguir delitos vinculados con el manejo de fondos públicos, la contratación estatal y el incremento patrimonial de servidores públicos. Esas cifras suelen detallarse en los informes de gestión que la institución presenta ante la Asamblea Nacional durante las vistas presupuestarias, escenario en el que los diputados examinan la asignación del Presupuesto General del Estado a cada dependencia.
El caso de mayor perfil político mencionado por la fiscal es el que involucra a Carrizo, quien ocupó la vicepresidencia del Órgano Ejecutivo durante el quinquenio 2019-2024. La investigación por presunto enriquecimiento injustificado se apoya en la obligación constitucional que pesa sobre todo servidor público de declarar su patrimonio y de justificar cualquier incremento que no guarde relación con sus ingresos legítimamente declarados.
Cedeño confirmó que el Ministerio Público presentó el escrito de acusación contra el exvicepresidente, paso procesal que antecede a la audiencia en la que un juez determina si existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio oral. La fiscal indicó que la fiscalía se encuentra a la espera de que se fije la fecha para esa diligencia, sin precisar plazo.
Una figura penal ya invocada contra exfuncionarios de alto nivel
El enriquecimiento injustificado está contemplado en el Código Penal panameño y ha sido invocado en años recientes contra exfuncionarios de alto nivel, incluidos expresidentes y exministros, en causas que han puesto a prueba la capacidad del sistema judicial para sancionar el manejo irregular de fondos públicos. El caso Odebrecht, que salpicó a figuras de distintas administraciones desde 2017, continúa siendo la referencia en materia de fiscalización de corrupción en el país, con expedientes que años después siguen sin sentencia firme.
Los $10 millones recuperados por las fiscalías anticorrupción representan una fracción de las sumas que la Contraloría General ha señalado en distintos informes de auditoría como potencialmente comprometidas por irregularidades en la contratación pública. El contralor ha insistido en la importancia del refrendo como mecanismo de control previo a la ejecución de contratos estatales; ese filtro, sin embargo, no impide que, una vez ejecutados los fondos, aparezcan indicios de manejo indebido que terminan en manos del Ministerio Público.
La defensa del exvicepresidente Carrizo no se había pronunciado públicamente sobre los detalles del escrito de acusación al cierre de esta edición. En procesos similares seguidos contra otros extitulares del Órgano Ejecutivo, los abogados defensores han sostenido que los incrementos patrimoniales cuestionados corresponden a ingresos lícitos, herencias o actividades económicas previas al ejercicio del cargo, argumento que corresponde desvirtuar o acreditar con la prueba documental correspondiente.
El procedimiento penal panameño contempla que, tras la presentación del escrito de acusación, el caso pase a una audiencia en la que el juez evalúa la admisibilidad de las pruebas y decide si el imputado debe enfrentar juicio oral. Ese trámite puede prolongarse varios meses según la complejidad del expediente y los recursos que interpongan las partes, un factor recurrente en los cuestionamientos a la duración de los procesos anticorrupción en el país.
El Ministerio Público, bajo la conducción de la procuradora general de la Nación, ha reiterado su respaldo a las fiscalías especializadas, concebidas para atender los delitos relacionados con corrupción tras la implementación gradual del sistema penal acusatorio, iniciada en 2011 y extendida a todo el territorio nacional en 2016.
Organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento al gasto público, como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, han pedido en distintas ocasiones que se agilicen los procesos judiciales contra exfuncionarios señalados por enriquecimiento injustificado, al argumentar que la dilación erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del sistema para sancionar la corrupción, con independencia del signo político de los investigados.
El detalle desglosado de las 6,500 investigaciones activas permitiría contrastar la carga de trabajo actual con la de años anteriores y determinar si existe una tendencia al alza en la apertura de expedientes, dato relevante de cara a las discusiones presupuestarias en la Asamblea Nacional sobre los recursos asignados a la institución.
El desenlace del proceso contra Carrizo dependerá en primer lugar de la fecha que se fije para la audiencia, aún no precisada por las autoridades judiciales. De avanzar hacia juicio oral, el caso se sumaría a la lista de exfuncionarios de alto rango que han enfrentado tribunales panameños por presunto enriquecimiento injustificado en las últimas dos décadas, un historial que incluye tanto condenas como absoluciones.