Según la exposición de la Fiscalía, el esquema habría operado desde el Departamento de Informática del Meduca, donde personal con acceso a la base de datos institucional introducía información académica falsa sobre la formación de docentes que aspiraban a mejorar su posición en los concursos de nombramientos, un mecanismo que determina la asignación de plazas y ascensos dentro de la planilla estatal del sector educativo.
La fiscal Rengifo aseguró ante el tribunal que la funcionaria del Meduca Antonia de La Rosa cobraba sumas de $4,000 a docentes interesados en obtener un mayor puntaje en su evaluación. La investigación no ha derivado, hasta el momento, en una acusación formal ni en sentencia; los 23 procesados se encuentran en fase de aprehensión, a la espera de que el tribunal resuelva sobre la medida cautelar solicitada.
Para materializar el esquema, según la exposición fiscal, se habrían utilizado registros atribuidos a la Universidad de Cartago, un centro de estudios superiores que cerró operaciones el 6 de junio de 2014, como si los beneficiarios hubiesen concluido carreras en dicha institución. El recurso a un centro ya inexistente habría permitido, según la Fiscalía, sostener la ficción documental sin que hubiera una entidad activa que pudiera desmentir de inmediato los registros.
La Fiscalía indicó que De La Rosa garantizaba la incorporación de esa información falsa a la base de datos del Meduca gracias a la colaboración de funcionarios de la Dirección de Informática, quienes tendrían acceso directo a los sistemas donde se registran los créditos académicos, títulos y certificaciones que alimentan el puntaje de cada docente. Esa alteración, según la investigación, permitía a los beneficiados incrementar su puntuación y obtener ventaja frente a otros aspirantes que compitieron por las mismas plazas por la vía ordinaria de acreditación.
Como sustento probatorio, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada sostuvo que cuenta con los testimonios de dos docentes que decidieron colaborar con la investigación y que certificaron el método usado para mejorar sus puntajes. La denuncia que dio origen a la pesquisa fue presentada por el propio Meduca en marzo de este año, tras detectar irregularidades en los registros de formación académica de parte de su personal, lo que motivó el traslado del caso al Ministerio Público.
Una etapa preliminar del proceso penal
El caso se tramita bajo las reglas del sistema penal acusatorio, en el cual la audiencia de legalización de aprehensión constituye una etapa previa a la eventual imputación de cargos. En esta fase, el tribunal de garantías debe decidir si la detención de los 23 procesados se ajustó a los presupuestos legales y si corresponde imponer alguna medida cautelar mientras avanza la investigación, sin que ello implique pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los señalados.
Ninguno de los 23 procesados ha sido formalmente imputado ni acusado ante un tribunal de juicio. La defensa de los señalados no se pronunció públicamente durante la audiencia del jueves, según lo relatado en la sesión ante el tribunal de garantías. De avanzar la pesquisa, correspondería a la Fiscalía formular una acusación formal, momento en el que los señalados pasarían, en su caso, de investigados a imputados dentro del proceso.
La eventual manipulación de registros dentro de la planilla estatal no es un fenómeno inédito en la administración pública panameña. La Contraloría General, órgano encargado del refrendo y la fiscalización de la gestión del Estado, ha señalado en años anteriores debilidades de control interno en distintas entidades vinculadas a la administración de personal. El caso del Meduca destaca por involucrar directamente a la base de datos que sustenta los concursos de nombramientos docentes, proceso considerado clave para la carrera profesional del magisterio.
El manejo de los concursos de nombramientos ha sido un foco recurrente de tensión en el sistema educativo panameño, en el que la asignación de plazas por puntaje busca sustituir criterios discrecionales por parámetros verificables de formación y experiencia. La denuncia de marzo pone en cuestión, según lo expuesto por la Fiscalía, la fiabilidad de esos parámetros cuando el propio sistema informático que los custodia resulta vulnerado.
El Meduca no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento adicional sobre las medidas administrativas que aplicará a los funcionarios señalados, más allá de la denuncia que dio inicio a la investigación. Tampoco se ha informado si la institución revisará de manera retroactiva los concursos de nombramientos en los que habrían participado los docentes presuntamente beneficiados.
El proceso continuará con la decisión del tribunal de garantías sobre la legalización de la aprehensión y la eventual imposición de medidas cautelares a los 23 procesados. La resolución de esa audiencia marcará el siguiente hito procesal y definirá en qué condiciones —bajo detención preventiva u otra medida— enfrentarán los señalados el avance de la investigación.