El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que impida la entrada en España de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional venezolana, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmara que la dirigente chavista ha sido invitada a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid. Feijóo calificó a Rodríguez de representante de una dictadura que, según sus palabras, ha torturado y expulsado a un millón de personas, y anunció que el PP trasladará su posición a las instituciones europeas para reforzar el blindaje de las sanciones vigentes contra Venezuela.
Por qué importa
La confirmación de la invitación abre un conflicto político de primera magnitud entre el Ejecutivo y la principal fuerza de la oposición, con proyección internacional. Rodríguez figura entre los altos cargos venezolanos que han sido objeto de medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea —que incluyen prohibiciones de viaje y congelación de activos— en respuesta a la crisis democrática en Venezuela. La celebración de la cumbre en suelo español convierte al Gobierno de Sánchez en anfitrión y, por tanto, en responsable directo de gestionar la tensión entre los compromisos diplomáticos iberoamericanos y las obligaciones derivadas del régimen sancionador europeo.
El marco sancionador europeo
Las sanciones de la Unión Europea contra funcionarios venezolanos han sido renovadas y ampliadas en sucesivos ciclos desde su adopción inicial, y afectan a decenas de personas vinculadas al poder en Caracas. El régimen sancionador europeo establece, en términos generales, la prohibición de entrada en el territorio de los Estados miembros para las personas incluidas en las listas correspondientes, salvo que medie una excepción expresamente autorizada. La gestión de esas excepciones corresponde, en última instancia, al Estado miembro que recibe la solicitud o ejerce la presidencia del evento en cuestión, lo que coloca al Gobierno español ante una decisión de consecuencias jurídicas y diplomáticas concretas.
La posición del PP
Feijóo fue taxativo: la presidenta venezolana no debe pisar España. El líder popular argumentó que permitir su presencia equivaldría a legitimar a un régimen al que acusó de tortura y de haber forzado el exilio de un millón de ciudadanos venezolanos. El PP, según anunció su presidente, llevará esta demanda a Bruselas con el objetivo de que las instituciones europeas refuercen las sanciones y eviten que cualquier Estado miembro pueda facilitar la entrada de personas incluidas en las listas restrictivas bajo el paraguas de eventos multilaterales. La iniciativa supone convertir un debate interno español en una presión ejercida directamente sobre la arquitectura sancionadora comunitaria.
La respuesta del Gobierno
El ministro Albares no negó la invitación, sino que la confirmó. El titular de Exteriores no precisó, según el material disponible, si el Ejecutivo ha iniciado consultas con Bruselas sobre la compatibilidad de esa invitación con las obligaciones derivadas de las sanciones vigentes, ni si se plantea solicitar algún tipo de exención o tratamiento diplomático especial para Rodríguez. La ausencia de una respuesta más detallada del Gobierno dejó sin cerrar la pregunta central que el PP ha colocado en el centro del debate: cómo concilia España, como Estado miembro de la UE, la celebración de una cumbre iberoamericana con la presencia de una dirigente sujeta a restricciones comunitarias de viaje.
Antecedentes y precedente
El nombre de Delcy Rodríguez ya protagonizó una controversia política de gran calado en España a comienzos de 2020, cuando su presencia en el aeropuerto de Barajas —en circunstancias que entonces el Gobierno no explicó de forma satisfactoria para la oposición— generó un largo enfrentamiento parlamentario. Aquel episodio se convirtió en un punto de referencia recurrente en el debate político español sobre las relaciones del Ejecutivo con el chavismo y sobre la aplicación efectiva del régimen sancionador europeo. La nueva invitación reactiva ese expediente y lo proyecta sobre un escenario de mayor visibilidad diplomática.
Dimensión iberoamericana
La Cumbre Iberoamericana es un foro multilateral que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos y de la Península Ibérica. Su celebración en Madrid añade una capa de complejidad: el anfitrión asume un papel de representación que va más allá del interés bilateral con Venezuela y que implica la gestión de relaciones con el conjunto de la comunidad iberoamericana, en la que Caracas mantiene presencia institucional. El equilibrio entre esa función de anfitrión y las obligaciones del ordenamiento jurídico europeo es el nudo que el Gobierno deberá desatar antes de la celebración del evento.
Próximos pasos
La presión del PP en Bruselas, si se materializa en iniciativas parlamentarias europeas o en contactos con el Grupo del Partido Popular Europeo, podría acelerar el debate sobre la gestión de excepciones al régimen sancionador. Al mismo tiempo, el Gobierno tendrá que precisar su posición: si mantiene la invitación sin condiciones, si la subordina a consultas con la Comisión Europea o si abre algún canal de comunicación con Caracas que permita una salida negociada. La respuesta que adopte determinará tanto el clima político interno de cara a la cumbre como la credibilidad española ante sus socios europeos en materia de cumplimiento del derecho comunitario.
