Alberto Núñez Feijóo cerró la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas apelando al voto útil en favor del Partido Popular de Juanma Moreno, con un argumento que trasladó el peso de la cita regional al plano nacional. Según consta en las crónicas del acto, Feijóo defendió ante sus simpatizantes que «mañana se decide si España empieza a cambiar o si Sánchez consolida su deriva judicial». La frase situó el resultado andaluz como indicador de la correlación de fuerzas entre PP y PSOE a escala estatal, dotando a una elección autonómica de una dimensión simbólica que excede las competencias de la Junta.
55 escaños: la mayoría absoluta como frontera de gobernabilidad
El Parlamento de Andalucía está compuesto por 109 escaños, de modo que la mayoría absoluta se sitúa en 55. Las últimas encuestas publicadas dentro del plazo legal —aquellas difundidas antes de los cinco días previos a la votación que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)— situaban al PP en torno a ese umbral exacto. Alcanzarlo permitiría al partido gobernar en solitario, sin necesidad de pactos ni apoyos externos. Quedarse por debajo, aunque fuera por un escaño, obligaría a negociar acuerdos puntuales o estructurales con otras fuerzas, introduciendo variables que Feijóo no controla desde la dirección nacional.
La precisión del umbral convierte el margen de error estadístico, inherente a cualquier sondeo electoral, en un factor político de primer orden. Un desplazamiento de dos o tres escaños en cualquier dirección alteraría sustancialmente el escenario de gobernabilidad y, con él, la lectura que ambos partidos harían del resultado en sus análisis internos. Ninguna encuesta, por metodológicamente rigurosa que sea, resuelve esa incertidumbre cuando el pronóstico roza con tanta exactitud un límite tan preciso.
La nacionalización del debate autonómico como recurso de campaña
La estrategia de anclar una campaña regional a la dinámica política nacional —lo que la ciencia política denomina «nacionalización del voto»— es un recurso recurrente en los sistemas de competencia multinivel. En España, distintos partidos lo han aplicado en diferentes ciclos electorales, tanto desde la oposición para amplificar el desgaste del Gobierno central como desde el poder para transferir al ámbito autonómico el crédito de una gestión nacional bien valorada. En este caso, Feijóo lo empleó para movilizar al electorado propio apelando a consecuencias que, argumentó, trascienden el ámbito andaluz.
La referencia explícita al presidente Pedro Sánchez en el acto de cierre refuerza esa lógica. Al nombrar al líder del Ejecutivo central, Feijóo reencuadró la elección como un plebiscito de facto sobre la política nacional, una operación que tiene como efecto buscado elevar la participación del electorado más ideologizado y comprometido con el proyecto del partido a nivel estatal. El PSOE, que afronta la cita desde la oposición en Andalucía, dispone de menor margen para aplicar el mismo mecanismo en sentido inverso.
La «deriva judicial» y el conflicto entre Ejecutivo y poder judicial
La expresión «deriva judicial», incluida de forma literal en la intervención de Feijóo según las crónicas del acto, constituye una referencia directa al debate político nacional sobre la relación entre el Ejecutivo central y el poder judicial. Ese debate ha centrado parte significativa del conflicto parlamentario en el Congreso de los Diputados durante los últimos meses, en particular en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces cuya renovación llevaba en el momento de la campaña más de cuatro años bloqueada respecto al mandato constitucional de cinco años establecido en el artículo 122 de la Constitución.
Al introducir ese concepto en el cierre de una campaña autonómica, Feijóo optó por anclar el voto andaluz a una narrativa de carácter institucional que va más allá de las competencias propias de la Junta de Andalucía. La política judicial, el nombramiento de los órganos de gobierno de la justicia y la relación entre poderes del Estado son materias reservadas a la Administración General del Estado y a las Cortes Generales, y no forman parte del ámbito competencial autonómico delimitado por el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Andalucía como termómetro del ciclo político nacional
Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España y, desde las elecciones de junio de 2022, está gobernada por el PP con Juanma Moreno al frente. Esa condición la convierte históricamente en uno de los territorios con mayor capacidad anticipatoria en los análisis de ciclo político, tanto por su peso demográfico y electoral como por el hecho de haber sido durante décadas un bastión del PSOE —que gobernó la Junta de forma ininterrumpida entre 1982 y 2018— antes de perder esa hegemonía. El precedente más próximo es precisamente el de 2018, cuando Ciudadanos actuó como bisagra para desalojar al PSOE tras 36 años de gobierno socialista, un cambio que anticipó la fragmentación del voto de centro-derecha que se consolidaría en las generales de 2019.
Para el PP, un resultado por encima de la mayoría absoluta reforzaría la tesis de que Feijóo está en condiciones de capitalizar el desgaste del Gobierno central de cara a unas elecciones generales cuya fecha exacta permanecía sin confirmar en el momento de la campaña. Para el PSOE, el escenario andaluz ofrece la posibilidad de medir si su suelo electoral en uno de sus históricos feudos se ha estabilizado tras el batacazo de 2022 o si continúa en retroceso. Ninguna de las dos lecturas puede extrapolarse mecánicamente de unos resultados autonómicos con dinámicas propias, pero ninguna de las dos cúpulas las ignorará.
Marco normativo y próximos pasos tras el escrutinio
El proceso electoral se rige por la LOREG y por la Ley Electoral de Andalucía. Una vez proclamados los resultados oficiales por la Junta Electoral, el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, deberá ser investido conforme al procedimiento previsto en el Estatuto de Autonomía: si el PP obtiene mayoría absoluta, la investidura puede resolverse en primera votación; si no la alcanza, el partido deberá explorar acuerdos antes de que expire el plazo constitucional que, de no resolverse, podría desembocar en una repetición electoral. Los plazos de constitución de la nueva cámara y de celebración del debate de investidura quedan fijados por el reglamento del Parlamento andaluz una vez proclamado el resultado definitivo.
