"España tiene derecho a saber la verdad", afirmó Feijóo en referencia a la gestión de la crisis fronteriza en la ciudad autónoma.
La iniciativa llegaría a la Cámara Alta, donde el PP conserva la mayoría absoluta obtenida en las generales de julio de 2023, lo que allanaría su tramitación frente a la correlación de fuerzas del Congreso. Las comisiones de investigación en el Senado requieren, conforme al Reglamento de la Cámara, el respaldo de al menos una quinta parte de los senadores para su constitución, un umbral que esa mayoría permite superar sin apoyos externos.
El Senado ha funcionado en anteriores legislaturas como plataforma de fiscalización de la oposición cuando esta carece de mayoría en el Congreso, un recurso empleado tanto por el PSOE como por el PP desde la Transición. En esta legislatura, la Cámara Alta ha albergado comisiones sobre el llamado 'caso Koldo' y la gestión de fondos europeos, foros de confrontación política más que de consenso institucional.
Ceuta ha vivido episodios recurrentes de tensión migratoria en las últimas dos décadas, ligados a la situación en Marruecos y a las relaciones bilaterales entre Rabat y Madrid, que atraviesan ciclos de acercamiento y fricción según asuntos como el Sáhara Occidental o el control de fronteras. La ciudad autónoma, junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, lo que la convierte en punto de paso estratégico y foco recurrente de disputas políticas internas.
Feijóo vinculó directamente el número de fallecidos en rutas migratorias con la política del Ejecutivo, una acusación que eleva el tono respecto a anteriores intervenciones del PP sobre gestión migratoria. La cifra de "miles de muertes" no se acompañó de una fuente estadística oficial, por lo que su alcance no puede contrastarse con los registros de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones.
El anuncio se produce en un contexto parlamentario ya tensionado. La semana pasada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, expulsó a una diputada del PP del Pleno por mostrar un bote de gas pimienta en referencia a la situación en la ciudad autónoma, un episodio que elevó la crispación entre los grupos.
El choque se suma a un calendario parlamentario cargado de fricciones entre Gobierno y oposición, que en las últimas semanas ha incluido la negociación del decreto de vivienda entre el PSOE, Junts y Sumar tras el caso de Maricarmen y la retirada de la acreditación de redactor a Vito Quiles por parte del Congreso.
