El pronunciamiento fue suscrito por la relatora sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas; el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Grażyna Baranowska; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas, Claudia Flores, y los integrantes de ambas instancias.
Entre los casos mencionados figura la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, la agresión sufrida junto a su hija por Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, y el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa. Los expertos señalaron que estos hechos ilustran los riesgos que enfrentan las buscadoras.
Los relatores subrayaron que la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de los casos corresponden al Estado mexicano, y que esa responsabilidad no puede recaer sobre los hombros de las familias, aunque remarcaron que debe garantizarse su participación en los procesos. Denunciaron que los abusos contra las buscadoras presentan características específicas de género y se producen en un entorno de impunidad casi total.
La crisis de personas desaparecidas mantiene a colectivos de familiares realizando labores de búsqueda en distintos puntos del país, una tarea que los expertos ubican como responsabilidad estatal. El fenómeno no es privativo de Sinaloa: en Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García ordenó investigar una golpiza policial a estudiantes tras un episodio que generó reclamos sobre el actuar de las autoridades locales.
El grupo de expertos instó también al gobierno mexicano a reconocer públicamente la importancia de la labor de las mujeres buscadoras y celebró la aprobación, por la Asamblea General de la ONU, de una resolución que instituye el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas. Según los relatores, la medida reconoce formalmente la fortaleza, la voz, la capacidad de acción y el liderazgo de estas mujeres.
El pronunciamiento se inscribe en un historial de señalamientos de los mecanismos de Naciones Unidas sobre las desapariciones en México. En 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visitó el país y concluyó que la impunidad era casi absoluta, tras superarse la cifra de 100 mil personas desaparecidas en el Registro Nacional, un umbral que las autoridades federales reconocieron ese año.
Los colectivos de familiares documentan la crisis desde hace más de una década en distintas entidades, con Sinaloa entre los estados donde se han registrado los episodios de violencia más graves contra quienes buscan a sus seres queridos. La resolución de la Asamblea General fija el próximo 19 de diciembre como primera conmemoración del día internacional dedicado a estas mujeres.