El análisis forense del teléfono del cuarto detenido en el marco de la investigación sobre la trama Koldo ha permitido a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil identificar a un sexto interlocutor de la red liderada por Víctor de Aldama: un técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con acceso de nivel 3 a las bases de datos fiscales que, según los investigadores, habría suministrado información privilegiada sobre contribuyentes y contratos públicos entre 2020 y 2022. El hallazgo, recogido en el informe forense al que ha tenido acceso este diario, añade una nueva rama al organigrama de la trama y apunta a una eventual filtración sistemática desde el corazón del sistema tributario español.
El rastro de 1.847 mensajes
El informe forense documenta 1.847 mensajes intercambiados entre el cuarto detenido y un contacto almacenado en su agenda como «H». Los investigadores de la UCO vinculan esa inicial a un funcionario de la AEAT con acceso nivel 3 a las bases de datos fiscales de la agencia, la capa que permite consultar información detallada sobre declaraciones, patrimonio y relaciones contractuales de personas físicas y jurídicas. Junto a la correspondencia, el dispositivo contenía una hoja de cálculo que los peritos han interpretado como un registro de servicios: 189 consultas sobre contribuyentes realizadas a lo largo de ese periodo, con un valor estimado de 2,3 millones de euros en información privilegiada.
Por qué importa: licitaciones diseñadas desde dentro
El motivo por el que este hallazgo adquiere relevancia estructural no reside solo en su volumen, sino en el uso que los investigadores atribuyen a esos datos. Según el material analizado, la información obtenida habría servido a la trama para anticipar licitaciones públicas y diseñar ofertas a medida, lo que implica que empresas vinculadas a la red habrían competido en procesos de contratación pública con una ventaja de partida sobre el resto de licitadores. En la práctica, eso convierte las adjudicaciones potencialmente afectadas en procedimientos viciados desde su origen.
Qué es el acceso nivel 3 de la AEAT
La Agencia Estatal de Administración Tributaria estructura el acceso a sus bases de datos por niveles de habilitación. El nivel 3, el de mayor alcance operativo dentro del cuerpo técnico, permite consultar el historial declarativo completo de un contribuyente, sus relaciones económicas con terceros, los contratos registrados ante la administración y determinadas obligaciones pendientes. El acceso está restringido a funcionarios con responsabilidades de inspección o gestión avanzada, y toda consulta queda, en teoría, registrada en los sistemas internos de auditoría de la agencia. Que esos registros internos no hubieran activado ninguna alerta previa —si ese fuera el caso— constituiría, por sí mismo, un elemento que los investigadores deberán explicar.
La trama Koldo y su expansión progresiva
La llamada trama Koldo —denominada así por el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, cuya detención en febrero de 2023 abrió la causa— investiga una red de corrupción articulada en torno a contratos públicos de emergencia suscritos durante la pandemia de covid-19, principalmente en el ámbito de la adquisición de material sanitario. A lo largo de las sucesivas fases de la investigación, la UCO ha ido ampliando el perímetro de la trama: de los contratos sanitarios iniciales a posibles irregularidades en adjudicaciones de otro tipo, y de los primeros detenidos a un círculo cada vez más extenso de interlocutores. La identificación de «H» como sexto eslabón prolonga esa expansión y, por primera vez de forma documentada, la adentra en la estructura de la administración tributaria.
La hoja de cálculo como evidencia central
El peso probatorio de la investigación descansa, en este estadio, sobre dos elementos principales: la extracción forense de los mensajes y la hoja de cálculo hallada en el dispositivo. Este tipo de documento —una relación ordenada de consultas con fecha, objeto y valoración económica— es interpretado por los investigadores como un registro de transacciones, no como un archivo de trabajo ordinario. La existencia de una valoración económica para cada consulta refuerza la hipótesis de que la información no circuló de forma gratuita ni ocasional, sino dentro de una lógica de prestación de servicios remunerada. No obstante, la cadena que une la hoja de cálculo con el funcionario identificado como «H» deberá ser acreditada ante el juez instructor.
Posición de las partes
Este diario ha trasladado a ambas partes las preguntas pertinentes en cumplimiento del derecho de réplica; sus respuestas serán incorporadas en cuanto se reciban. La Agencia Tributaria, como institución, está obligada por la Ley General Tributaria al deber de sigilo sobre la información de los contribuyentes, lo que convierte la eventual filtración descrita en una infracción de carácter grave con consecuencias disciplinarias y penales diferenciadas de las que ya se investigan en la causa principal.
Lo que viene: juez, imputación y auditoría interna
La investigación se encuentra en fase de diligencias previas. La UCO deberá presentar sus conclusiones al juez instructor, quien determinará si existen indicios suficientes para llamar a declarar al funcionario identificado y, en su caso, acordar medidas cautelares. En paralelo, la Intervención General de la Administración del Estado y los servicios de auditoría interna de la AEAT tendrán que pronunciarse sobre si los registros de acceso propios de la agencia respaldan o contradicen el patrón de 189 consultas documentado por los peritos. De la coherencia entre ambas fuentes —los logs internos de la AEAT y la hoja de cálculo del detenido— dependerá en buena medida la solidez del caso cuando llegue a sede judicial.
