El contraste con el comportamiento de las comercializadoras españolas es acusado. Naturgy y Repsol, las principales importadoras de gas ruso en España, redujeron drásticamente sus compras en julio hasta dejar la factura mensual del país en 77 millones de euros. España mantiene además sus almacenamientos de gas al 72% de su capacidad, uno de los niveles más altos de la Unión Europea en un verano marcado por la escasez de reservas en el conjunto del bloque.
En el resto del continente la situación es distinta. Los almacenamientos europeos se sitúan en el 58% de su capacidad, lejos del objetivo del 90% que la Comisión Europea exige alcanzar antes de noviembre para garantizar el suministro invernal. Alemania, la mayor economía de la Unión, tiene sus depósitos al 48%, y Bélgica, al 40%, el nivel más bajo entre los grandes consumidores. Esa relativa escasez de reservas explica, según fuentes del sector energético, la persistencia de la demanda de gas ruso a corto plazo pese al compromiso político de reducirla.
Bélgica destaca en los datos de julio: la totalidad del GNL que importó ese mes procedía de Rusia, según Crea. Por gasoducto, la Unión Europea también encabezó las compras mundiales, con el 32% del total exportado por Moscú. En volumen, sin embargo, las compras europeas de GNL ruso descendieron un 6% respecto a julio de 2025, un matiz que refleja que el repunte en valor obedece en parte a la evolución de los precios.
El calendario de sanciones y sus excepciones
El paquete de sanciones aprobado por la Unión Europea establece que la compra de GNL ruso solo está permitida, desde abril de 2026, para contratos a corto plazo firmados antes de junio de 2025. La prohibición se extenderá a todo el gas natural licuado a partir del 1 de enero de 2027 y al suministro por gasoducto desde septiembre de ese mismo año. Ese margen transitorio es el que permite a varios Estados miembros mantener flujos comerciales significativos con Moscú mientras completan la transición hacia otros proveedores.
La Comisión Europea ha justificado que el calendario responde a la necesidad de evitar una ruptura abrupta del suministro que dispare los precios de la energía, un riesgo que se materializó parcialmente tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022, cuando los precios del gas en los mercados mayoristas europeos se dispararon a niveles récord. Aquel episodio marca la cautela con la que Bruselas ha diseñado las sucesivas rondas de sanciones energéticas.
El petróleo sigue una lógica de elusión distinta. Pese a la prohibición vigente sobre productos petrolíferos elaborados a partir de crudo ruso, en julio se descargaron en puertos de la Unión Europea dieciocho cargamentos procedentes de refinerías que procesan ese crudo, más del doble que en junio, según Crea. Ocho de esos envíos partieron de refinerías turcas, cinco de plantas indias y otros cinco de Georgia, países que actúan como intermediarios al no estar sujetos a las mismas restricciones que los Estados miembros de la Unión.
España y Chipre concentraron buena parte de esas llegadas indirectas, con siete cargamentos cada una procedentes de refinerías que trabajan parcialmente con crudo ruso. Entre los principales importadores de estos derivados figuran la propia Unión Europea, con 214 millones de euros; Estados Unidos, con 234 millones, y Australia, con 184 millones. Del total, se estima que 284 millones de euros corresponden a productos refinados a partir de petróleo de origen ruso, lo que evidencia que las sanciones sobre el crudo directo no impiden por completo la entrada de derivados en los mercados occidentales.
La flota fantasma y el impacto de los ataques ucranianos
Uno de los mecanismos que permite a Moscú sostener sus exportaciones pese al cerco sancionador es la llamada flota fantasma: petroleros que operan bajo banderas de conveniencia y estructuras de propiedad opacas para eludir el techo de precios impuesto por el G7 y la Unión Europea desde diciembre de 2022. Según los datos de Crea, en julio de 2026 el 53% del petróleo ruso transportado por vía marítima viajó en buques cisterna sancionados vinculados a esa flota clandestina, el 42% recurrió a petroleros del G7 y sus aliados, y el resto a buques no sancionados de titularidad opaca.
Este entramado ha permitido que los ingresos del Kremlin por la venta de combustibles fósiles se mantuvieran estables en volumen durante julio, aunque con un ligero descenso en valor, hasta los 683 millones de euros. La cifra confirma que, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, la exportación de hidrocarburos sigue siendo la principal fuente de financiación del esfuerzo bélico de Moscú, pese a las sucesivas rondas de sanciones de Bruselas, Washington y Londres.
El frente militar ha empezado a incidir en esta ecuación energética. El 19 de julio, drones ucranianos atacaron la terminal marítima del Consorcio del Oleoducto del Caspio, cerca de Novorossiysk, una de las principales infraestructuras de exportación de crudo hacia el mar Negro. El ataque redujo drásticamente la actividad del puerto: entre el 22 y el 26 de julio solo se cargó un envío de petróleo, y las cargas mensuales totales de la terminal cayeron un 23% respecto a junio, según Crea.
La Comisión Europea sostiene que la reducción de la dependencia energética respecto de Rusia avanza pese a las cifras mensuales, y recuerda que la cuota rusa en las importaciones europeas de gas ha caído de forma sustancial desde el entorno del 40% previo a la guerra. Los datos de julio muestran, sin embargo, que ese proceso no ha sido lineal y que persisten bolsas de dependencia en varios Estados miembros, especialmente en gas natural licuado contratado a corto plazo.
El calendario pendiente marca los próximos hitos: la prohibición total de importar GNL ruso entrará en vigor el 1 de enero de 2027, y la del gas transportado por gasoducto, en septiembre de ese mismo año. Antes de esas fechas, los Estados miembros deberán diversificar sus fuentes de suministro para evitar tensiones de precios similares a las de 2022, mientras el nivel de llenado de los almacenamientos —al 58% de media frente al objetivo del 90% de noviembre— sigue siendo la variable que más preocupa a los gobiernos europeos de cara al invierno.
