Las designaciones no se limitan a Castro Calis y ABAPET. La lista incluye además al Banco Exterior de Cuba, la Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour (Nicarotec), la Importadora y Abastecedora del Níquel (Cexni) y Comercial Cupet, S.A. Todas quedan sujetas al bloqueo de activos en territorio estadounidense y a la prohibición de que personas o empresas de ese país mantengan relaciones comerciales con ellas.
Fidel Ernesto Castro Calis es hijo de Alejandro Castro Espín, director de la inteligencia cubana, incluido en la Lista Clinton en junio de 2026 junto a su otro hijo, Raúl Castro Calis. La nueva designación amplía el cerco sancionador sobre el entorno familiar directo de Raúl Castro, quien encabezó el Consejo de Estado y de Ministros de Cuba entre 2008 y 2018.
ABAPET, subsidiaria de la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), se dedica a la importación de equipo tecnológico, herramientas especializadas e insumos industriales destinados a sostener el sector energético cubano. Es precisamente esa función la que conecta a la empresa cubana con operaciones comerciales que involucran a compañías vinculadas a Carretero Napolitano.
De la Zona Libre de Colón a los pozos petroleros cubanos
De acuerdo con registros comerciales citados en investigaciones periodísticas transnacionales, ABAPET adquirió maquinaria pesada por más de $482,000 entre 2024 y 2025 a Corporación Logística Zona Libre de Colón, S.A., firma controlada por Carretero. La compra estaba destinada al sector petrolero y energético cubano y coincidió con la puesta en marcha de un plan, con participación de capital chino, para explotar reservas de crudo y gas natural en la zona occidental de la isla.
Carretero Napolitano ya figuraba en la Lista Clinton desde diciembre de 2025, sanción que se hizo extensiva a sus hermanos Roberto y Vicente Carretero. La reiteración de su nombre esta semana profundiza el escrutinio sobre una red empresarial que habría utilizado la Zona Libre de Colón como plataforma de reexportación hacia el mercado cubano.
Una investigación transnacional de La Prensa de Panamá, Diario de Cuba, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.Info y Transparencia Venezuela reveló que una red de empresas vinculadas a Carretero abasteció productos básicos, tecnología, vehículos y sucedáneos lácteos a entidades estatales y tiendas dolarizadas en Cuba, con sobreprecios de hasta el 300%. La ruta descrita comenzaba en fábricas de China o Turquía: parte de la mercancía ingresaba primero a la Zona Libre de Colón para su posterior reexportación, mientras otra fracción se enviaba de forma directa a la isla con empresas panameñas como intermediarias.
En un periodo de cinco años, las compañías señaladas concretaron ventas superiores a los $11 millones a una docena de sectores considerados estratégicos por el gobierno cubano, entre ellos energía, construcción y servicios. La Zona Libre de Colón, creada en 1948 y una de las mayores zonas francas del hemisferio occidental, ha sido en distintas ocasiones objeto de escrutinio internacional por su papel como punto de tránsito de mercancías hacia mercados sujetos a sanciones estadounidenses.
El régimen de sanciones contra Cuba se sustenta en la Ley de Comercio con el Enemigo y en sucesivas disposiciones del Departamento del Tesoro que datan de la década de 1960, reforzadas por la Ley Helms-Burton de 1996. La Lista Clinton, denominación con la que se conoce el listado de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) de la OFAC, congela activos en jurisdicción estadounidense e impide transacciones con ciudadanos o empresas de ese país. El precedente más notorio para Panamá se remonta a 2016, cuando la OFAC incluyó en esa misma lista al grupo Waked, una de las mayores designaciones registradas en el país por presunto lavado de dinero, con impacto directo sobre operaciones radicadas en la Zona Libre de Colón.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que la cúpula del gobierno cubano preside lo que describió como un Estado fallido, en el que la población enfrenta escasez de alimentos mientras, según sus palabras, la familia Castro y otros allegados se enriquecen mediante esquemas de evasión de sanciones. El gobierno cubano no había emitido una respuesta oficial a las nuevas designaciones al cierre de esta edición.
Para Panamá, el caso reabre el debate sobre los mecanismos de control aduanero y comercial en la Zona Libre de Colón, régimen especial administrado bajo supervisión de una entidad autónoma del Estado. La eventual vinculación de empresas radicadas allí con operaciones sujetas a sanciones estadounidenses no implica, de por sí, una violación de la legislación panameña, que no está obligada a replicar automáticamente las listas de la OFAC salvo cuando existan acuerdos bilaterales de cooperación financiera o judicial.
El Ministerio Público panameño no había anunciado la apertura de una investigación penal específica vinculada a las operaciones descritas, y las autoridades nacionales no se habían pronunciado públicamente sobre las sanciones contra Carretero Napolitano ni sobre Corporación Logística Zona Libre de Colón, S.A. Tampoco Carretero ha respondido públicamente a las designaciones.
El episodio se produce en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre las cadenas de suministro que sostienen al sector energético cubano, golpeado por una crisis de generación eléctrica que en los últimos años ha derivado en apagones prolongados en la isla. Washington ha intensificado desde 2025 las sanciones dirigidas a empresas intermediarias en terceros países, en momentos en que Cuba ha buscado diversificar sus socios comerciales hacia Rusia y China para sortear el embargo vigente desde hace más de seis décadas.
De cara a los próximos meses, el expediente abierto por la OFAC podría derivar en nuevas designaciones si las autoridades estadounidenses identifican otros eslabones de la cadena comercial entre la Zona Libre de Colón y Cuba. En Panamá, el episodio pone a prueba la capacidad de las instituciones de fiscalización, incluida la Contraloría General en lo relativo a eventuales contratos con participación estatal, para determinar si existieron irregularidades bajo la legislación nacional, con independencia del proceso sancionador que Washington mantiene abierto.