Según relata Terrientes de Benavides en la misiva, el incidente se produjo mientras intervenía para exponer su opinión sobre uno de los puntos del orden del día. Fue entonces, señala, cuando Herrera pronunció ante el resto de integrantes del Consejo la frase que motivó la queja formal. La secretaria ejecutiva sostiene que la expresión constituyó un agravio personal y un menoscabo del cargo que ocupa, además de una descalificación pública frente a los demás miembros del órgano colegiado. A su juicio, el comentario vulneró su derecho a participar en igualdad de condiciones en las deliberaciones y se apartó de los principios de respeto institucional que deberían regir las sesiones.
En su carta, Terrientes de Benavides subraya que su intervención se limitaba al ejercicio de sus funciones: emitir criterios técnicos y administrativos forma parte de las responsabilidades que le atribuye su cargo. Por ese motivo, sostiene, sus aportaciones no deberían ser objeto de comentarios que pongan en entredicho su integridad ni la imagen institucional que representa. La funcionaria pidió expresamente a Molinar que adopte medidas para evitar que este tipo de episodios se repita, y mostró preocupación por el hecho de que la frase proviniera de quien presidía la reunión, ya que, según argumenta, quienes ejercen funciones de dirección tienen la obligación de fomentar el diálogo y la participación de todos los consejeros.
La carta, con fecha del 20 de julio de 2026 y registrada con el número 300-2026 según consta en el documento remitido al Meduca, fue enviada con copia al propio Herrera y a los demás integrantes del pleno, de manera que la denuncia queda formalmente incorporada al expediente institucional del Consejo. Hasta el momento no consta una respuesta pública de Luis Herrera ni del Ministerio de Educación sobre el contenido de la misiva.
Un conflicto que arrastra el organismo desde 2025
El episodio no es un hecho aislado, sino la manifestación más reciente de una tensión que atraviesa el Coneaupa desde hace meses. En 2025, el pleno del organismo debatió la posibilidad de abrir una investigación administrativa contra Terrientes de Benavides y separarla temporalmente de su cargo, a raíz de señalamientos vinculados a su gestión como secretaria ejecutiva. La propuesta fue finalmente rechazada por el propio Consejo, en una votación que dejó al descubierto las divisiones internas entre sus miembros.
Aquella decisión no cerró el conflicto, sino que evidenció una fractura más profunda en el funcionamiento del organismo encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de las universidades oficiales y particulares del país. La ministra Molinar reconoció públicamente, tras ese episodio, que el Coneaupa atravesaba una etapa crítica y planteó la necesidad de impulsar reformas legales para fortalecer el sistema de evaluación y acreditación universitaria. "Tenemos un tema muy fuerte con Coneaupa que tenemos que arreglar", afirmó la titular del Meduca al referirse a la situación interna.
Molinar recordó que el primer proceso de acreditación universitaria generó mejoras en las instituciones evaluadas, al incentivar la investigación, la extensión académica y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, advirtió que ese impulso inicial se fue perdiendo con el paso de los años, sin que hasta ahora se haya concretado la reforma legal que ella misma planteó como necesaria.
El Coneaupa fue creado mediante la Ley 30 de 2006, que estableció el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. Su función es certificar que las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, cumplen estándares mínimos de calidad académica, un mecanismo equivalente a los organismos acreditadores que operan en otros países de América Latina para regular la proliferación de universidades y garantizar la validez de los títulos que expiden. En su seno conviven representantes de las universidades oficiales, de las particulares y del propio Estado, un equilibrio que en la práctica ha alimentado los enfrentamientos internos.
La denuncia por presunta falta de respeto en una sesión colegiada no tiene un cauce sancionador automático: al tratarse de un órgano adscrito al Meduca, corresponde a la ministra valorar la queja y, en su caso, adoptar medidas administrativas o promover un ajuste del reglamento interno que rige las deliberaciones del pleno. El expediente quedó formalmente notificado tanto al presidente encargado como a los demás integrantes, lo que abre la puerta a que el propio Consejo deba pronunciarse en la próxima sesión que convoque.
La resolución del conflicto dependerá en buena medida de la respuesta que dé Molinar a la solicitud de la secretaria ejecutiva y de si el Meduca decide intervenir directamente en el funcionamiento del Consejo, algo que la propia ministra ya había planteado como necesario tras la crisis de 2025. Mientras tanto, el episodio se suma a una lista de tensiones internas que, de no resolverse, podrían derivar en nuevas denuncias o en la revisión del reglamento interno del pleno.