El memorando se enmarca en la política de modernización de la administración pública impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que ha situado la profesionalización del funcionariado como uno de los ejes de su discurso sobre eficiencia institucional. La ESIAP, creada como entidad especializada en formación de servidores públicos, actúa como ente coordinador de estos programas junto con instituciones académicas nacionales e internacionales. Según el planteamiento difundido por ambas partes, el acuerdo apuesta por "una gestión moderna y eficiente, al servicio de la ciudadanía".
El primer bloque de capacitación abordará cinco áreas: análisis de datos, liderazgo adaptativo para la transformación institucional, machine learning aplicado a la toma de decisiones, complejidad económica para el desarrollo productivo, y planeación estratégica para políticas públicas. Se trata de contenidos que replican, en buena medida, la oferta formativa que la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey ha impartido a cuadros de gobierno y funcionarios de alto nivel en la región. El decano de esa escuela, Miguel Ángel Santos, encabeza la coordinación académica del programa, mientras que la Asociación CONEXIÓN, organización salvadoreña vinculada a proyectos de formación institucional, participa como socio local en la ejecución de los módulos.
La ESIAP sostuvo que, además de los 200 servidores públicos que recibirán los conocimientos técnicos, se habilitarán rutas de aprendizaje para todos los miembros de la institución, a fin de certificar sus competencias en áreas especializadas. No se ha detallado, hasta el momento, el costo del convenio ni la fuente de financiamiento con la que se cubrirán los programas, un punto que previsiblemente deberá figurar en los informes de ejecución presupuestaria que corresponde fiscalizar a la Corte de Cuentas de la República, ente contralor del uso de los fondos del Presupuesto General de la Nación.
El propósito declarado del acuerdo es dotar a los servidores públicos de herramientas técnicas para la gestión basada en datos y la formulación de políticas públicas, en línea con estándares que escuelas de gobierno han promovido en distintos países de América Latina durante la última década. La formación de funcionarios en analítica de datos y gestión pública moderna no es una novedad regional: distintos gobiernos latinoamericanos han desarrollado programas similares en alianza con universidades extranjeras, aunque con resultados dispares en cuanto a su impacto medible en la calidad del servicio público.
Un antecedente que se remonta a la posguerra
En El Salvador, los esfuerzos de profesionalización de la función pública tienen antecedentes que se remontan a la creación del Instituto Nacional de Administración Pública en décadas anteriores, una entidad que con el tiempo perdió centralidad frente a iniciativas más recientes. La institucionalización de una carrera administrativa ha sido una asignatura pendiente desde los Acuerdos de Paz de 1992, cuando la reforma del aparato estatal figuró entre los ejes de la modernización democrática del país. La creación de la ESIAP como entidad rectora de la formación de servidores públicos se ha presentado por el actual gobierno como un relanzamiento de esa función, con un enfoque más orientado a competencias digitales y de gestión por resultados.
El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial es la cartera responsable de la administración de gobiernos locales, documentos de identidad y otros trámites de alto volumen ciudadano, por lo que la capacitación de su personal técnico tiene incidencia directa en la calidad de los servicios que reciben a diario miles de salvadoreños, desde la tramitación del DUI hasta la coordinación con alcaldías y concejos municipales. La cartera está representada en el acuerdo por su titular, Juan Carlos Bidegain.
No se ha informado públicamente sobre mecanismos de evaluación externa que permitan medir, una vez concluidos los programas, el impacto de esta capacitación en indicadores de eficiencia institucional o en la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios públicos. Tampoco se ha precisado si los contenidos formativos incluirán algún componente de rendición de cuentas o transparencia en la gestión, materias que la Corte de Cuentas de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han señalado en años anteriores como áreas de mejora dentro del aparato estatal.
El convenio se suma a otras alianzas que el gobierno ha promovido con instituciones académicas internacionales en los últimos años, en el marco de una estrategia que enfatiza la modernización tecnológica y la eficiencia administrativa. La sostenibilidad de este tipo de programas depende, en buena medida, de que las competencias adquiridas se traduzcan en cambios efectivos en los procesos internos de las instituciones, y no queden limitadas a certificaciones individuales sin impacto estructural.
Está previsto que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre el cronograma de implementación de los cursos, los criterios de selección de los servidores públicos participantes y los mecanismos de certificación que se emplearán al concluir cada ruta de aprendizaje. La ESIAP no ha indicado, por el momento, si el memorando contempla una ampliación futura de esta alianza hacia otras carteras del Órgano Ejecutivo más allá del Ministerio de Gobernación.
